"La gestión de la ex ministra Cristina Regazzoli no fue la generadora del déficit que tiene el Estado Provincial en materia de minoridad, sólo que el paso del tiempo y la inoperancia la han acentuado", planteó el radicalismo, luego de que el nuevo ministro Gustavo Fernández Mendía anunciara cambios claves en ese área.

El documento que firmó el concejal Leandro Altolaguirre -además secretario del Comité Provincial de la UCR- apunta que "mientras el Estado -todos nosotros- mantiene en forma clientelística a numerosas familias sustitutas como madres cuidadoras que le cuestan al erario público cinco millones al año (Presupuesto 2009), hay más de 200 parejas que hace más de 15 años figuran en el Registro de Adoptantes sin que nunca los citen. Estos cientos de hogares pampeanos buscan un pequeño para contenerlo, darle amor y realizarse como padres".

"La realidad indica que las familias sustitutas, más allá de la difícil tarea que pesa sobre sus espaldas, lamentablemente no son más que otra forma de sujeción del asistencialismo político del partido del gobierno", añadió.

Información

A criterio del dirigente de la UCR, la comunidad pampeana "tendría que ser informada por el Estado, más precisamente por la Dirección de Niñez y Adolescencia, sobre estos temas y poder tener acceso a datos de interés público que hacen a la implementación del funcionamiento de tan importante parte de la minoridad en La Pampa".

"Para ello -sugirió- debiera saberse por ejemplo qué cantidad de familias sustitutas estuvieron inscriptas desde el 2006 a la fecha; la cantidad de niños que se encuentran incluidos en dicho régimen; la distribución de los niños por familias; cuánto dinero cobra una familia sustituta por cada niño y si además de ello perciben algún otro beneficio adicional (pensiones, bolsa de alimentos; planes de empleo; si son empleados públicos, etc.). También será sustancial saber cuáles son los reales requisitos debe reunir un familia para ser admitida y permanecer en el sistema; la periodicidad de visitas de control tiene cada familia al mes y qué tipo de registro se lleva a tal efecto".

"Otro punto que esclarecería aún más la situación sería la de saber con que personal cuenta aquella repartición pública para llevar a cabo esos controles y el grado de especialización de los profesionales y personal que allí trabaja. No se necesitan familias de contención para cuidar chicos en La Pampa, hay muchas familias que cumplen con todos los requisitos para su adopción plena. Durante 60 días la comunidad lugareña vio a una jueza cargar las tintas contra la ministra de Bienestar Social, y a la ministra de Bienestar Social cargar contra la jueza. Algo está fallando, pues en el medio hay criaturas con vínculos creados durante años", planteó Altolaguirre.

"Ocultan el problema"

Además, el dirigente radical insistió en que "el Estado oculta el problema. Si bien hay proyectos aprobados en la Legislatura impulsados por el FrePam solicitando informes sobre situación de los menores dados en guarda a familias sustitutas, aún no han sido respondidos".

"El Juzgado de la Familia y del Menor -añadió- es el que tiene por derecho entregar los menores en guarda preadoptiva y la adopción definitiva. La ley es clara al respecto: ’La guarda debe ser entregada sólo por el juez, no admitiéndose las guardas por escribano o por otro funcionario’. Unicamente el magistrado puede decidir el retiro del niño de la casa de los guardadores y ponerlo bajo la custodia de Familia y Menor".

"La norma al respecto dice además que ’si no hay guarda concedida judicialmente no puede haber adopción, debiendo lo adoptantes garantizar la preservación del derecho a la identidad’. Nadie sabe cuántos niños han sido retenidos sin causa en los últimos años, y van perdiendo su vida en el limbo de la supuesta asistencia estatal. Lo más fácil ha sido echarle la culpa al Juzgado de la Familia y del Menor en los recordados casos de S y D cuando es el propio Ministerio y la Dirección de Minoridad y Adolescencia la que tiene virtualmente ’secuestrados’ a los niños", completa el documento.

Las familias sustitutas son

una red "político-partidaria"

El documento que firmó Leandro Altolaguirre recordó que el gobernador Oscar Mario Jorge dijo que habría una "investigación administrativa" y un "análisis" para la revisión del sistema de familias sustitutas. Lo dijo en plena crisis por los casos de "S" y "D".

"La pregunta es para cuándo la eliminación de otra forma de asistencialismo", dijo la UCR. Y aportó precisiones que en su momento El Diario difundió en un informe periodístico.

El sistema -señala Altolaguirre- cuesta cinco millones anuales. "Hay familias que reciben 500, 800, 1.200 y más pesos mensuales por ser familias sustitutas. No sólo Alicia Echeveste como titular de la dependencia pública del MBS fue responsable de mantener esta situación, sino que todo un sistema legal que se viola en forma permanente requiere de muchos aliados para que esto siga haciéndose, a pesar de que las víctimas sean menores de edad de la parte más débil de la sociedad".

"Salir de esta situación -agrega- es muy fácil si funcionara el sistema legal de la adopción, donde se cumplan los plazos en que los menores deban permanecer con las familias sustitutas y luego entregados en guarda preadoptiva. Sin embargo los niños permanecen años con las familias sustitutas y sin ningún tipo de control, ya que el ’gabinete’ de psicólogos y asistentes sociales sólo responde a las autoridades del Ministerio y actúa en consecuencia, es decir en silencio".

"Mientras tanto, esas familias sustitutas son una red político-partidaria financiada gracias al pago que reciben por cada niño entregado a dichos hogares. Esto incluso ha sido expresado públicamente en oportunidad de un ’escrache’ realizado en la quinta del ex ministro Rodolfo Gazia, en oportunidad de reclamarle por las niñas S y D donde expresaron ante los medios locales: ’Ya vas a venir a pedir que te juntemos votos’. Esto está publicado y nunca fue aclarado ni investigado a pesar de las promesas del propio gobernador", añade Altolaguirre.

"El cuadro es grave no sólo por la existencia de incumplimiento a la ley y la comisión de delitos penales sin que se actúe por parte de los organismos de control; es grave porque las víctimas son los niños y esto no parece conmover a nadie", apuntó.

"El ’retaceo’ de principios básicos y elementales que conforman el debido proceso, y la subsistencia de la doctrina de la ’situación irregular’ por la permanencia por años en esa situación ’irregular’ de los niños, dan cuenta que el sistema aquí denunciado no ha sido aún ajustado a los estándares prescriptos por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros documentos que apuntan a superar las prácticas inspiradas en el paradigma de la ’situación irregular’. Hoy la Ley 26.061, que establece un sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, no ha dado lugar a recepción legislativa local y los esfuerzos realizados por la oposición e incluso algún legislador oficialista han sido totalmente ignorados", añadió.

Proyecto y rehenes

El bloque de diputados del Frente Pampeano presentó recientemente un proyecto referido a las políticas de niñez y adolescencia.

"Con espíritu práctico y como un verdadero ’canal’ para evitar que este problema sólo explote ante una tragedia, los legisladores del FrePam presentaron un proyecto de ley que pretende modificar el sistema de registro de familias sustitutas y familias con fines de adopción y que los niños no deberían permanecer más de dos o tres meses en hogares sustitutos", dice Leandro Altolaguirre.

Insistió en que "es muy bueno como iniciativa, pero el problema subsistirá mientras los niños sean tomados por el Ministerio de Bienestar Social como ’rehenes’ y se encuentren ’secuestrados’ como canal de pago a sectores con vinculación política partidaria. Grave y triste pero es la realidad".