El Juez de Familia y Minoridad de Río Grande dijo desconocer que en las instalaciones que se incendiaron en abril se albergara a chicos con esas características. “De este hogar yo no tenía nada oficialmente y en papeles no tenía ningún menor alojado allí”, argumentó el magistrado.
Cabe recordar que sobre la funcionaria pesa una denuncia penal por presuntamente hacer caso omiso a las denuncias realizadas desde ATE sobre las condiciones de trabajo y alojamiento en el Pequeño Hogar. En tanto, el día del siniestro Montero había manifestado que “nosotros habíamos dispuesto una única residencia para albergar niños, niñas y adolescentes” pero “debimos recurrir al ex Pequeño Hogar, que estaba clausurado, donde solamente estaba esta persona con discapacidad con alojamiento transitorio, para hacer una nueva ubicación de chicos y adolescentes”. Y agregaba: “No es que estaban durmiendo todos juntos si no que hay divisiones hechas y tengo entendido que el adulto no está ahora porque buscaba otra salida”.
Duarte manifestó ayer en declaraciones a FM Líder de la ciudad del norte provincial que desconocía el traslado al hogar de ese grupo de menores. Las instalaciones, según consigna a su vez el portal de noticias SUR54.com, se habían cerrado el año pasado por decisión de la ex directora Soledad Moreno López, quien quedó fuera del cargo en marzo de este año.
Mientras tanto, Duarte sostuvo que “de este hogar yo no tenía nada oficialmente y en papeles no tenía ningún menor alojado allí”, y agregó que “justo un día antes del incendio nos enteramos de que los chicos estaban allí” en tanto que “dos días después nos iban a dar explicaciones en una audiencia”.
El juez señaló que esos estos menores “debieron estar todos centralizados en el hogar de la Margen Sur” pero “lamentablemente distintas circunstancias obligaron a modificar eso”. Hizo referencia así al reclamo de trabajadores rurales cuyos hijos que estaban en la residencia estudiantil convivían con menores con distintas problemáticas que requieren atención específica.
Asimismo, apuntó que “las decisiones sobre el alojamiento son competencia exclusiva del Ejecutivo” provincial, y tras ello precisó que “el juez de Instrucción me requirió información acerca de si hubo accionar o directiva respecto del alojamiento de los menores”. Y a ello sumó que “hay falencias del sistema que no son una particularidad de esta gestión” y que “van más allá de lo edilicio, como la capacitación de la gente”.
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