Representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a especialistas en derecho a la comunicación, denunciaron este viernes en Washington el intento de “gubernamentalizar” los órganos de control de la comunicación audiovisual mediante la creación por decreto del ENACOM, y la imposición de reformas a favor del mercado que contradicen al sistema democrático, en tanto afectan regresivamente la distribución de la palabra.

Las ponencias fueron realizadas en una audiencia convocada bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, que permitió que la sociedad civil, representada por organismos de derechos humanos, de medios comunitarios, universidades nacionales, académicos, medios del sector PyME y cooperativas de servicio público, intercambiaran posiciones con los representantes del gobierno nacional, Miguel De Godoy, presidente del ENACOM; Silvana Giudici, directora del ENACOM -que no habló en la audiencia-; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Bertoni, director nacional de Datos Personales; y Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, los dos últimos ex funcionarios de la CIDH.

A través del titular del CELS Horacio Verbitsky, los solicitantes denunciaron que con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley y con la promesa de una futura ley de convergencia “se sustituyó un esquema participativo por otro de gestión puramente gubernamental, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales". Los miembros de la sociedad civil cuestionaron la política de hechos consumados que “habilita una mayor concentración en vez de limitarla" a la vez que permite mercantilizar la gestión de medios “como si no tuvieran relación con la circulación de la información y el debate de ideas; reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores".

El especialista e investigador Martín Becerra, detalló la forma en que opera la concentración en el sistema de comunicación y explicó la necesidad de regulaciones específicas por fuera del marco de la defensa de la competencia para atenuar sus efectos. Destacó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2013 que convalidó la plena constitucionalidad de las reglas que limitan la propiedad de los medios previstas en la Ley 26.522. Los expositores resaltaron la relación directa entre el control de la concentración y la democratización de la palabra.

Las alternativas de la audiencia fueron seguidas en directo en una pantalla gigante instalada en el auditorio de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, en una actividad que convocó la Coalición y que contó con la participación de más de doscientas personas entre los que estuvieron presentes legisladores nacionales, referentes de las organizaciones, de medios y universidades así como comunicadores. Allí se informó que el evento también estaba siendo transmitido en más de 50 ciudades de toda la Argentina, en centros universitarios, escuelas, medios populares y del sector cooperativo.