Desde el seno del Poder Judicial surgieron ayer múltiples voces críticas a la marcha convocada por un grupo de fiscales por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. Así, la tensión desatada por la movilización se extendió más allá de una puja política entre el oficialismo y la oposición, abriendo una grieta hacia el interior de la corporación judicial.
Justicia Legítima, una de las entidas que nuclea a jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo emitió un escueto pero contundente escrito, manifestando su rechazo a la movilización. “Rechazamos expresamente el hecho evidente de que magistrados de la Nación, con altísimas responsabilidades funcionales, utilicen la muerte violenta de una persona y colega con fines políticos o de posicionamiento personal, especialmente cuando hay una investigación en curso y todavía no se conocen las causas de su deceso”, reza el texto.
Pero a su vez, desde esa misma agrupación emitieron nuevas críticas, ya en forma personalizada. La jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, calificó de ‘bravuconada” la marcha y la calificó como una acción que “está fuera del universo judicial”. “Acá no hay discusión jurídica, ni discusión sobre cosas como posibles formas de trabajo. Acá no hay ninguna discusión en juego, esto es una manifestación simplemente política. Me parece bien que tengan expresiones políticas, lo que no me parece bien es que la expresión política encubra otras cosas”, dijo al matutino Página/12. A su vez, denunció una actitud corporativa de los fiscales, avalada por otros jueces: “La corporación está sufriendo que no va a poder seguir teniendo el status quo y entonces se mueven como estertores de los que no quieren el cambio”.
La fiscal nacional en lo Criminal Cristina Caamaño dejó una frase contundente: “entre los que llaman a la marcha hay gente a la que le tengo miedo”. “Entre ellos, los que colaboran con (el fiscal José María) Campagnoli”, añadió, poniendo en discusión la actuación de otro fiscal que se estableció como un centro de discusión entre el oficialismo y la oposición política. También dijo que la marcha del 18-F, que sumó el apoyo de la CGT opositora que encabeza Hugo Moyano, “es para operar y para presionar mal a Viviana Fein” y, en este sentido, se preguntó: “¿cómo se debe sentir la fiscal Fein si su jefe, Ricardo Sáenz, convoca a marchar para pedir justicia por el caso Nisman?”.
El fiscal Mario Kestelboim, por su parte, lanzó duras acusaciones a los fiscales que convocaron a la manifestación. “No entiendo a estos fiscales que guardaron silencio en situaciones siniestras para el país y formaron parte del Poder Judicial”, enfatizó. Y remarcó: “no los he visto en las marchas de repudio al golpe de 1976”. “Los sectores políticos opositores, en plena campaña, comparten los principios de estos fiscales en función de dar un provecho político a un hecho lamentable, siniestro”, cerró.
Para el titular del Tribunal Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, “es una marcha de reafirmación de una corporación que no quiere perder privilegios”. “Cada vez que hay un avance social, en cualquier área se produce una reacción sostuvo- . De ahí viene el término reaccionario”.
“He oído a algunos fiscales casi comparar esta situación con la de la dictadura militar, en la que aparecían muertos, tirados en las calles, todos los días. Eso me parece sencillamente escandaloso”, protestó el camarista federal Jaime Díaz Gavier.
Desclasifican archivos sobre desaparición de Dagmar Hagelin
La Cancillería argentina anunció ayer que puso al conocimiento público documentos secretos referidos a la desaparición de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, ocurrido en enero de 1977, durante la última dictadura.
En un comunicado, la Cancillería informó que “los documentos están agrupados en dos expedientes iniciados en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, en el año 1978”.
“El primero contiene 114 fojas con 11 documentos secretos y el segundo incluye 30 fojas con 2 documentos secretos”, explicó. En los documentos secretos “se detalla un resumen de comunicaciones con las acciones emprendidas por el gobierno del Reino de Suecia y por Ragnar Hagelin, padre de la víctima, para salvar la vida de su hija”.
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