La Ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero, se refirió a la situación de Alika Kinan y al respecto expresó que “al tener un bien inmueble ocupado, patrimoniado en la órbita de este Ministerio, debí ponerlo en conocimiento del Fiscal de Estado y fue él, en función de sus atribuciones y de la manda constitucional, quien determinó que la acción correspondiente a llevar adelante era el desalojo, en ningún momento desde el Gobierno Provincial instamos a tomar esa decisión”.
La Ministra manifestó que a partir de allí se inició un proceso judicial, “y esta audiencia a la que han sido convocadas las partes, forma parte de ese proceso, lo cual no implica un desalojo inmediato sino que es un paso más y allí la Provincia es representada por el Fiscal de Estado”.
La funcionaria aseveró que antes de la audiencia el Fiscal de Estado “puede o no pedir asistencia a este Ministerio o a la Secretaría de Legal y Técnica pero aún no hemos recibido información alguna al respecto, ya que por el sistema instaurado no corresponde que el Fiscal nos informe obligatoriamente de los avances de la causa”.
“Por parte del Gobierno Provincial no se ha incumplido ningún compromiso, como funcionarios públicos hicimos lo que teníamos que hacer porque no había otra alternativa”, afirmó Montero. Además, y en relación a un supuesto incumplimiento del Protocolo de Asistencia a Víctimas de Trata firmado entre la Provincia y la Nación, Montero aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social ha recibido dos sentencias, una de primera instancia y otra de segunda por parte de la Justicia Provincial a favor de la Provincia, “por lo tanto se demuestra que el Protocolo, ha sido cumplido acabadamente en cada oportunidad correspondiente”.
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