Carlos Rovira ejerce el control de la provincia de Misiones, desde su cargo de presidente de la Legislatura. Desde hace años ha optado por colocar en la gobernación a actores que le responden con obediencia. El actual es Oscar Herrera Ahuad.

Durante los años del macrismo, Rovira se alineó en con el gobierno de Cambiemos, llevando a cabo pingues negocios y hasta respaldó a la fórmula Macri - Pichetto en las elecciones nacionales de 2019. Sin embargo, en las internas del peronismo se impuso una lista “larga”, cuyos armadores fueron Sergio Lanziani -por entonces ministro de Energía de la provincia- y la dirigente social Alicia Arruda.

Ni Rovira ni Ahuad perdonaron ese cuestionamiento a su autoridad, ni, mucho menos, cuando Lanziani fue designado secretario de Energía de la Nación, con el aval de Cristina Fernández. Lanziani no era un recién llegado a la política y contaba con un amplio reconocimiento por su tarea. Los proyectos que presentó a Alberto Fernández y Cristina recibieron una cálida recepción y ello le valió su designación en el gabinete nacional. 

A partir de su nombramiento, los ataques del rovirismo fueron constantes, para tratar de removerlo del gabinete. Sobre todo, el rovirismo no estaba dispuesto a resignar la titularidad de la intervención de la represa de Yaciretá, que maneja una caja gigantesca y provee de la mitad de la energía que consume nuestro país.

Las presiones se profundizaron a lo largo de los tres primeros meses del año. Incluso el rovirismo pretendió condicionar el apoyo a los proyectos presidenciales en el Congreso de la Nación a una salida de Lanziani del gabinete nacional aunque sin éxito. 

Pero la corrupción que carcome la provincia desde hace mucho tiempo resulta indisimulable, y ya REALPOLITIK denunció algunos de los canales utilizados para distribuir fondos públicos a través de empresas asociadas al rovirismo, acompañando las pruebas respectivas.

También algunos medios nacionales y de otras provincias -ya que la censura a la prensa es prácticamente total en Misiones- denunciaron la gravedad de la epidemia de dengue que afecta a la provincia, y la falta de medidas apropiadas de la gobernación para combatirlas. Sólo existieron presiones y aprietes para que el personal de salud callara al respecto, pero las pocas decisiones que se adoptaron llegaron tarde, y mal.

La frutilla del postre fue la participación de Carlos Rovira en el evento de lanzamiento del ciclo lectivo 2020, que se realizó en Posadas, con la presencia de Fabiola Yañez -primera dama de la Nación- , Nicolás Trotta -ministro de Educación-, Mario Meoni -ministro de Transporte- y Sergio Massa -presidente de la Cámara de Diputados-. Rovira recién arribaba de un viaje que incluyó los principales focos de contagio del COVID-19 (Tailandia, Italia, Francia y España), no hizo cuarentena, se burló públicamente de las medidas preventivas adoptadas por el presidente Alberto Fernández y expuso inconscientemente a buena parte de las principales autoridades de la Nación a contraer el virus. 

La situación se agravó considerablemente la semana pasada, cuando Rovira súbitamente desapareció de la vida pública y los trascendidos lo ubicaban internado en un hospital de la provincia, afectado por el COVID-19, en una sala exclusiva de alta complejidad que regentea para su cuidado personal. En coincidencia con esta situación se produjo el fallecimiento de la madre de Rovira -presuntamente a causa del contagio del virus- y la pelea con su hijo, quien lo responsabilizó por la muerte de su abuela. 

Esta semana hubo novedades respecto de la Entidad Binacional Yaciretá (EBY), cuando trascendió que Suzel Vaider, la candidata del rovirismo, iba a ser nombrada como interventora por Alberto Fernández. Sin embargo, esa designación habría recibido el veto nada menos que de Cristina Fernández, por lo que no llegó a concretarse. 

Como es sabido, el área de Energía es el foco de disputa entre tres proyectos representados por tres grupos muy sólidos que transitan las alturas del poder. Uno es el rovirismo, que pretende aprovechar los estrechos números de representantes del gobierno nacional en el Congreso para imponer a su candidata y continuar con sus negocios históricos. Otro es el sector que encabeza Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, en cuya órbita se incluye la secretaría de Energía. El tercero se referencia en Cristina Fernández, e incluye al secretario de Energía, Sergio Lanziani.

Este viernes la situación estalló. Un juez provincial que responde a Carlos Rovira dispuso el allanamiento y captura de material de la vivienda de Alicia Arruda, dirigente social de reconocida trayectoria provincial, que además es la responsable provincial de la fundación Papa Francisco, fundada en su momento por el Padre Fariniello para brindar asistencia y alimentación a los menos favorecidos. La fundación venía desarrollando una amplia tarea social en la provincia de Misiones, algo que disgustaba profundamente a las autoridades, ya que escapaba a su control. 

La causa de la intervención está caractulada como “cyberdelito”, ya que acusan a Arruda de difundir información engañosa en las redes sociales sobre el gobierno provincial y sus políticas de salud. En Misiones el nivel de represión y de censura es tal que se ha decretado una normativa autoritaria por parte de las autoridades para imposibilitar la libre expresión y ya se iniciaron las primeras causas judiciales. 

En horas de la tarde, una decena de efectivos armados hasta los dientes irrumpieron en la vivienda de Arruda, en la localidad de Oberá, en la que se encontraba también el secretario Lanziani, con quien mantiene un vínculo personal desde hace años. De manera violenta se apoderaron de celulares, ordenadores personales y bienes personales de ambos, pese a la advertencia de que se trataba de una acción ilegal, ya que se afectaba a un secretario de estado, y el material del que se apropiaron las fuerzas de seguridad está contemplado dentro de la figura del secreto de estado.

Después de varias horas de acción, los efectivos se retiraron apropiándose de los bienes señalados. Alicia Arruda sufrió una descompensación provocada por la acción policial y Lanziani inmediatamente puso en conocimiento de las autoridades nacionales de lo sucedido y dio intervención a la Justicia federal para que tomara cartas en el asunto.

Cabe destacar que ni Lanziani ni Arruda fueron detenidos, ni demorados, como deliberadamente difundió la prensa que responde al rovirismo, y que desde hace tiempo difunde fake news sobre las víctimas de este allanamiento, sin que las autoridades ni la Justicia provincial hayan movido un dedo ni iniciado causas por cyberdelito.

Según fuentes informales, la situación fue evaluada como de extrema gravedad por las máximas autoridades de la república, que se encuentran considerando las decisiones que deberán adoptar. 

En medio de la gravísima situación que afrontar nuestro país, la jugada desesperada del rovirismo viene a agregar un factor de desestabilización que no puede pasarse por alto, ya que Carlos Rovira remite al macrismo residual que trata de mellar al gobierno nacional organizando cacerolazos y alentando el malhumor social. 

Así las cosas, queda por dilucidar si la decisión de la Justicia provincial misionera se limita a las indicaciones surgidas del rovirismo, o si fue alentada por el sector de Juntos por el Cambio que encabeza el ex presidente Mauricio Macri.

Las próximas horas serán decisivas. El gobierno nacional no puede admitir la vejación a que ha sido sometido un miembro del gabinete nacional que no encuentra antecedentes desde el retorno de la democracia a nuestro país. 

También deberá  dilucidarse si la acción tuvo como objeto a Arruda y a la tarea de contención y asistencia de los pobres que lleva adelante la fundación Papa Francisco, o en realidad apuntaba a apropiarse del celular, el ordenador y la documentación que portaba Lanziani, para así acceder a secretos de estado vinculados con el área estratégica de Energía. Justo en el momento en que se está decidiendo la titularidad de Yaciretá. (