Por Facundo Suárez

El Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires formuló cargos por $623 mil contra el intendente Guillermo Montenegro y el exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, al considerar que los funcionarios deberán responder con su patrimonio por los gastos ocasionados a la Municipalidad, debido a los fallos en contra que acumuló en 2021 de vecinos que acudieron a la vía judicial al no poder tramitar sus licencias de conducir por tener multas de tránsito impagas. El gobierno ya elevó su descargo al HTC, en el que asegura que el jefe comunal está exento de responsabilidad, ya que es una limitación impuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El fallo sobre el Ejercicio 2021 del tribunal presidido por Federico Thea encontró responsables a los funcionarios municipales de la situación, debido a que está vigente desde 2019 una ordenanza que prohíbe explícitamente a la Municipalidad reclamar multas de tránsito adeudadas como condición para proseguir con el trámite, además de una infinidad de fallos de la justicia provincial donde se considera inconstitucional tal condicionamiento.

Si bien se trata de ocho juicios donde en 2021 la Comuna tuvo que pagar las costas, la situación alcanza al gobierno de Carlos Arroyo porque cinco de ellos corresponden a demandas iniciadas en 2019 durante su gestión. De este modo, el Tribunal de Cuentas formuló cargos por $513 mil contra Montenegro -por tres juicios iniciados durante su gobierno- y $110 mil contra Mourelle, quedando la responsabilidad del exintendente sin efecto debido a su fallecimiento a fines de diciembre de 2022. La formulación de cargos deberá ahora ser confirmada en nuevas actuaciones del organismo bonaerense, para finalmente transformarse en multa.

“Se trata de actos personales de quienes colocaron a la Comuna en la situación de infracción que derivara en el reclamo judicial que ha causado un evidente perjuicio a las arcas del Municipio, el que debe ser reparado por los funcionarios en virtud de la carga que la Ley les impone”, sentenció el Tribunal de Cuentas en un fallo publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense, encontrando violentado lo dispuesto por el Artículo 241° y subsiguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

La situación podría incluso asumir una mayor magnitud en 2022, dado que, como reflejó 0223 en una nota de febrero de este año, le denegatoria se mantuvo a lo largo de ese año, donde se iniciaron al menos 31 causas en los juzgados Contencioso Administrativos de la ciudad. En todas ellas, la Comuna defiende el requisito de pedir la cancelación de las multas, apelando incluso ante la Cámara los fallos adversos recibidos en Primera Instancia.

El origen del conflicto

En un extenso fallo de 136 fojas donde se abordan diversos aspectos de la ejecución del Presupuesto 2021, el Tribunal de Cuentas puntualizó que el conflicto en torno a las licencias de conducir se remonta a 2018, cuando en el marco de la Causa Cano, la justicia marplatense resolvió la inconstitucionalidad del Artículo 14° de la Ordenanza Fiscal 21.021, condenando a la Municipalidad a otorgar la licencia de conducir y a pagar las costas y honorarios. Dicho artículo establecía que para renovar la licencia, los vecinos no debían adeudar multas de tránsito, en el marco de una política más general impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

A partir del fallo judicial, la Delegación Zonal del Tribunal de Cuentas recomendó a la Municipalidad eliminar dicho requisito de la ordenanza fiscal, cuestión que el Concejo Deliberante realizó con la aprobación de la Ordenanza FIscal 2020 el 18 de febrero de ese año. Allí se incluyó en el Artículo 15° la eximición de contar con multas impagas como requisito para realizar el trámite de la licencia. Ese mismo aspecto fue retomado en las subsiguientes normativas vinculadas a los Presupuestos 2021, 2022 y el actual 2023. Sin embargo, los vecinos que mantienen deudas por multas cometidas fuera de General Pueyrredon siguen sin poder realizar el trámite.

El Tribunal de Cuentas incluso reveló que ya en 2016 el debate al respecto estaba instalado en el seno del gobierno de Arroyo, cuando ya había jurisprudencia respecto a la inconstitucionalidad del Artículo 14° de la Ordenanza FIscal: el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, pedía la modificación de la Ordenanza Fiscal, mientras que el actual secretario de Hacienda, Germán Blanco, y entonces integrante del equipo económico de Arroyo, directamente impulsaba el cambio del sistema informático para que se habilite la tramitación.

La postura del gobierno

Según confirmaron fuentes municipales a este medio, el intendente Montenegro ya realizó su descargo al Tribunal de Cuentas tras ser notificado del fallo, dado que fue remitido en marzo si bien la decisión se conoció públicamente este martes. Allí, se desarrollaron dos grandes líneas argumentativas respecto a los tres fallos judiciales por los cuales fueron formulados los cargos en contra de Montenegro. Por un lado, la primera de las causas fue iniciada el 17 de diciembre de 2019, a días de asumir el nuevo gobierno y cuando la ordenanza fiscal que establecía la prohibición aún se encontraba vigente, por lo que, explican, la administración municipal no tenía otra alternativa que denegar el trámite.

Por el otro, se engloban las dos restantes causas, una iniciada el 28 de febrero de 2020 y la otra el 6 de marzo del mismo año, posteriores al cambio en la Ordenanza Fiscal 2020 donde se levantó la restricción. Hasta ese entonces, los deudores ni siquiera podían obtener un turno, cuestión que se resolvió con un cambio en el sistema informático. Además, quedaron automáticamente exentos aquellos que tenían deudas por multas cometidas en General Pueyrredon, sobre quienes luego la Comuna inició juicios por apremios para lograr los cobros. Esa situación, sin embargo, no alcanza a quienes tienen multas por infracciones cometidas en otras jurisdicciones.

En estos dos casos, el Ejecutivo sostiene que exceden a la responsabilidad de la Municipalidad de General Pueyrredon, ya que se encuentran con una limitación desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si bien el trámite para renovar la licencia se realiza ante oficinas municipales, el sistema corresponde a la ANSV en el marco de lo determinado por la Ley Nacional 26.353. Actualmente, la Agencia rechaza aquellas peticiones sobre contribuyentes que mantienen deudas por multas, por lo que la Comuna no puede avanzar con el trámite, explican desde el Palacio Municipal. Esa traba solo puede ser superada en caso de existir una decisión judicial, como lo ratificó a fines de diciembre el organismo a través de una circular.

“Estamos viendo cómo hacemos para que la Agencia nos autorice a poder continuar”, argumentan desde la Municipalidad, donde reconocen que, indefectiblemente, la situación se sostendrá en el estudio que el Tribunal de Cuentas haga del Ejercicio 2022.