El fallo desfavorable para el Gobierno emitido por la Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia, que equipara en los reclamos salariales a los magistrados y a los funcionarios judiciales, amplía el universo a un total de 750 trabajadores judiciales en condiciones de ejecutar al Estado por cifras millonarias, que complicarían el pago a los estatales hoy en paritarias. En ese marco, el Gobierno impulsa un litigio por la retroactividad de esos aumentos contemplados en el acuerdo firmado en 2012. Montoya insistió en que «planteamos la nulidad de este reclamo, porque no se puede cobrar juicio y cobrar por salario presupuestariamente, que son las facultades que tiene el STJ de fijar salarios. Al fijar el 24 por ciento por los aumentos que ya venían otorgándose, éste es el 40 por ciento suscripto en el acuerdo».  De esta manera, confirmó que el Gobierno apeló la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia y ahora deberá conformarse un Tribunal de conjueces para expedir una sentencia. También indicó que presentó un recurso de casación, que podría terminar en el STJ. En cuanto a los embargos de los magistrados, el fiscal de Estado mencionó que «algunos de ellos comenzaron a ejecutar la diferencia salarial desde enero a julio de este año. Entonces, sostenemos la nulidad de ese planteo judicial porque está suscripto en la acordada del Superior Tribunal de Justicia, en cuanto a que el aumento equipara ese reclamo, que era cuatro veces el diez por ciento en diciembre de 2011», explicó.  Cabe recordar que el Ejecutivo provincial había desconocido como parte del acuerdo conciliatorio firmado en 2012 a los funcionarios judiciales, argumentando que no tienen acuerdo legislativo como los jueces, y concretando el pago de la actualización de haberes únicamente a magistrados con posterioridad.