Por: Gonzalo Wancha.

Nadie en la región del Valle de Lecrín (Granada) puede entenderlo. Atravesamos la mayor sequía en décadas, pero la Junta de Andalucía ha dado permiso para la instalación de una nueva embotelladora de agua en una de las regiones más delicadas a nivel ambiental.

Desde hace semanas, cientos de ciudadanos de municipios como Dúrcal, Cónchar, Villamena, Padul o Albuñuelas se articulan para tratar de frenar una nueva embotelladora de agua en la región que extraerá más de 250.000 litros por día, lo que supone el consumo de alrededor de 6.000 personas en una región que ya se va afectada por algunas restricciones hídricas por la sequía.

“No nos entra en la cabeza”, dice Rosa María Fernández, portavoz de la Plataforma Pro-Defensa del Agua del Valle de Lecrín. La entidad articula las protestas y da información sobre “un proceso lleno de oscurantismo, actúan con nocturnidad”. La asociación lleva meses pidiendo una reunión con la Consejería de Industria, Energía y Minas, la entidad que autoriza la explotación, “por ahora, ninguna respuesta, ni siquiera se han molestado en poner una excusa para ni responder ni atendernos”.

De hecho, el próximo día 7 volverán a manifestarse a las puertas de la Junta de Andalucía. La nueva embotelladora de la rambla de Cijancos extraerá agua que abastece a localidades como Cónchar, Cozvizar, Villamena o al humedal y la Turbera de Padul, consideradas espacio natural de Sierra Nevada.

El humedal integra más de 300 hectáreas que suponen, solo tras Doñana, la mayor extensión de carrizal de España, por lo que está en la Lista de Humedales de Importancia Internacional,  en el Convenio Ramsar y pertenece a la red europea de espacios naturales Red Natura 2000.

Explotación que pone en peligro el modo de vida de la comarca

“Si me quedo sin agua en mi finca me quedo sin nada, toda mi vida está invertida ahí, pero sin agua, nada tiene valor”, cuenta a El Plural José Enríquez, con una pequeña finca de 1, 5 hectáreas en Villamena. El agricultor alerta del riesgo de perder un modo de vida a cambio de nada, ya que la embotelladora es un negocio privado “y redondo, ya que la principal materia la obtienen gratis. La experiencia de la planta de Dúrcal nos dice que prometen trabajo cualificado, pero no es así”.

Desde la plataforma relatan que en un pueblo como Dúrcal (7.216 habitantes) no hay más de 50 puestos de trabajo en la embotelladora existente. La nueva planta de Cijancos tendría 12 trabajadores, 8 de ellos técnicos, “¿merece la pena? No. Perderemos el agua y nuestro paisaje”, dice Enríquez.

El Valle de Lecrín es una región muy ligada al uso del agua a lo largo de historia. Manantiales, canalizaciones, fuentes naturales y acequias centenarias siguen vivas. Aunque la actual sequía ha provocado “cosas nunca vistas, como la pérdida de agua en arroyos o acequias como el pilar del Mono, de Dúrcal”. La extracción de 250.000 litros de agua por día solo aceleraría este proceso.

Riesgo de expropiaciones por Ley

Otro agricultor de la zona, Antonio Esturillo confiesa que lleva meses obsesionado midiendo la cota freática de su pozo. En su finca de 5 hectáreas para usa familiar y no comercial tiene un pozo autorizado en 2005. En los últimos dos años, coincidiendo con el aumento de actividad de la embotelladora de Dúrcal y la sequía constata que el nivel de agua ha bajado 7 metros.

“Ni miento ni a mi pueden engañarme”, contesta con severidad cuando le planteamos que esas mediciones no pueden ser ciertas. De serlo, la actividad industrial debería ser replanteada, ya que pone en riesgo no solo la existencia de las numerosas fincas de pequeños agricultores en el Valle de Lecrín, también de espacios de interés natural como el humedal del Padul.

Hace dos años Esturillo recibió dos notificaciones de la Junta de Andalucía instándole a que cerrara su pozo, 16 años después de tenerlo en funcionamiento. Contrató un abogado y exigió los informes técnicos, han pasado dos años y tras aquella amenaza, no ha vuelto a saber nada más.

Sin embargo, los agricultores temen a una Ley que “favorece la actividad industrial en detrimento de las pequeñas fincas”, cuenta Esturillo. “No solo pueden obligarte a cerrar el pozo, pueden expropiarte si estás dentro del perímetro de 2,5 km de la explotación”, explican los agricultores afectados.

En España la legislación sobre el agua está dividida. La Ley de Aguas de 1985, reformada y adaptada a la normativa europea en el texto refundado de 2001 convive con otra legislación de la época franquistas. Por ejemplo, una embotelladora puede continuar con su puesta en marcha a pesar de contar con informes negativos de las consejerías de Medio Ambiente.

Eso es posible, precisamente, por ese concepto legislativo preconstitucional que califica la masa de agua de los acuíferos como "aguas minerales naturales". Por lo tanto, el agua pasa a ser considerada un recurso mineral dependiente de la administración de Energía y Minas, que no es la que gestiona la crisis de la sequía.

Para más inri, la administración de Minas se rige por una ley de 1973, anterior a la democracia y a las actuales exigencias de sostenibilidad. Como resultado, las embotelladoras esquivan la Ley de Aguas de 2021 y consiguen una explotación que prácticamente les permite privatizar el agua, incluso en plena sequía e incluso poniendo en riesgo el modo de vida de los vecinos de la comarca.

En el Valle de Lecrín, la reacción contra la embotelladora tiene que ver con que es la gota que colma el vaso. La nueva planta de Cijancos no es la única. Ya hay otras en la misma región del Valle de Lecrín, como la de Dúrcal –extrae 250 mil litros/día–, Lanjarón y otro proyecto en marcha en la Venta del Fraile, más al sur. Estos proyectos se suman a otros que despiertan recelos, como nuevos parques eólicos y plantas fotovoltaicas, “lo que están haciendo con Granada es un expolio, solo llegan actividades extractivistas”, lamenta Rosa María Fernández.

Las embotelladora sigue en marcha, hasta ahora, los agricultores y vecinos del Valle de Lecrín solo pueden protestar e indignarse, pero sin respuesta de la Junta de Andalucía.