En nota de Ámbito Financiero del día 20/11 (“Impulsarán amplia moratoria impositiva y previsional” de Carlos Burgueño) se ha hecho pública la intención de la futura Administración del presidente electo Alberto Fernández de enviar al Congreso una ley a fin de aprobar una amplísima moratoria impositiva. Sin dudas, una gran noticia para todos, desde lo práctico. Las empresas y dadores de trabajo argentinos no pueden más con la presión impositiva que mata, antes de nacer, todo emprendimiento. La ola de concursos y quiebras, y más allá de eso, la insolvencia y la cesación de pagos de toda la cadena productiva es evidente. La cadena de pagos se encuentra insalvablemente rota en nuestro país, y la actividad económica colapsada y estancada. Es la realidad más allá de cualquier valoración política.

En Argentina se necesita urgente promover el trabajo, y consecuentemente, sus fuentes. Y éstas fuentes no son ni más ni menos que las empresas, de todo tamaño: micro, pequeñas y grandes. El error de creer que sólo es “empresario” el Presidente de una multinacional, ha deformado sensiblemente la visión del trabajo y del trabajador en nuestro país. Empresario es quien emprende, desde un quiosco hasta una gran empresa. La realidad económica mundial ha cambiado: hoy emprende alguien desde su casa con una computadora y acceso a Internet.

Todo empresario es un trabajador, y a todo trabajador debe dársele la oportunidad de emprender. Y nuestro sistema fiscal es, hasta la fecha, una gran máquina de impedir que los trabajadores –independientes o en relación de dependencia- progresen. Se nos confisca hasta con un impuesto a las ganancias sobre el salario. Absurdo.

El real progresismo implica que el trabajador mejore sus condiciones de vida. ¿Qué condiciones ofrece hoy el sistema fiscal y previsional argentino? Las siguientes: impuestos de ahogo para los emprendedores con las cargas sociales, y jubilaciones de miseria para los trabajadores que se jubilan, sean autónomos o dependientes. No va más.

La moratoria impositiva, que se podría haber reprochado hace muchos años desde el punto de vista moral, e incluso así lo hicimos en algunas publicaciones de hace veinte años cuando la presión fiscal aunque abusiva era mucho menor que la actual, es hoy una necesidad imperiosa a fin de evitar la definitiva muerte de más de 400.000 Pymes que, según la nota referida de Ámbito, están colapsadas de cargas.

Trabajadores que carecen de cobertura médica, de aportes jubilatorios, y de otros supuestos beneficios prometidos, pero nunca cumplidos por su total imposibilidad. Gente sin sueldo viviendo de la dádiva estatal, y a quienes conviene más esa pauperización que trabajar.

Es fácil prometer “beneficios sociales” que tiene que pagar el bolsillo ajeno. Pero todo tiene un límite: la realidad. Y quien gobierna un país está obligado por la realidad.

Es correcto asimismo que no se hable de “blanqueo”; pues esto difiere sustancialmente. No es lo mismo alguien que ha escamoteado sus bienes al fisco, que alguien que directamente no puede pagar sus impuestos por serle inviable económicamente. Más allá de que por una cuestión de seguridad jurídica, no deba alterarse el status quo de quienes han efectuado blanqueos legales, pues se han ajustado a Derecho. Pero debe terminarse con los blanqueos y, fundamentalmente, con sus causas.

Ahora, una nueva moratoria (otra más y van…) implica el reconocimiento expreso de la urgencia del cambio sistémico: hay que terminar con el sistema impositivo vigente desde la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos de la década de 1930, y con la presión impositiva comunista que nos viene asolando desde hace décadas, interminables décadas; postergando el desarrollo de las fuerzas productivas argentinas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho alguna vez, que una presión fiscal de más del 33% es confiscatoria. La sumatoria de alícuotas impositivas tampoco debe superar ése límite. Pues bien, en Argentina la presión fiscal llega a convertirse en el 50% del precio final de la mayoría de los productos, y más también; es decir, que el impuesto equivale al costo final del 100% del producto antes de que llegue al consumidor. Cien por Ciento. Es decir: un absurdo. De allí que es IMPOSIBLE pagar todos los impuestos y sobrevivir. Todos lo sabemos.

Si el gobierno de Alberto Fernández quiere realmente ser progresista, generar desarrollo sustentable, es de sentido común que deba proteger las fuentes de trabajo, de la producción y, finalmente, del consumo.

Debe reducir urgentemente las cargas fiscales, lo que se logra eliminando impuestos y reduciendo drásticamente las alícuotas de los que queden; si no se quiere tener un “veranito” y luego volver a caer en el infierno fiscal actual que es la Argentina. El futuro Gobierno de Alberto Fernández no tiene margen para el aumento de la pobreza y la conflictividad social.

El sistema fiscal debe cambiar urgente, desde su raíz. Dije reiteradamente que el poder debe volver al Cabildo. Un verdadero federalismo implica terminar con la preeminencia de la Nación sobre las Provincias en materia de recursos, ya que ello atenta en forma directa contra la Constitución Nacional.

La devolución de autonomía y mayor autodeterminación a las Provincias (mejor dicho, su reconocimiento, ya que se encuentra en la Constitución), pasa inexorablemente por devolverles sus facultades tributarias. Y con ello, devolver eficiencia al sistema tributario.

La pérdida de recursos que implica el abstruso sistema de determinación y recaudación fiscal vigente hoy en Argentina, con una maraña ininteligible de leyes y regulaciones de toda laya y una presión fiscal sin igual en el mundo, implica que un enorme porcentaje de lo recaudado se pierda en burocracia y mala administración, la que por otra parte, carece de control efectivo.

En definitiva, las recurrentes moratorias no son más que el reconocimiento de lo que aquí afirmo: el abuso fiscal sobre la producción de riquezas del país no va más. El que piense que la riqueza son solamente los recursos naturales, no sabe de lo que habla. Los recursos son nada si la actividad humana no los aprovecha. La distribución de ésa riqueza tampoco puede ser hecha por el Estado, que ha demostrado que viene fracasando y fabricando cada vez más pobres. La declamación de que la tierra es para el que la trabaja y la proposición de absurdas confiscaciones, ignora lo que pasó por ejemplo en la Rusia comunista (URSS), que despobló totalmente el campo y mató de hambre a millones de rusos; ya que nadie quería ser el nuevo “siervo de la gleba”, produciendo para no ganar un centavo. Hay que dejar los cantos de sirenas de los alucinados y volver a la realidad.

Sin perjuicio de la función social que tiene el Estado, la recaudación impositiva en Argentina no puede seguir en lo que es: un mecanismo de empobrecimiento permanente de toda la población.

Celebramos la toma de conciencia del futuro gabinete, y esperamos un urgente cambio sistémico en lo tributario que vuelva a promover la producción de riqueza en el país, hoy empobrecido hasta sus cimientos. Si Alberto Fernández lo logra, se garantiza su reelección indefinida aún por sus más acérrimos opositores.

(*) Abogado – Especialista en derecho tributario y asesoramiento de empresas.-