La gestión de Julio Garro como intendente de La Plata empezó mal. Con apenas unas semanas en el poder ya quedó salpicada por la muerte de Yésica Emilia Uscamayta Curí, una chica de 26 años que apareció ahogada en una fiesta ilegal de fin de año, realizada en una quinta de Melchor Romero.

El "evento" no fue habilitado por el municipio, que en un comunicado aseguró que la Secretaría de Control Urbano la suspendió esa misma noche, pero agregó -insólitamente- como "había mucha gente" decidió no desalojar la quinta.

Así, luego que pasaron los inspectores de la Municipalidad, la fiesta volvió a empezar y terminó en tragedia. De hecho, ahora se investiga si no hubo una red de coimas en las que estarían involucrados funcionarios de Garro, para permitir que el negocio ilegal continuara. Sobre todo, porque según distintos testimonios durante la noche habrían circulado patrulleros de la policía local por la zona sin irrumpir.

En las redes sociales se mencionó a Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Gobierno de Garro, como el responsable de permitir que la fiesta se desarrollara pese a hacer la pantomina de "prohibirla" y mandar diversas "intimaciones". Garmendia sería amigo de Santiago Piedrabuena, uno de los organizadores de la fiesta llamada "La Frontera".

El vínculo fue ratificado nada menos que por el juez de Garantías, César Melazo, a traves de una serie de tuis explosivos. “El que arregló coimas para dejar funcionar la droga en los boliches es un funcionario municipal, Juan Manuel, pariente de una juez”, tuiteó.

El funcionario de Garro es efectivamente hijo de la Jueza Marcela Garmendia y de Luis Martínez Varela, uno de los responsables de la disolución del extinto Banco Municipal de La Plata, todos ellos cercanos al intendente de La Plata.

Melazo incluso se permitió darle consejos a los investigadores: “Responsables crucen teléfono con Garmendia Juan Manuel”, a quien acusó directamente de ser adicto a la cocaína. “Garro si te manda preso un enfermo que no pasa la rinoscopia, hacete cargo. Garmendia, teléfono”.

“Es increíble, el delegado municipal vive enfrente de donde murió la piba. Juan Manuel Garmendia autorizó truchamente. Qué siga la joda”, concluyó el juez indignado.

El intendente estaba advertido. Días antes de asumir los bolicheros y el sindicato de empleados de admisión (Sutcapra, que agrupa a los patovicas) protagonizaron una protesta en las inmediaciones del Club Hípico de La Plata para pedir mayores controles a las fiestas "privadas". Eufemismo para calificar a eventos organizados por empresarios al margen de la normativa legal que regula este tipo de actividad.

De hecho, estas "fiestas" suelen promocionarse por redes sociales y tienen una entrada a un costo menor que los locales habilitados.

Su negocio es redondo, porque no pagan habilitación, empleados ni medidas de seguridad, como tener guardavidas en piletas, que hubieran impedido que Curi se ahogara en la fiesta de Melchor Romero.

Sin control

“Nosotros nos reunimos con Garro y nos garantizó que iba a crear una oficina de nocturnidad. Quizá el cambio de gestión relajó los controles”, sostuvo ante LPO Leandro Nazarre, titular de Sutcapra.

Nazarre capacita y registra a los controladores nocturnos, pero también negocia honorarios para sus tareas. Las fiestas clandestinas se los ahorran con patovicas baratos, poco preparados y sin otro método que el de la intimidación y la violencia.

Garro tiene otro problema: Uno de los imputados por la muerte de Yesica es Raúl Ismael “El Peque” García, un empresario del turismo que tuvo un lugar privilegiado en el escenario del festejo de Mauricio Macri, el día que fue electo presidente.

Los medios kirchneristas aprovecharon para difundir fotos de García la noche del ballotage, además de otras con el presidente, María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti. En La Plata excusan a los líderes máximos del PRO de esta amistad inconveniente y afirman que fue el intendente el nexo entre “El Peque” y el PRO.

No es el primer dolor de cabeza que el actual intendente platense le trae a Macri. Y de hecho, ya hay bronca en la Casa Rosada por la visible alianza de Garro con el ex ministro de Justicia, kirchnerista, Julio Alak, que le pobló medio gabinete, como reveló LPO.

García habría sido el organizador de la fiesta de Melchor Romero y de otras en quintas privadas y eventos en el Club Hípico de La Plata, insólita sede de muchos de los eventos sin habilitación. Fue en ese lugar donde bolicheros y patovicas protestaron hace un mes.

Los otros acusados por el fiscal Álvaro Garganta son el ingeniero y dueño de la quinta, Carlos Federico Bellone (53 años); Santiago Piedrabuena, dueño de un conocido boliche de La Plata y Gastón Haramboure, relacionista público y condenado a 10 años y 8 meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz de Berisso.

Los empresarios de la noche vinculan a Piedrabuena al ex intendente Pablo Bruera. Aseguran que habría tenido la misión de recaudar dinero negro de la noche, donde pocos locales bailables funcionaban sin una buena relación con la Municipalidad.

Sin embargo, lejos de evitar el tema el concejal Gabriel Bruera, hermano del alcalde saliente, pedirá armar una comisión para investigar la tragedia.