Se trata de una estafa, que de acuerdo al fiscal Jorge Paolini, ascendió a más de 16.000.000 pesos. Scavuzzo afirmó que Breitenstein, en su calidad le ministro, le ordenó designar a 20 empleados a los que nunca vio en la vida, y que el propio titular de la Cartera varias veces se presentó en de dirección de sueldos y jornales para llevarse los salarios, en efectivo, de esa gente.

Según trascendió, los sueldos de eso empleados ficticios eran de entre 25.000 y 30.000 pesos, los que en lugar de estar bancarizados, se liquidaban en efectivo.

Las maniobras ilegales fueron más amplias y en el expediente penal figuran seis imputados: Héctor Scavuzzo,  el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés Omar Ombrosi, Rodolfo Guillermo Elisetch, excoordinador de Sueldos, Jornales y Personal Superior, Oscar Edgardo Borcerio, exsecretario de Presidencia, Julio Rubén Borovik, exgerente general y Emiliano Giri, quien fue detenido en marzo pasado y luego excarcelado

Paolini pudo acreditar la existencia de 95 empleados truchos pero se estima que podrían ser más de 300.

Ahora, con la acusación de Scavuzzo, Paolini analiza citar al exministro de Scioli. Pero Breitenstein vive en Alemania, sospechosamente desde que se inició la causa penal.

Esta investigación es parte de la matriz corrupta que parece haber teñido a la gestión del ex motonauta: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociaciones ilícitas, todo se entrelaza. “Desde el Estado hicieron negociados millonarios y no hay que olvidarse que la corrupción mata”, sintetizó un alto funcionario judicial.

La investigación judicial tiene ribetes escandalosos ya que varias de los ñoquis, al parecer, desconocían que sus nombres habrían sido utilizados en los contratos.  Hay profesores de educación física y docentes que figuraban prestando asesoramiento, siempre al director de Astillero, de acuerdo a lo que surge de los contratos, en conocimientos de vías marítimas y alta tecnología naval.

Entre la evidencia que tiene Paolini están los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astillero y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los empleados “ñoquis”.

La megacausa surgió a fines de 2013 cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Príngales fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo, un trabajador rural de la zona, aparecía cobrando cerca de 30.000 pesos mensuales en Astillero. 

La mujer y su marido, Gustavo Ferreyra, hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los “ñoquis”.

Ferreyra era un humilde jornalero de Coronel Pringles al que le sacaron su DNI para cobrar un sueldo en el Astillero. Según los registros de la Anses, el hombre ingresó a la empresa naval en noviembre de 2012 con un salario de $24.632, pero nunca vio ese dinero.

Antes que el escándalo se diera a conocer, la familia recibió en su casa la visita inesperada de un desconocido que le dio el dinero correspondiente a dos meses de la Asignación Universal. Poco después, se reunieron en persona con el interventor de Río Santiago, en su estudio jurídico de Coronel Pringles, según consta en la denuncia judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal Fernando Enrique Martínez de la ayudantía fiscal de Príngales.

 “Ustedes me quieren sacar plata”, los habría acusado Scavuzzo. El funcionario también le adjudicó la culpa a la AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le dijo al jornalero y su mujer. La discusión no terminó en un acuerdo. Igualmente, al poco tiempo, la familia volvió a cobrar la ayuda social en el banco.