Alfredo Izaguirre

El “día D” para Lijo sería el 9 de agosto o los días cercanos, dos semanas después que se reinicie la actividad en tribunales tras la feria judicial. El magistrado de Comodoro Py llega con buen respaldo, más de 3.500 adhesiones a su candidatura según datos del Ministerio de Justicia de la Nación mientras que García Mansilla quedó con casi 450 menos, “un hito bastante llamativo para un aspirante a semejante cargo que no viene del mundo judicial”, comentaron a PERFIL fuentes judiciales.

Si bien no llamó la atención que ninguno estuviera presente para la firma del Pacto de Mayo, el primero que dio aviso de su ausencia fue Ricardo Lorenzetti, quien manifestó que ya tenía un viaje previsto. Pocos días antes del evento donde el propio presidente invitó a los cortesanos, la oficina de Ceremonial de la máxima instancia judicial del país emitió un comunicado donde sostuvo que ninguno asistiría a Tucumán.

Puertas adentro se manejaron cuatro motivos, el primero es que el Pacto de Mayo, al no ser un acto institucional como lo es el inicio de sesiones ordinarias del Congreso donde convergen bajo un mismo lugar todos los poderes o una asunción presidencial, lo hace un acto meramente político. La Constitución no avala que los supremos participen en firmas de actos políticos.

Del anterior, se desprende el segundo motivo y tiene que ver con el conflicto por los fondos coparticipables entre Ciudad y Nación. Si bien hay una medida cautelar a favor del gobierno de Jorge Macri, cuando quien demandó fue su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, y todavía no hay resolución de la cuestión de fondo, la presencia de los supremos en un acto político convocado por el Ejecutivo nacional podría generar un sinfín de presentaciones en esa causa por temor de parcialidad.

El tercero, la gran molestia del magistrado Juan Carlos Maqueda con el Ejecutivo, quien le soltó la mano para que impulsara su pliego y fuera el Senado el que determinase si puede permanecer por otros cinco años en el máximo tribunal, en consecuencia se propuso a Juan García Mansilla para reemplazarlo toda vez que deje la Corte el próximo 29 de diciembre, día que cumpla 75 años luego de 22 en ese cargo.

El cuarto, la interna entre Ricardo Lorenzetti y sus pares de tribunal. A él se le adjudica ser el principal y único impulsor de la candidatura de Lijo desde el Poder Judicial. El avance del magistrado federal en el camino para ocupar el sillón que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021 sigue avivando el fuego entre los cuatro miembros. El conflicto entre los cuatro llegó a tal punto que por mayoría, crearon la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia fragmentando una dependencia que por mucho tiempo encabezó un hombre de Lorenzetti, Fernando Arnedo y dejando a Diego Seitún, hombre impulsado por Rozenkrantz, al frente de la nueva secretaría.

La disidente y dura respuesta de Lorenzetti por esta creación apuntó a la incoincidencia y el atraso a la hora de tratar causas en las reuniones de acuerdo “se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, y no es imputable a los secretarios, “ni tampoco se soluciona con la designación de nuevos funcionarios”, esgrimió el magistrado.

Pese al paso del tiempo, la interna entre los cortesanos sigue ardiendo, vigente y latente. El gobierno nacional busca calmar ese incendio con una propuesta de ampliación de la Corte a siete miembros, desde varios sectores de la oposición hablan de nueve miembros. Esto generó un malestar unánime en los magistrados, quienes sostienen que mermaría el peso de sus decisiones judiciales. Sin embargo, el propio Lorenzetti, durante el pasado gobierno, fustigó la iniciativa de llevar a 15 los miembros de la Corte, mientras que el actual presidente de ese cuerpo, Horacio Rosatti, le contestó a Alberto Fernandez que “sería bueno que nos consulten” sobre la idea que tenía de una reforma del Máximo Tribunal.