“De ninguna manera intentamos discriminar a nadie”, enfatizó Eduardo Mones Ruiz, ministro de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte en referencia al proyecto de ley para crear un registro de “Empleo Público”, que fue presentado la semana pasada en la Legislatura y que busca proteger los puestos de trabajo locales en tiempos de crisis a nivel nacional.

De aprobarse, las empresas privadas que contraten a personal que no sea de la provincia o posea menos de 5 años de residencia, deberá abonar una tasa diferencial. Previo, deberán inscribirse y realizar una declaración jurada del personal al momento de entrar en vigencia la normativa.

El Ministro dijo que el objetivo es “proteger los derechos de los ciudadanos puntanos”. Quedarán exentos de hacerlo los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y empleadores del personal de servicio doméstico. Las firmas no deberán pagar por los nacidos en San Luis, quienes vivan hace 5 años o más y aquellos que, al momento de hacer la declaración, estén en relación de dependencia. Además, sostuvo que las críticas de la oposición son “politiquerías” por una mala interpretación.

“El fundamento es defender el trabajo de todos los ciudadanos de San Luis, sean nacidos o estén radicados en la provincia. Estamos suponiendo que toda la gente que vino de afuera está trabajando, estarán declarados y estarán exceptuados de pagar. Esto rige para el futuro y no es en contra de nadie”, aseguró Mones Ruiz.

El proyecto de ley, presentado en la Cámara de Senadores, establece que todas las personas jurídicas o humanas que sean empleadoras, al momento de entrar en vigencia la ley, deberán estar inscriptas en el Registro de Empleo Puntano. Tendrán un plazo de 30 días, desde que la norma sea aprobada para realizar una declaración jurada de todo su personal.

Entre la información, figurarán los datos del empleador, física o jurídica, forma y fecha de contratación y remuneración bruta mensual de empleados.

El ministro mencionó que la tasa que deberán abonar será de un 10 por ciento, por empleado, sobre el salario bruto. Además, quedarán exceptuados quienes sean especialistas en áreas que no haya en la provincia. El dinero será destinado para el pago de salarios de las áreas de salud, educación y seguridad.

“En las otras provincias no hay nada, es una situación difícil. Vuelvo a insistir que la principal preocupación es el trabajo, por encima de la inseguridad y es en todo el país. Fuimos absolutamente discriminados por el gobierno nacional en la coparticipación. Cómo no vamos a tomar medidas para defender el trabajo de los puntanos”, remarcó Mones Ruiz y agregó: “Cuando un representante toma decisiones para defender los intereses de su pueblo, está cumpliendo con su tarea”

El responsable de la cartera de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte arremetió contra las declaraciones de los diputados de Cambiemos y aseguró que se trata de una “desvirtuación del proyecto de ley”.

“Ni siquiera votaron a favor del reclamo del pago de la deuda. Me refiero a eso porque es una sobreactuación. Hay que estudiar bien el proyecto”, manifestó. Además, hizo referencia a que el Colegio de Abogados, en donde la diputada Claudia Rocha fue presidente, cobra una tasa diferencial a los profesionales que quieren matricularse en San Luis y provienen de otras provincias. “Ella dice que somos discriminadores. A Cacace tampoco le preocupa”, aseveró.

De ser aprobado, el proyecto de ley pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.