A las empresas alimenticias no se les escapa una. Al elevado grado de concentración del sector, que le permite cartelizar los precios, y a crecimiento exponencial de sus ganancias aún en plena pandemia, se suma un entramado de firmas offshore que le permite fugar capitales y eludir parte de la carga tributaria. Según la información revelada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los denominados "Panamá Papers" y "Pandora Papers" e investigaciones realizadas por la AFIP, las principales empresas alimenticias, como Molinos, Arcor, Ledesma y Mastellone cuentan con sedes en guaridas fiscales. Son algunas de las empresas que resisten el congelamiento de precios, mientras presionan sobre el tipo de cambio atizando aún más la inflación. Todo redondo para estas empresas, que monopolizan hasta el 90 por ciento de las ventas en los rubros en los que operan. El oficialismo impulsa un proyecto que brinde de herramientas a los organismos de control para combatir el lavado y la "corrupción offshore".  

Tal como reveló El Destape este miércoles, las principales productoras de alimentos del país se resisten a frenar por 90 días los aumentos de precios para un listado de casi 1500 productos mientras informan balances con ganancias extraordinarias en plena crisis sanitaria y económica producto del COVID-19. Firmas como Molinos de la familia Perez Companc, Arcor de la familia Pagani y Ledesma de los Blaquier revirtieron los rojos operativos que exhibieron durante el macrismo y comenzaron a registrar ganancias millonarias, que se quintuplican entre 2020 y 2021. Sin embargo, sus dueños mantienen un indeclinable apoyo al modelo macrista y amenazan con desabastecer el mercado si se los intenta controlar. Es difícil pensar que un empresario tome este tipo de decisiones, salvo por posicionamiento político, sobre la base de sus resultados operativos. La discusión de fondo es cómo se distribuye la riqueza. Pero, además, estas empresa operan con sedes en paraísos fiscales que les permite direccionar sus ganancias en un complejo entramado de compañías o sellos de goma.

Si un grupo monopoliza un rubro, fija precios, quintuplica sus ganancias, presiona desde maleamientos de lobby patronal la política económica, amenaza con desabastecer, acude a prácticas abusivas para desplazar a sus competidores y cierra sedes y despide personal sin miramientos, es imposible pensar en un "mercado transparente y libre" como pregona el ala más liberal del pensamiento económico. En este contexto, no hay posibilidad de que una pequeña empresa pueda competir. Encima, tienen cuentas offshore que les alivia la carga tributaria. Estas empresas figuran en los registros de Mossack Fonseca que destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación como dueños o "beneficiarios finales" de las firmas. Muchos abrieron empresas en el exterior con cuentas bancarias en simultáneo, lo que implicaría movimientos de dinero.

Molinos

El mes pasado la Corte Suprema de Justicia avaló un reclamo de la AFIP contra Molinos Río de la Plata por no haber cumplido con el pago del impuesto a las Ganancias abusando de un tratado internacional destinado a evitar la doble imposición. En 2003 Molinos Argentina constituyó en Chile una empresa subsidiaria (“Molinos Chile”), y la transformó en controlante de otras sociedades constituidas en Uruguay y Perú.  La sociedad pasó a ser titular de acciones de otras sociedades radicadas en Uruguay y Perú, en las que hasta ese momento su socio mayoritario había sido Molinos Río de la Plata. De este modo, las firmas en Uruguay y Perú dejaron de remitir sus rentas directamente a la contribuyente argentina, ya que comenzaron a girarlas a la holding en Chile, que luego las remitía a la compañía en Argentina.

Pese a que todo el grupo económico respondía a Molinos Argentina, entre 2004 y 2009 la firma, como contribuyente local, declaró ante la AFIP que los ingresos por dividendos provenientes de las sociedades uruguayas y peruanas se encontraban amparados bajo el convenio para evitar la doble imposición suscripto entre Argentina y Chile en 1976. Bajo ese paraguas, redujo el importe ingresado por impuesto a las ganancias durante ese período.

Luego de una fiscalización, que culminó en 2011, la AFIP sostuvo que la empresa estaba abusando del tratado internacional, ya que tampoco abonaba el impuesto a las rentas en Chile. La Corte respaldó la posición oficial. El organismo recaudador reclama a la compañía el pago del tributo correspondiente a 410 millones de pesos de dividendos percibidos entre 2004 y 2009. En los Panamá Papers figuran varias empresas del grupo Perez Companc. Gregorio y Jorge Pérez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings. Las firmas están directamente atadas al Banco Itaú. Entre los documentos, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.

Por su parte, según la reciente información --aún en proceso-- vinculada con los Pandora Papers, los siete hijos de Jorge Gregorio Pérez Companc controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por 28 millones de dólares. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad Leariver Finance Limited. El Grupo aseguró que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país".

En  el primer semestre de este año la empresa informó a la Bolsa 998 millones de pesos en ganancias en la Argentina, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior había informado una ganancia neta de 912 millones, luego de haber revertido un rojo financiero durante el macrismo. El año pasado había obtenido una ganancia neta de 1746 millones de pesos y este año se encamina a romper ese techo, siendo que en el último año del macrismo (2019) había tenido un rojo de 1370 millones. El grupo se vio favorecido por un aumento de la demanda y ganó por cantidad.

Ledesma

El titular del Ingenio Ledesma, Santiago Ignacio Blaquier y su hijo Luis Blaquier compraron 34 millones de dólares y los fugaron al exterior durante la corrida de 2001, según información del consorcio internacional de investigación en una nueva edición de filtraciones de cuentas offshore. Figuran en los archivos desclasificados como inversores inmobiliarios en La Barra, y Punta del Este en Uruguay. Las cuentas están en el UBS, en la Banca Suiza, según la información provista en los Panamá Papers. Los Blaquier se encuentran en dos sociedades incorporadas al registro bahameño a finales de 2006: Financiere Translemanique SA y Derby Services Limited. Los datos asociados a esas compañías en la nueva filtración es escasa pero como ambas fueron montadas a través de Mossack Fonseca, los Panamá Papers corroboran la presencia de la familia.

En la corrida bancaria de 2011 el presidente del grupo Carlos Pedro Blaquier y sus familiares compraron 34 millones de dólares, ese mismo año había recibido un crédito blando del Banco Nación, este grupo tiene al menos cinco firmas offshore con sede en Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá. También se identificaron transacciones inmobiliarias millonarias en el balneario uruguayo de La Barra y dos cuentas bancarias en Suiza.

Carlos Pedro Blaquier estuvo procesado en dos causas por delitos de lesa humanidad, en una de ellas se lo investiga por el secuestro de tres dirigentes del Sindicato de Obreros de Ledesma, entre ellos Julio Arédez el intendente de Ledesma y asesor del sindicato. La segunda causa es por el secuestro de 26 obreros familiares y militantes cercanos al sindicato, sucedidos entre el 20 al 27 de julio de 1976 durante la denominada Noche del Apagón, aquellos secuestros se efectivizaron por fuerzas de seguridad con la participación de vehículos y choferes de la empresa de Blaquier.

El ingeniero Ledesma reportó a las autoridades bursátiles una ganancia de 5205 millones de pesos en el ejercicio anual acumulado al 31 de mayo, casi quintuplicando el registro de igual período del 2020, cuando informó un resultado operativo de 1093 millones. El grupo reconoce que en un año el costo de sus ventas creció apenas 1,8 por ciento, pasando de un volumen de 27.795 millones de pesos en el período hasta el 31 de mayo del año pasado a 28.302 millones para el mismo acumulado del 2021. En el trimestre siguiente, de junio a agosto, tuvo una ganancia de 749 millones de pesos, frente a los 184 millones de igual lapso del 2020.

Arcor

En 2016, a partir de una nueva filtración con centro en Bahamas, aparecieron empresas offshore de la familia Pagani. Los Panamá Papers muestran que la familia Pagani figuran al frente de por lo menos siete empresas offshore, todas las cuales fueron abiertas en el 2012. Los dueños indicaron que todas están declaradas, aunque las empresas oculten el nombre Arcor o Pagani como dueños. Arcor es una de las empresas que más divisas extrajeron del país si se suman las distintas filtraciones entre el 2001 y 2014.

La filtración se conoció en momentos en que la empresa, durante 2018, en pleno macrismo, anuncia el cese laboral de 400 operarios en Colonia Carroya, Córdoba. Ese año la firma registró su primer balance en rojo desde 2002, con pérdidas superiores a 1000 millones de pesos, lejos de las ganancias extraordinarias actuales. Mientras llevaban a cabo esta ajustado, la empresa era noticia por ocultar negocios que le permite reducir el pago de impuestos y así incrementar su patrimonio. El dueño de Arcor, Luis Alejandro Pagani, comparte con su esposa María Eugenia Novoa, el paquete accionario de la empresa LI ATLANTIC INVESTMENT LLC, creada en noviembre de 2012.  Seis meses antes, Arcor había participado de la conformación de la Asociación Empresarial Argentina, junto con otras compañías de la talla de Clarín, Techint y Pérez Companc. 

Los Panamá Papers destaparon más sociedades offshore, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay, región donde los empresarios recurren para construir sus compañías en paraísos fiscales.

Tanto Luis Pagani como Novoa, comparten además dos sociedades en actividad. Una es el ROQUEL PROPERTIES LTD., registrada en las Islas Vírgenes Británicas  A su vez, los hermanos Luis y Alejandro Gustavo Pagani son socios y beneficiarios del QUINAM INVESTMENTS LTD., creado justo un mes después del ROQUEL, el 02 de mayo de 2012. También registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Arcor informó para el segundo trimestre de este año una ganancia de 4894 millones pesos, un 27 por ciento por encima de los primeros tres meses del año (enero-marzo), cuando había comunicado un resultado operativo de 3857 millones. En el semestre acumulado del semestre arroja un ganancia para la empresa de 8806 millones, cinco veces más que en el mismo periodo del 2020, con 1700 millones de pesos. El holding de Pagani controla o es accionista mayoritario en la Argentina en las empresas Bagley, Cartocor, Constructora Mediterránea, Dulcería Nacional, Mastellone Hermanos, Mundo Dulce y Papel Misionero. El año pasado la empresa había ganado 4163 millones de pesos, luego de enfrentar una caída neta de sus resultados de 2000 millones en 2019.

Mastellone

En los  documentos del estudio Mossack Fonseca, se reflejan operaciones comerciales de grandes empresas argentinas. Tal es el caso de Mastellone Hermanos, emblema de la industria láctea, que aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para comercializar sus productos en el exterior. "Es un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales años atrás, pero no tiene ninguna vinculación societaria con Mastellone", respondieron desde la empresa.

La empresa que comercializa productos La Serenísima obtuvo en el tercer trimestre de este año una ganancia de 319 millones de pesos, revirtiendo parte del rojo de la primera parte del año. No obstante, la firma comunicó a la Bolsa los resultados, pero aclara que las cifras no fueron auditadas. 

Desde el oficialismo se trabaja en un proyecto para combatir la corrupción offshore. De acuerdo a la filtración de los Pandora Papers, documentos que dejan al descubierto a políticos, empresarios y celebridades que utilizaron cuentas offshore para esconder sus fortunas, la Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios de este esquema nocivo.

Tal como reveló este medio, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, encarará un proyecto sobre el tema, al que se suma la iniciativa de la diputada y presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos.

La Oficina Anticorrupción iniciará reuniones en los próximos con expertos con el fin de redactar un proyecto final que será elevado al Presidente de la Nación y remitido al Congreso. En la misma línea de trabajo, Vallejos presentó un paquete de proyectos de ley para desalentar la corrupción offshore en el sector público en guaridas fiscales, que ahora analizará junto a Crous.