Paso a paso. Tal parece ser la estrategia del oficialismo para aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público en la Cámara de Diputados, donde la oposición se mantiene reacia a avanzar con una iniciativa que, de sancionarse, eyectaría inmediatamente de su cargo al actual procurador interino, Eduardo Casal, un enemigo declarado del kirchnerismo. El primer paso se dará hoy, con la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El segundo, su tratamiento en el recinto, todavía no tiene fecha porque el oficialismo aún no aseguró el quorum.

Al Frente de Todos, que comanda Máximo Kirchner, le faltan 11 diputados para alcanzar los 129 necesarios para arrancar la sesión. En un relevamiento realizado por LA NACION, solo dos aliados –José Ramón y Pablo Ansaloni– confirmaron que se sentarán en sus bancas para apoyar la iniciativa oficialista. A ellos se sumarán, casi con seguridad, sus compañeros del interbloque Unidad y Equidad Federal, los misioneros Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales. El trío había anticipado que apoyarían el proyecto si se le incluyeran cambios al texto, concesión que el ministro de Justicia, Martín Soria, estaría dispuesto a hacer. Siempre que estos no alteren uno de los objetivos clave que persigue el kirchnerismo: flexibilizar la mayoría de dos tercios de los votos que exige la ley actual para designar, por parte del Senado, al nuevo procurador.

Con estos apoyos, al oficialismo le restan seis voluntades para alcanzar el quorum. Una cuesta difícil de remontar. Podría eventualmente sumar a la neuquina Alma Sapag, quien ya anticipó su rechazo a la iniciativa, pero su posición ha sido siempre dar quorum en las sesiones. Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), también crítico del proyecto, no confirmó si dará su apoyo para arrancar la sesión, pero su socio Carlos Giordano, de la Izquierda Socialista, ya dio una pista al anticipar que no participará del quorum. Tampoco lo harían los diputados Felipe Álvarez y Antonio Carambia (Acción Federal), aunque el oficialismo confía en convencerlos.

Si bien el Frente de Todos no tiene asegurado todavía el apoyo de sus aliados para llevar el proyecto al recinto, sí tiene garantizada la mayoría en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para darle hoy dictamen favorable. La fecha de la sesión, sin embargo, sigue siendo una incógnita; lo sugestivo del asunto es que ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa, presidente del cuerpo, iniciaron aún el “operativo disuasión” que, por lo general, antecede a toda sesión que se anticipa complicada.

“Ni Sergio ni Máximo me llamaron todavía”, confió un diputado de un bloque provincial a quien el oficialismo suele convocar cada vez que el quorum se le presenta difícil. Otro legislador opositor, pero de diálogo frecuente con Máximo Kirchner, coincidió. “Es raro: si realmente estuviesen decididos a avanzar con la sanción de la ley esta semana o la siguiente, me habrían abarrotado de llamadas”, confió.

En Juntos por el Cambio no se confían y sospechan que el oficialismo esconde un puñal bajo el poncho. Por de pronto, sus jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) ya advirtieron que si el oficialismo pretende llevar el dictamen en la sesión prevista para esta semana, romperán el acuerdo pactado con el Gobierno para prorrogar por un mes las elecciones primarias y generales en virtud de la pandemia. Es el proyecto más relevante que tiene previsto discutir mañana la Cámara baja, y el Gobierno tiene especial interés en que sea aprobado por amplia mayoría.

“Si esta ley para quedarse con el control de los fiscales avanza, estará absolutamente quebrado el mínimo diálogo institucional que debe primar en un país que está en la más profunda de las crisis”, advirtió Negri en un velado mensaje al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, artífice del pacto para prorrogar las elecciones.

En paralelo, la oposición de Juntos por el Cambio inició una campaña furibunda por las redes sociales para frenar la avanzada del oficialismo sobre el Ministerio Público. Advierte que, de aprobarse, la reforma le facilitará al Gobierno la remoción de aquellos fiscales que no le sean afines y la designación de un procurador leal con solo la mayoría absoluta de los votos en el Senado, que el kirchnerismo ya tiene asegurada.

Tironeada de uno y otro lado de la grieta, la veintena de diputados opositores que se mantienen equidistantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio anticipan sus posiciones. El bloque Consenso Federal, integrado por el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, adelantaron que no darán quorum ni apoyarán la media sanción del Senado.

“Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo –enfatizaron–. Las reformas propuestas por Juntos por el Cambio y por el actual Gobierno solo sirven para sacar procuradores, cuando lo que ordena la Constitución Nacional es un Ministerio Público Fiscal independiente, autónomo y autárquico.”

En el mismo sentido se expresó Eduardo “Bali” Bucca y su compañero de bloque, el justicialista Andrés Zottos. “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del Ministerio Público Fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”, escribió Bucca en Twitter.

El socialista Enrique Estévez, al igual que los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, tampoco darán quorum ni apoyan el proyecto. En la misma línea se ubicaría su compañero de interbloque Luis Contigiani, del Frente Progresista.

Tampoco apoyará el proyecto la tucumana Beatriz Ávila, del Partido Justicia Social. A este lote se sumaría el rionegrino Luis Di Giacomo, quien marcaría distancia de sus compañeros del interbloque Unidad y Equidad Federal: la designación de Soria –acérrimo rival de su jefe político, Alberto Weretilneck, en la provincia– sepultó hasta ahora todo diálogo.