La 9ª sesión ordinaria de la Legislatura cordobesa contó con un marco importante de empleados provinciales que aguardaron expectantes las modificaciones a la Ley N° 9361, conocida como «Escalafón General».Los cambios apuntaron a ciertas rectificaciones de la normativa llamada también “ley escalafón” y que se refiere al derecho a la carrera administrativa dentro del Estado provincial.

La reforma de la misma fue impulsada por el oficialismo, a través del legislador y titular del SEP, José Pihen; pero contó también con el apoyo del bloque radical, el Frente Cívico, el Frente para la Victoria, el PRO y el Encuentro Vecinal.

Aprobación concedida

El clima en la Unicameral comenzó con celosos controles en los ingresos, un buen número de afiliados del SEP en los balcones y algo de impaciencia por los legisladores que no llegaban a ocupar sus respectivas bancas. 

Sin embargo, y luego de los homenajes, Pihen pidió la palabra y propuso el tratamiento sobre tablas de las modificaciones de la ley con sus afiliados atentos a lo que se resolviera. Fue así entonces que el titular del gremio de empleados provinciales sostuvo que “los trabajadores tenían un sueño” relacionándolo con “el derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa”. 

De esta manera, luego de recordar el artículo 23 de la Constitución Provincial sancionada en 1987, Pihen manifestó que “a la ‘ley escalafón’ durante el gobierno de (Ramón Bautista) Mestre se la suspendió por seis meses por la crisis, pero ese tiempo finalmente se convirtió en 12 años y se la recuperó recién hace cinco años con la Ley 9361”. 

Sin embargo, el propio secretario gremial manifestó que dicha normativa “contó con algunas dificultades en su aplicación”. Por lo tanto agregó que, tras “haber consensuado con el Ejecutivo provincial” detallaría las modificaciones planteadas. 

Así el primer punto se relacionó con el ingreso a la administración pública.

“Defendemos que el mismo sea mediante concurso y no nos arrepentimos”, dijo y agregó: “Hay dudas sobre si alguno pueda entrar por la ventana. Así que queremos que todos entren por la inicial”, comentó refiriéndose al camino que los estatales deberían cumplir en la Provincia.

En tanto, la segunda modificación aludió a las promociones o ascensos. “Había un requisito que ‘nos mataba’: sólo se podía ascender si había cargos vacantes. Y todos sabemos que cada vez que esto se daba, la vacancia era absorbida por el Ejecutivo y no se concretaba la promoción”. 

Y por último, la variante que impulsó Pihen fue en el artículo de los “cambios de agrupamiento”. Aquí lo que se plantea concretamente es que si un empleado estatal logra culminar una carrera y se convierte en profesional pueda aspirar a competir por otros cargos de acuerdo a sus facultades.

Apoyo opositor

Luego de las modificaciones impulsadas por el oficialismo, llegó el momento de la oposición. Fue entonces como la respuesta del radicalismo estuvo a cargo de la radical Alejandra Matar, quien manifestó que “el bloque decidía acompañar, pero con responsabilidad para permitir capacitación”. “Se deben generar espacios para esto”, dijo la legisladora de la UCR. Asimismo, Santiago Clavijo, por el Frente Cívico, también fue el encargado de manifestar el voto positivo y recordó su condición de empleado provincial. 

Luego vino el apoyo del FpV con Héctor Muñoz; el del PRO, con Javier Pretto; y el turno del vecinalista Aurelio García Elorrio, quien manifestó que adhería “para que sean mayores los derechos de los trabajadores”. Aunque agregó:

“Hay que recordarle al Ejecutivo que la Provincia fue víctima y por eso la planta del Estado se convirtió en un botín de la política”.

Los afectados y los trámites en espera

En diálogo con LA MAÑANA, Pihen reconoció que afectará entre 15 mil y 20 mil trabajadores; y recordó que actualmente hay cerca de mil trámites esperando en toda la provincia por la modificación de la ley. 

En tanto, no se supo cuánto incide esto en las finanzas del Ejecutivo; aunque el gremialista sostuvo que afecta a la totalidad del escalafón: maestranza, administración, profesionales y técnicos. Pero no a los equipos de salud. “Es justicia social para los empleados públicos”, cerró Pihen.