En 2010, desde la Dirección de Recursos Hídricos le enviaron las facturas de once años reclamando una deuda por alrededor de 200.000 pesos; y el año pasado, en noviembre, el organismo le facturó más de 1,7 millones de pesos por el canon de agua. En ambas oportunidades, la empresa se negó a pagar argumentando que está eximida por contrato.

Es una más de las graves irregularidades que a lo largo de los años se ha permitido mantener con total impunidad. Es que mientras las empresa realiza un negocio millonario, sólo dejó algunos ínfimos ingresos en Catamarca, que entrega un recurso agotable.

En entregas anteriores de la investigación de El Esquiú.com sobre Minera del Altiplano, se abordaron diversas irregularidades, pero quizá la más grave tenga que ver con la impunidad con la que la multinacional utiliza miles de millones de litros de agua tanto superficial como subterránea, sin pagar un sólo centavo a la Provincia, situación que trató de ser revertida, aunque infructuosamente, ante la falta de una decisión política para que el Estado haga valer sus derechos.

La empresa se ampara en un convenio que se firmó en 1991 y que fue luego ratificado por el entonces gobernador Arnoldo Castillo en 1994, cuando se produjo el puntapié inicial para la instalación de la minera en la puna catamarqueña. A través de ese convenio, el gobierno del Frente Cívico y Social le regaló el uso de agua a la empresa multinacional eximiéndola de abonar los cánones que por ley debe percibir la provincia, tratándose de un recurso natural escaso y fundamental para la vida.

La empresa utiliza agua de los cauces de La Punta, como el río Las Papas, y de excavaciones, algunas de las cuales fueron declaradas y otras no, sobre las que habría que hacer una estimación de la cantidad de metros cúbicos que utiliza.

Expediente perdido

La Provincia, a través de la Dirección Provincial de Riego, que estaba en ese entonces al mando de Mario Abel Mera, y a instancias de los representantes catamarqueños en el directorio de la empresa, trató de cobrar el canon de agua. En 2007 se inició un expediente -que lleva el número 17605/07 y que se habría extraviado en la Secretaría de Minería-, al que El Esquiú.com tuvo acceso, en el que constaban una serie de notas de ida y vuelta, mediante las cuales se exigió a la empresa el pago por el uso del líquido elemento.

Fue en junio del año 2006 cuando Vera le envió una nota al entonces presidente de Minera del Altiplano, Oscar Larcher, solicitándole que le informara el volumen de agua superficial que utilizaban en la explotación del Salar del Hombre Muerto, para poder facturársela. Es decir que la Subsecretaría de Recursos Hídricos no controlaba -ni controla- qué cantidad de agua usa la empresa.

Esa nota fue respondida por Larcher en julio del mismo año. Allí le informaba que “el volumen de agua utilizado por nuestras instalaciones (...) es de 304 m3/h” (lo cual significa que utilizan más de 7 millones de litros de agua por día), y que el 53 por ciento de ello se obtiene de los pozos declarados en la Dirección de Riego.

Pero, al mismo tiempo, esa nota incluye una primera advertencia por parte de Larcher, quien afirmó que “esa Dirección Provincial carece de facultades para calcular y facturar canon por uso de agua a la empresa que represento, por lo cual solicitamos respetuosamente que se abstenga de hacerlo”.

Facturas

No obstante los argumentos esgrimidos sobre el convenio firmado entre FMC Lithium y la provincia los eximía del pago del canon de agua, en marzo de 2010, desde la Dirección Provincial de Riego le enviaron un paquete de facturas correspondientes a un período de algo más a once años. Más precisamente desde agosto de 1999 hasta ese momento, por el cual le reclamaban el pago de casi 200 mil pesos, teniendo en cuenta la facturación y los intereses generados por mora.

La facturación se calculó teniendo en cuenta el consumo que declaró la empresa oportunamente y se indica que el valor por el metro cúbico de agua (1.000 litros) es de apenas 1 centavo ($0,01), ya que se le aplica el cuadro tarifario más beneficioso para la empresa, que es el de “agua para riego”.

La insistencia de la Dirección de Riego por cobrar el uso de agua de la minera, llevó a que en marzo de ese año, 2010, la empresa interpusiera un “Recurso Jerárquico”, por el cual intimó a la Provincia a que se abstuviera de continuar con el trámite del expediente, desconociendo cualquier pretensión de la Provincia de obtener el pago por la utilización del agua.

“En función del contrato celebrado, la empresa obtuvo servidumbre de aguas y también la respectiva concesión de uso de las mismas, por las cuales no debe abonar canon alguno. Hasta el momento, por otra parte, nuestra empresa no ha abonado nunca dicho canon”, afirma la empresa en el documento firmado por el presidente actual, Daniel Chávez Díaz.

Deuda millonaria

Como se dijo, la primera facturación que la empresa recibió y rechazó, corresponde al canon de agua calculado sobre un cuadro tarifario de “agua para riego”. El año pasado, otro expediente se inició por parte de la Dirección de Riego, para actualizar el canon que debiera pagar la empresa.

Fue así que en noviembre de 2011 se le envió una nueva facturación correspondiente a todo ese año en donde el monto que se reclama por el uso del líquido elemento es por 1.784.477,38 pesos, por la utilización de casi 2,5 millones de metros cúbicos de agua. El monto obedece a que esa facturación fue realizada bajo el cuadro tarifario correspondiente al uso industrial, que equivale a 90 centavos por metro cúbico.

La respuesta a esta deuda por parte de FMC fue la misma. Se inició otro recurso jerárquico por el cual rechazaron la competencia del organismo para exigir el cobro del agua.

El expediente está siendo analizado actualmente por el directorio de la empresa, y por los organismos provinciales competentes en la materia. Aunque hasta ahora, no hubo ninguna voz que, abiertamente, se exprese en favor de que Minera del Altiplano pague el agua que consume en el sector más desértico de la provincia.

Un faltante de U$S 12.000.000

Recientemente, FMC Lithium ordenó una auditoría interna dentro de Minera del Altiplano S.A. debido a que había sospechas de algunso manejos poco claros de inversiones. El resultado de esa investigación habría sido determinante para separar del cargo a parte del directorio de la multinacional, entre ellos, como ya lo viene anticipando El Esquiú.com, a Daniel Chávez Díaz, quien según fuentes confiables, tendría los días contados.

El resulatado de esa auditoría arrojó un dato preocupante para los intereses de la multinacional, ya que se habla de alrededor de 12 millones de dólares que no se sabe qué destino tuvieron. Según las fuentes consultadas, luego de la auditoría, el propio CEO de la multinacional llegó al país y ordenó las medidas.

El Esquiú.com