El Gobierno de Guillermo Montenegro elevó este jueves un proyecto al Concejo Deliberante para que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública solo se haga en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal y especifica que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

La propuesta establece que luego de determinar estos lugares, de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los participantes una multa de mil a cinco mil Unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco (5) a treinta (30) días. Esto quiere decir que las sanciones pueden ir desde los 90 mil hasta los 450 mil pesos.

Entre los argumentos se recuerda que la ley provincial 15.041 en 2018 fijó que estas actividades ya no configuran ni delito ni contravención y que es una actividad que no está regulada por el Estado pero debe ser analizada “cuando en el marco de su ejercicio, colisiona con los derechos del resto de los ciudadanos”.

De esta manera, la iniciativa establece “que la actividad no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y al mismo tiempo se determina un plazo de cuarenta y cinco (45) días para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios señalados en el artículo 1°. Vencido dicho plazo el Departamento Ejecutivo Municipal los determinará sin más trámite.

Si bien no está escrito en el texto del proyecto, el proyecto de la gestión de Montenegro apunta a resolver la problemática de la Zona Roja, un sector de la ciudad donde hace años convive la prostitución y el narcomenudeo con una fuerte actividad en plena vía pública. Las protestas de los vecinos se han multiplicado en el último tiempo y hasta hubo enfrentamientos con la comunidad trans.

Cuando Nicolás Lauría - hoy en Crear Juntos - pertenecía al oficialismo, el concejal había presentado un proyecto que proponía el traslado de la Zona Roja, algo que mereció el repudio de las personas trans y de múltiples organizaciones y organismos como el Inadi. Finalmente, se llevó una audiencia pública en octubre para escuchar las voces de vecinos y las trabajadoras sexuales pero después no hubo mayores novedades dentro del Concejo.