Por Ramiro Melucci.

Cuando lo estaban velando y los deudos, impiadosos, aludían en susurros más a su fracaso que a sus años dorados, el muerto respiró. Los gobernadores no peronistas firmaron en su nombre un comunicado de apoyo a la ley Bases de Javier Milei. Reapareció entonces el viejo Juntos por el Cambio, que ya no existe en ningún ámbito legislativo pero que, a juzgar por lo que acontece en Mar del Plata y otros puntos del país, todavía representa para los gobernantes elegidos por ese espacio político un sostén, un refugio, una forma de no sumisión a las fuerzas del cielo.

Guillermo Montenegro es uno de los que se esfuerza en conservar el acuerdo político que lo llevó a ganar en dos ocasiones la intendencia. Las diferencias con sus socios se ven cada vez más, pero el gobierno municipal mantiene la fisonomía política que tuvo desde el principio.

Al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, lo indagaron sobre el asunto en TN. A pesar de que en aquel terruño las divergencias del PRO y el radicalismo son más drásticas, contestó que no iba a ser irrespetuoso con la alianza que lo catapultó a su cargo.

Los estertores de Juntos por el Cambio significan un interrogante de cara a las legislativas del año próximo. Nadie puede arriesgar hoy quién va a aliarse con quién. Se ve que la atracción por lo nuevo, por el cambio profundo que ganó las elecciones, se vuelve cada vez más irresistible para un gran sector del PRO. Pero también que por el momento el matrimonio con La Libertad Avanza no tiene papeles. 

El nombre de Maximiliano Abad estuvo en boca de todos los medios en la previa y durante al tratamiento de la ley Bases. El radical estiró el misterio de su voto hasta donde pudo. Lo hizo como se presuponía, de forma positiva, pero se definió como un opositor responsable y no dudó en criticar a Milei. 

Las diferencias entre sus socios se ven cada vez más, pero el gobierno municipal mantiene la fisonomía política que tuvo desde el principio.

Montenegro es más cauto. Se entiende porque reviste en un partido que eligió otro tipo de convivencia con el Presidente, que en lugar de decir “somos oposición” prefiere aclarar que “no forma parte del gobierno”, pese a que algunos de sus máximos exponentes decidieron integrarlo desde el primer día.

Toda la cautela con la que actúa respecto de Milei se le esfuma cuando de Axel Kicillof se trata. Salió a cruzarlo cuando el gobernador e intendentes peronistas le exigieron al Presidente los fondos adeudados, como el de Fortalecimiento Fiscal Municipal, el de Incentivo Docente y el de compensación del transporte, cuyo impacto termina reflejándose en los municipios. Nada muy distinto a lo que, de uno u otro modo, ha hecho él en otras oportunidades. 

Con el escenario copado por el tratamiento de la ley Bases en el Senado, la Legislatura bonaerense ofreció el otro dato político de interés para Mar del Plata. La foto de senadores del arco opositor al gobierno bonaerense con cámaras empresarias, pymes y referentes de actividades productivas sepulta el aumento de las indemnizaciones previsto en el proyecto de la diputada oficialista Maite Alvado, con media sanción en la cámara baja.

En el encuentro, encabezado por Alejandro Rabinovich, la UCR terminó de despejar la duda que había plantado en Diputados. Allí, el marplatense Diego Garciarena se había abstenido con el argumento de que la Legislatura no era competente para tratar el asunto y que la iniciativa ya había caído en abstracto ante la doctrina de la Suprema Corte en el caso Barrios. Después de esa votación arreciaron las advertencias de la UCIP y las cámaras hotelera y gastronómica de Mar del Plata contra el proyecto, lo que posicionó al radicalismo directamente en contra.

Gustavo Pulti quedó todavía más expuesto porque, como todo el oficialismo provincial, acompañó la iniciativa. La semana pasada, Acción Marplatense reconoció públicamente el error. Lo hizo a través de un proyecto de Horacio Taccone en el Concejo Deliberante que, entre otras cosas, pedía que se evitara “el desaliento al empleo formal en razón del ajuste de indemnizaciones que habilita la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa 124.096, cuya normativa legal se encuentra en tratamiento en la Legislatura bonaerense”.

La foto de senadores del arco opositor al gobierno bonaerense sepulta el aumento de las indemnizaciones previsto en el proyecto de la diputada oficialista Maite Alvado.

El proyecto de Taccone no se limitaba a ese punto, sino que incorporaba la necesidad de abordar otros padecimientos de las pymes, como la apertura indiscriminada de la economía, el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), la actualización por debajo de la inflación de los parámetros para categorizarse como micro, pequeñas y medianas empresas, la falta de créditos, los aumentos de tarifas y la recesión.

El edil buscó contrarrestar lo que la tropa de Montenegro, con colaboración libertaria, procuró establecer: que el golpe letal a los comerciantes lo propinó la Cámara de Diputados bonaerense, sobre todo uno de sus integrantes. 

Taccone presentó su texto como alternativa a otro de La Libertad Avanza que proponía exhortar a los senadores provinciales a no votar el aumento de las indemnizaciones laborales. Pero no encontró disposición para licuar responsabilidades y se terminó imponiendo el libertario reconvertido: en lugar de una “exhortación” a senadores fue un pedido a la Legislatura para que “tome en consideración las opiniones adversas” de pymes y cámaras empresariales respecto del cambio de la fórmula indemnizatoria.

Tanta alharaca pudo servir para exponer rivales, pero aún no es suficiente para cambiar la realidad: sigue rigiendo la doctrina de la Suprema Corte, que en los hechos aumenta entre cinco y siete veces los montos indemnizatorios.

En la sesión del jueves se aprobó un pedido de La Libertad Avanza para que la Legislatura escuche a las pymes.

En el medio hubo otras maniobras que resultaron más difíciles de entender. Los libertarios llevaron sobre tablas a la comisión de Legislación del Concejo un proyecto para convocar a una jornada de trabajo con las pymes, pero al momento del tratamiento, cuando de antemano todos estaban dispuestos a acompañarlo, pidieron que quedara en comisión. A falta de explicaciones claras de los impulsores de la jornada, lo más lógico es suponer que cayeron en la cuenta de que los comerciantes no iban a cuestionar únicamente el proyecto indemnizatorio, sino que podían armar un festín de críticas ante el penumbroso presente.

Pero la única fiesta que quedó en pie en el recinto fue la de la medialuna marplatense. La iniciativa para aprobar el evento destinado a “destacar y celebrar la tradición gastronómica de la ciudad” apenas resultó sancionada por mayoría después de un debate pletórico de cruces y chicanas. Mientras la presidenta, Marina Sánchez Herrero, anunciaba la aprobación, en el medio del recinto crepitaba el consenso que supo insinuar el proyecto, prendido fuego por su autor, el incombustible Julián Bussetti.