Finalmente, la cámara de Diputados dio media sanción al despacho de minoría del proyecto de ley Antiplus presentado por Rolando Crook. Lo hizo con un agregado propuesto por el bloque Renovación Plural Peronista que apunta a que en caso de mora por parte de OSEP en el pago hacia los prestadores, ésta deberá pagar intereses. El oficialismo no estuvo de acuerdo con esta cuestión, ya que interpretaba que -palabras más, palabras menos- termina siendo un pago extra que deberá solventar la obra social y algunos deducían que podía llegar a recaer nuevamente en los afiliados.

En ese sentido, el diputado Augusto Barros atacó a lo que llamó cuestiones corporativas por las modificaciones planteadas desde la oposición, manifestando que “las cuestiones corporativas es lo que este bloque en definitiva está rechazando, porque tiene otro mecanismo que no tiene el afiliado para defender su posición. Cuando una persona está con un enfermo, ¿se creen que se van a acordar del Código Civil, del Código Penal, de la fuerza que pueden tener con cualquier legislación para defender sus propios derechos? No. Las cuestiones corporativas resolvámosla a partir de otra legislación; acá no quieran incorporar una cuestión corporativa a lo que estamos defendiendo, que son los intereses de los más débiles y vulnerables del sistema: los afiliados”.

Despacho aprobado

El despacho aprobado plantea en su articulado: “Prohíbase sin excepción a todos los efectores contratados de la Obra Social de los Empleados Públicos exigir a los pacientes además de la respectiva orden de consulta y/o de práctica el pago de un plus en dinero y/o cualquier arancel, aún en los supuestos en que los profesionales registren atrasos o falta de pago de las obras sociales cuya nómina de prestadores integran”.

Asimismo, “los prestadores que incurran en transgresión a la prohibición establecida en la presente ley, cualquiera sea el importe y/o modalidad de cobro del plus o equivalente serán pasibles de una sanción de multa equivalente a diez veces el valor del importe cobrado”.

“El importe de las sanciones que se hagan efectivas será destinado al Hogar de Ancianos de la provincia, a los fines que fueran necesarios según las urgencias y menesteres”, señala el proyecto.

Además, “todos los prestadores en sus respectivos consultorios deberán exhibir en el sector de ingreso un cartel que contenga la leyenda ‘Prohibido el cobro de plus’, seguido del número de ley”.

Por su parte, el artículo incorporado propuesto por el diputado Horacio Sierralta señala que “la Obra Social de los Empleados Públicos deberá pagar intereses moratorios en todos los casos de retraso en el cumplimiento de las prestaciones que resultare de los convenios de pago a proveedores o prestadores de servicios médicos, pudiendo ser tomado como índice para valuaciones de los intereses el establecido por el Banco Central de la República Argentina”.

Extenso debate

El debate en torno al proyecto Antiplus fue extenso. Lo más sobresaliente fue lo del diputado Rubén Manzi (CC-ARI-Cambiemos), quien al fundamentar el despacho de mayoría coincidió en la necesidad de erradicar la práctica del cobro de aranceles diferenciados -plus médico- a los pacientes afiliados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), pero consideró que este mecanismo es sólo uno de los problemas que conviven desde hace años en la entidad. En el debate argumentó que algunos profesionales son mal pagados y dijo que la clave del problema de la crisis en el sistema de salud local radica en que OSEP es una obra social desfinanciada.

“OSEP es una obra social desfinanciada y esto lo digo porque hay varias razones que la llevan a estar sistemáticamente desfinanciada. La primera es bien conocida: gran parte de los haberes que perciben los empleados públicos son haberes en negro. El haber en negro tiene muchos efectos negativos; entre otros, que buena parte del sueldo de bolsillo no entra en el porcentaje que cada aportante transfiere a la obra social”, apuntó y agregó: “Una obra social a la que se aporta sólo sobre una parte del sueldo real evidentemente es una obra social condenada a desfinanciarse”.

Por su parte, el diputado Crook insistió en que la iniciativa concretamente habla sobre prohibir el cobro del plus y que no se pretende resolver todo el andamiaje de la situación de la salud, sino al menos resolver la situación de la gente. Además, dijo que el plus es inconstitucional, inhumano e ilegítimo.

A su turno, el diputado Fernando Jalil expresó que “la única institución que no tiene firmado contrato con la Obra Social es la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca, donde tiene firmas individuales con todos los prestadores, tanto de la Capital como del interior; no así los Colegios Profesionales, donde el monopolio del colegio profesional impide muchas veces regular un precio acorde a la realidad de la gente”.

“Me parece que sería oportuno plantear que el monopolio de los colegios no le permite al médico acceder a un precio o a ciertas prestaciones de otra manera que no sea a través de los colegios. Hay una ley nacional que impide el monopolio en Argentina”, indicó.

En esa línea, agregó que “si el colegio profesional firma un contrato con la obra social, acuerda los precios y los valores no tan sólo de la consulta, sino también de las prácticas, tiene que exigirle al médico afiliado a ese colegio que no puede cobrar y si sigue cobrando, se lo tiene que excluir del listado de prestadores”.