Argentina volvió a la normalidad: es decir, al clima político enrarecido y a la grieta en toda su intensidad, bien lejos de los llamamientos al diálogo y al consenso nacional que se escuchaban hace apenas dos semanas tras la elección legislativa.

La acumulación de situaciones tensas -declaraciones polémicas del Presidente, atentado contra el grupo Clarín, más casos de violencia policial, medidas económicas polémicas como la que restringe el crédito al turismo- tuvieron su punto cúlmine con el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa judicial que ligaba la obra pública con los emprendimientos familiares Hotesur y Los Sauces.

En realidad, no es que el fallo haya resultado sorpresivo: desde hacía días que los conocedores de los pasillos judiciales venían advirtiendo que, antes de que se venciera el plazo del juez subrogante, Adrián Grünberg, habría una decisión del tribunal federal que se ocupaba de la causa.

Pero aun así, el hecho de que Cristina haya sido sobreseída sin juicio -siguiendo la saga de las causas "dólar futuro" y "acuerdo con Irán"- provocó un verdadero terremoto político.

La primera sensación que se instaló en el ámbito político es, aunque parezca paradójico, la de cierta incomodidad política en la oposición: los dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban convocando a una jornada masiva de protesta del estilo "banderazo" para el 11 de diciembre empezaron a recibir expresiones de repudio de sus propios seguidores.

Ese fue el primer efecto político: la base militante de opositores indignados ya no se conforma con cacerolazos y marchas de protesta a la Casa Rosada, y empiezan a exigir acciones más radicales a sus dirigentes. De hecho, si algo quedó en evidencia fue una apenas disimulada grieta interna en la oposición, en la cual los "halcones" dejan entrever su disgusto por lo que juzgan como una actitud tibia por parte del sector negociador.

En el grupo de los "duros" militan Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, que han dejado mensajes de repudio a lo que perciben como un pacto de impunidad entre el kirchnerismo y el poder judicial.

Bullrich, asumiendo nuevamente una actitud de liderazgo de los "halcones" hizo un llamamiento a la resistencia: "IMPUNIDAD: con decisión la vamos a erradicar. No debemos bajar los brazos. Tener una justicia independiente es un objetivo que vamos a cumplir con el apoyo de los casi 10 millones de argentinos que nos votaron. ¡Y lo vamos a lograr! Por eso: ¡todos a luchar!", escribió en las redes sociales.

En el mismo tono, el electo diputado López Murphy afirmó: "Un país sin justicia es un país destinado al fracaso. Me da vergüenza la falta de justicia y me da asco la impunidad del kirchnerismo".

En tanto que la diputada Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica y representante del "ala dura" anti kirchnerista, escribió en las redes sociales: "Pediremos juicio político a los mercenarios proveedores de impunidad. Esto es un acto criminal que lesiona los intereses de todos los argentinos".

Por lo pronto, esa parece ser la primera consecuencia concreta del sobreseimiento: los jueces Grünberg y Daniel Obligado -los dos que votaron en favor de la vicepresidente- pasaron a ser el objetivo político de la oposición. Y parece difícil que el sector dialoguista de Juntos por el Cambio se niegue a acompañar esa petición, bajo riesgo de que se produzca una fisura antes siquiera de que los nuevos legisladores ocupen sus bancas en el Congreso.

Tras conocerse el fallo, hubo cacerolazos de protesta, pero los sectores más radicalizados de la oposición exigen medidas de protesta más contundentesUn mensaje a la corporación judicial

El objetivo de corto plazo es que se genere un rechazo social hacia los jueces que votaron el fallo, pero que esa situación exceda a los casos personales y sea intepretado a nivel social como una advertencia a toda la corporación judicial.

La oposición cree que todavía puede haber una chance de que la situación judicial de Cristina se revierta cuando la fiscalía apele la decisión y la causa sea considerada por el tribunal de Casación. Para ese entonces, espera haber generado un cambio de humor social que sea bien percibido por los jueces.

El otro efecto del fallo fue el de amplificar la indignación de quienes no siguen de cerca las causas judiciales pero quieren expresar su enojo por la situación económica. La noticia sobre el fallo del tribunal se conoció cuando el país debatía acaloradamente respecto de si era atinada la medida del Banco Central en el sentido de restringir la financiación con tarjeta de crédito para la compra de pasajes aéreos y gastos en el exterior.

Los politólogos que han estudiado las reacciones de la opinión pública ante los casos de corrupción suelen decir que, si el contexto económico es favorable, la población suele reaccionar con indiferencia ante las denuncias. El caso más obvio en ese sentido fue la revelación de malversaciones en el programa de viviendas "Sueños Compartidos" en plena campaña electoral de 2011.

Pero, advierten también, si el marco económico es negativo, entonces cualquier pequeño acto moralmente condenable puede ser amplificado. Nadie sabe mejor sobre esto que Alberto Fernández, que debió pagar un alto costo político por la reunión cumpleañera en la residencia de Olivos durante la cuarentena.

En este caso, la decisión que dictamina la inexistencia de delito -sin siquiera dejar la instancia de juicio oral- ante las graves acusaciones contra la familia Kirchner tiene el efecto de amplificar la indignación que ya existía por temas más bien ligados a la economía.

La revancha del "contra-lawfare"

Mientras en la oposición se genera ese súbito cambio de agenda, con una notoria demanda de mayor intensidad en la postura anti K, del otro lado de la grieta hubo una reacción de alivio.

Algunos de los personajes directamente ligados a la situación judicial de la ex presidente manifestaron incluso cierta disposición revanchista. Por caso, el ministro de Justicia, Martín Soria, que prefirió focalizar en los medios de comunicación que lideraron las investigaciones sobre los desvíos de dinero de la obra pública hacia el patrimonio familiar de los Kirchner.

En un mensaje donde reproduce tapas de los diarios Clarín y La Nación, Soria afirmó que "Cuando no hay una Mesa Judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación... ¡y las causas armadas se caen a pedazos!".

La afirmación va en el sentido que ha caracterizado desde siempre la defensa argumental de Cristina Kirchner: la existencia del "lawfare" que utiliza causas judiciales como herramienta para perseguir a dirigentes políticos populares, y que esa estrategia tiene una pata política, una mediática y una judicial.

Esta vez, Cristina no realizó un alegato de autodefensa, pero su abogado, Gregorio Dalbón, advirtió que "no será gratis" la denuncia para quienes investigaron a la ex presidente

Cristina, que esta vez prefirió mantener su silencio estratégico, había sido elocuente al respecto en sus defensas por los temas del dólar futuro y el memorándum con Irán. Con su reconocida habilidad retórica, la vice pasó de acusada a acusadora, y transformó las causas en su contra en una plataforma para reivindicar su gestión de gobierno, criticar al macrismo y crear un clima político favorable al kirchnerismo.

En su último alegato, en julio pasado, Cristina dio un paso más allá y asoció las acusaciones en su contra - sobre el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA- con un intento de perjudicar al país en un momento en que estaba acosado por los "fondos buitres" que buscaban el cobro de la deuda en default.

Ahora, en el caso Hotesur-Los Sauces, su defensa se basó en demostrar la inexistencia de delito. Primero, se argumentó que no había posibilidad de lavado de dinero, dado que los fondos estatales recibidos por los contratistas ligados a la familia Kirchner tenían la contraparte de obras efectivamente realizadas. Y que, además, los ingresos de los emprendimientos de los Kirchner estaban documentados y que procedían de fuentes legales y bancarizadas.

Casi con las mismas palabras de la defensa, los jueces justificaron que no se llegara a la instancia del juicio oral. Todo lo cual trajo, naturalmente, otra vez a primer plano el recordatorio de las irregularidades constatadas, como el hecho de que las empresas de la familia no presentaban balances en regla, o que resultaba sospechoso el emprendimiento hotelero patagónico de Lázaro Báez que siempre estaba vacío.

Pero aunque Cristina no haya hablado, quien sí lo hizo fue su abogado, Gregorio Dalbón, quien dejó en claro que no se contentará con que su clienta se haya liberado de la instancia del juicio, sino que buscará una reparación pública.

"No alcanza el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Tienen que pagar muchos con sus cargos por lo que armaron judicialmente y los periodistas por lo que la difamaron durante años a la vicepresidenta y sus hijos. No es gratis", advirtió.

Casi una declaración de una nueva fase de hostilidades abiertas contra quienes han sostenido las acusaciones. Aunque no lo mencionó, quedó en claro que Mauricio Macri está en el centro de esa estrategia de "contra-lawfare".

En todo caso, la sensación que dejaron ambas partes es que, lejos de ser un final, el sobreseimiento de Cristina es apenas el inicio de una nueva etapa. Y que no estará caracterizada por la armonía y el consenso nacional, sino por la grieta en su versión más cruda y descarnada.