Sin la denuncia anónima del pasado lunes 20 de enero sobre el médico que estaba de licencia en el centro de salud de Palmira por causas psiquiátricas, y mientras tanto trabajaba en la guardia de una clínica privada de Rivadavia, el caso probablemente habría pasado desapercibido y este profesional no estaría hoy sumariado y en riesgo de perder su cargo de planta.

Es que el Ministerio de Salud, regido por Matías Roby, no tiene un control sobre la veracidad de los certificados médicos ni tampoco cuenta con un sistema que le permita percibir dentro de todo el sistema sanitario el nivel de ausentismo de los profesionales y los motivos más frecuentes por los cuales se piden las licencias, tal cual puede conocer la Dirección General de Escuelas, que contrató a una empresa para esta tarea específica (ver aparte).

En el Ministerio de Salud, la Dirección de Recursos Humanos está a cargo de los empleados del quinto piso de Casa de Gobierno, pero lo que sucede en centros de salud y hospitales es responsabilidad del jefe máximo de cada institución. Esto implica que si el ministro quiere saber el panorama debe pedir información a cada efector, porque no hay un registro único.

Hasta ahora está previsto por norma que ante una licencia de tiempo prolongado –más de tres meses y hasta dos años– se llame a una junta médica que funciona en el Coni y allí se presente el caso, pero rara vez los certificados emitidos por médicos son cuestionados entre colegas.

Por esta razón la recién llegada nueva gestión en Salud promete colocar un sistema de segunda consulta, en particular cuando se trate de licencias psiquiátricas.

“Si la pregunta es si este caso puso en evidencia la falta de controles, le tengo que decir que sí, pero esta gestión está pensando en hacer cambios en este tema con un sistema de segunda consulta para tener otra opinión sobre lo que indica el certificado médico. Si está bien continúa la licencia, si no, se hará una investigación sumarial”, explica Oscar Renna, el ex director de Hospitales y ahora subsecretario de Gestión de Salud.

El médico denunciado había pedido su licencia en octubre pasado, según datos que trascendieron de la investigación interna que hace por estas horas el Ministerio de Salud, y si pasó todos los pasos previstos por la ley está claro que no hubo verificaciones sobre su cumplimiento.

Durante la etapa del ex ministro Carlos Díaz Russo se impuso una declaración jurada para que todos los agentes sanitarios dejaran constancia dónde, cuántas horas y en qué especialidad desempeñaban sus tareas.

Según el mismo Renna, la base de datos formada por esas declaraciones está terminada, pero hasta ahora nunca fueron contrastadas con el territorio.

No es la primera vez que desde Salud se intenta poner negro sobre blanco en cuanto a la asistencia de los profesionales a sus obligaciones dentro del sistema.

El ministro de Salud en la gestión Jaque Juan Carlos Behler trató de instrumentar que el personal marcara, pero obtuvo resultados parciales por la misma resistencia de los médicos.