Luego del vendaval que generó el decreto del intendente de Mar del Plata avalando un nuevo tarifazo en el boleto de colectivo, la gestión de Guillermo Montenegro (PRO) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En este caso, se trata de la operación del relleno sanitario del distrito, servicio que representa un desembolso anual multimillonario para las arcas de la comuna y para el cual el jefe comunal está impulsando un proceso licitatorio sobre el que se proyectan sombras e interrogantes desde rincones opositores en el Concejo Deliberante local.

El manejo de los residuos fue uno de los tantos focos ígneos durante la administración de Carlos Arroyo, primera etapa cambiemista al timón del Ejecutivo marplatense. Conflicto con recicladores y municipales denunciando “condiciones infrahumanas” de trabajo bordearon en 2017 el predio de disposición final de los residuos. 

Ante ese cuadro, en junio 2018 Arroyo firmó un convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado a la operatoria, gestión y tratamiento de los residuos. Según detallaron en aquella ocasión, era un proyecto con eje ambiental y social, con “una mirada a largo plazo” que contemplaba obras y un proceso de modernización. En ese esquema, también interactuaba el Arzobispado local a partir de la inserción de recuperadores urbanos en las labores cotidianas.

Pero el funcionamiento de ese sistema fue interrumpido abruptamente en julio de 2021 por Montenegro, quien esgrimió razones económicas ante un supuesto elevado costo de la CEAMSE. Desde ese entonces, bajo el paraguas de una autoinfligida emergencia, el municipio contrató en forma directa a tres empresas abocadas a la recolección, pero –dato importante– sin experiencia en el tratamiento final de los residuos: Ashira, Esur y Ciageser, las cuales pasaron a encargarse, respectivamente, de la operación de la disposición, de la planta social y de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados.

Este cambio intempestivo no tardó en materializarse en un predio desbordado de residuos sin tratar, paisaje que fue crecientemente retratado en redes por dirigentes de la oposición e ingenieros ambientales que, además, focalizaban en que la planta “recupera menos del 1%” del total de residuos transportado. “Decir que el basural de Mar del Plata es un Polo Ambiental es una mentira. A la vista está cómo Montenegro trata los residuos, mientras se llena la boca hablando del cuidado del ambiente. La gestión municipal de desechos sólidos urbanos es un desastre”, denunció en febrero de este año la concejala del Frente de Todos (FdT) Sol de la Torre, a la vez que publicaba fotos y videos que daban cuenta del crítico estado del predio.

En medio de un coro de quejas, Montenegro se tomó su tiempo para presentar en el Concejo el pliego licitatorio para el manejo del complejo de residuos. Lo hizo en junio pasado, pero, lejos de menguar la discordia, apuntaló sospechas de direccionamiento que ya circulaban como reguero de pólvora sobre la arena política y empresarial marplatense.

“Claramente hay un direccionamiento muy importante hacia una empresa en particular. Se trata de Ciageser que nosotros sabíamos que presentarían porque lo informaron cuando realizamos la vista al predio de residuos. Se les está haciendo un pliego a medida para que obviamente sea la adjudicataria”, dijo el concejal del bloque Crear Alejandro Carrancio, en declaraciones al portal local Loquepasa.net.

Como dato relevante, el expediente elevado por Montenegro mediante el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) no contempla la construcción de obras de infraestructura necesarias -un nuevo módulo-, a pesar de la inminente colmatación de la actual celda de disposición, algo que representa una bomba de tiempo para la disposición final de la basura del tercer distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires.

Quienes huelen un tufo fétido en el pliego girado por el Municipio advierten que el mismo admite que los oferentes puedan acreditar antecedentes técnicos tanto en operación de rellenos sanitarios como, alternativamente, en la actividad de recolección de residuos (en la que se abocan Ashira, Esur y Ciageser), incumbencia que –subrayan– es diferente al estricto objeto de la licitación.

Es en ese sentido, especialistas en la materia abordados por este medio prenden luces de alerta por el quiebre del “principio de idoneidad” que es dable exigir en todo proceso licitatorio y fue justificado por el propio Emsur al pregonar una mayor concurrencia de empresas. Sin embargo, el Municipio abrió tanto la canilla de la participación que en el recipiente del pliego presentado solo deja a flote a empresas que pueden cumplir con requerimientos de capacidad económica llamativamente excesivos si se tiene en consideración que se trata de una licitación donde no se incluyen obras y, por tanto, la inversión es marginal.

¿Qué firmas tienen la espalda financiera para cumplir con semejantes requisitos? Por ejemplo, las “recolectoras” que actualmente manejan el predio por la emergencia que Montenegro dictó al cortar el convenio con la Ceamse. ¿Por qué el pliego no prevé obras necesarias en el predio? Voces especializadas en la ingeniería licitatoria advierten que los llamados a licitación para obras no requieren de la luz verde del Concejo, como sí sucede en el caso de la prestación del servicio de operación. Ese cuadro deja al Emsur con poder único de decisión a la hora de adjudicar esos trabajos.

Además de la denuncia concreta del concejal Carrancio, el malestar se extiende a la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, donde preocupa en el Arzobispado de Mar del Plata la cuestión social comprometida en el predio y que no está prevista en ningún apartado del pliego. La inquietud eclesiástica se focaliza en que, en ese lugar, trabajan diariamente cerca de mil recuperadores urbanos informales sobre los que la Iglesia pretende un programa de inclusión que mejore sus condiciones laborales allí.

Ese planteo tuvo su eco en la concejal de Acción Marplatense (AM) Paula Mantero, quien solicitó una visita al predio que –según diversas fuentes– generó resquemor en la Iglesia ya que el Emsur minimizó el número de recuperadores (habló de cien personas) y evitó que los ediles visitaran el sitio donde se desempeñan.

Bajo ese cielo, crece la polémica por un tema sensible en la sociedad marplatense que podría tener su resonancia en las elecciones de 2023. Mientras, el expediente está en tratamiento en el Concejo, donde, cerca del Ejecutivo, hay quienes dan por descontado el apoyo de los bloques de AM y el FdT, este último que, con su abstención en la comisión de ambiente, dejó que el proyecto avanzara.