El gobierno de Miguel Lifschitz ratificó su "firme e irrenunciable compromiso" de promover la investigación por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe "hasta sus últimas consecuencias". Lo dijo el fiscal de Estado Pablo Saccone en el pedido al juez federal Reinaldo Rodríguez para que la provincia sea querellante en la causa y ofreció dos pruebas: un informe del ex ministro de Economía Angel Sciara de junio de 2014 que estimó el "perjuicio económico" de la provincia en "1.000 millones de dólares" y el archivo de la comisión investigadora que presidía Alfredo Nogueras y "todos sus anexos", que ya no son secretos porque Lifschitz los desclasificó en marzo y están disponible en la página oficial (https://www.santafe.gob.ar/informe_nogueras/) desde entonces. Habrá que ver qué ocurre con el informe Nogueras, porque hace cuatro años, en 2013, el fiscal Walter Rodríguez solicitó que se lo incorpore como prueba, pero ese trámite quedó pendiente.

En el escrito -al que tuvo acceso Rosario/12‑, Saccone citó un fallo revelador de la Cámara Federal de Rosario (sala A) de diciembre de 2016 que anuló el "sobreseimiento" dispuesto el ex juez federal Víctor Brusa en junio de 1993. Pero también declaró que "no existe obstáculo procesal" para "continuar seriamente" la investigación y planteó que "la circunstancia que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que persona alguna fuera citada a indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco" que culminó con la pérdida del Banco y un "quebranto de entre 500 mil y 1.000 millones de dólares".

El juez Rodríguez le contestó a Saccone en once líneas. "En relación al pedido de constitución como parte querellante", le dijo que el 1º de julio de 2016 se había declarado incompetente en la causa y que esa resolución "se encuentra firme". A pesar de que la Cámara Federal de Rosario la consideró "insólita" porque el magistrado se desligó después de "25 años de iniciada la causa" en su Juzgado y sustrajo la jurisdicción al superior.

A más de un año y medio de esa incompetencia "insólita" -según la Cámara‑, el juez aún no remitió la causa a la justicia ordinaria porque "hay dos recursos de queja en trámite, uno ante la Corte Suprema de la Nación y otro ante la Cámara Federal de Casación Penal", según le informó a Saccone.

Que la provincia sea querellante en la investigación del vaciamiento del Banco de Santa Fe demandó su tiempo. La Cámara de Diputados se lo pidió a Lifschitz el 30 de junio de 2016 (al día siguiente, el juez Rodríguez se declaró incompetente). El gobernador lo anunció el 15 de marzo cuando desclasificó el informe Nogueras. Y el fiscal de Estado recién cumplió la directiva a los cinco meses: presentó el escrito el 3 de agosto y el juez lo consideró "recibido" el 16.

En la primera parte, Saccone repasó los fallos de la Cámara Federal de Rosario que ordenaron profundizar una investigación que se quedó sin impulso procesal desde hace un año y medio. Sostiene que la pesquisa debe apuntar a "quienes hubieran participado en delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, prevaricato, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, etc., mientras cualquiera de los imputados se encontrara desempeñando un cargo público". Y mencionó a 28 imputados, todos ex presidentes y ex directores del Banco.

Saccone dijo que el "mandato" que recibió del Poder Ejecutivo lo sintetiza el decreto 442 -que también presentó al juez‑ y es la directiva de Lifschitz para querellar. "El gobierno provincial ha asumido el firme e irrenunciable compromiso de promover hasta sus últimas consecuencias la investigación de las conductas delictivas que constituyeron un serio riesgo, no sólo para la estabilidad del sistema democrático y el desarrollo de la economía, sino fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos", expresó Saccone. "Y en el caso concreto" del vaciamiento del Banco, la "magnitud" del "plan ejecutado por los imputados" y los "intereses públicos" comprometidos "justifica la presencia del Estado provincial como parte querellante en el proceso que se desarrolla o que puedan iniciarse en el futuro en el fuero penal en todo el país".

La provincia es "parte interesada y perjudicada", señaló el fiscal de Estado. Porque "los presuntos delitos que se investigan por las maniobras de los imputados" provocaron "la pérdida de la herramienta financiera más importante y centenaria" y un "quebranto estimado entre 500 mil y 1.000 millones de dólares. Tal como lo prueba el informe del ex ministro de Economía Angel Sciara" del 30 de junio de 2014 que reveló que el "vaciamiento del Banco Provincial le había generado a la provincia un perjuicio económico de 1.000 millones de dólares", concluyó.