Las palabras del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas de contaminación por la pastera UPM Botnia generaron una réplica del gobierno uruguayo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, mediante un comunicado que lleva la firma de la delegación uruguaya ante la CARU, se preocupó por aclarar que su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.

Rodríguez había acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a (la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos consumados".

Para mostrar la voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados, por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".

Sobre la posibilidad de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional".

Para que no quedaran dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros medioambientales se ajustan a los límites autorizados".