Según un informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en las zonas rurales de América Latina se registran los mayores déficits en cuanto al acceso a servicios de agua y saneamiento, ya que cerca de 46 millones de habitantes rurales no disponen de instalaciones de saneamiento mejorado y 21 millones carecen de acceso a agua potable.

La investigación pide, además, una redefinición de lo rural, que actualice el concepto e incorpore dimensiones sociales, económicas y demográficas, de acceso a servicios y conectividad, lo que contribuiría a mejorar la eficiencia de las políticas públicas que se implementan en las zonas rurales.

Víctor Arroyo, experto en agua y saneamiento de la CAF, afirmó en el estudio que las estrategias y la planificación de las inversiones en agua y saneamiento deberán tener más en cuenta las particularidades de los habitantes en zonas rurales.

"Durante los próximos años será imprescindible realizar grandes inversiones y apoyar a los gobiernos, especialmente de los municipios y comunidades, para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios", agregó Arroyo.

Según el experto, un concepto nuevo de ruralidad de América Latina puede convertirse en una oportunidad para disminuir la brecha en el acceso a servicios de agua y saneamiento y promover la inclusión de las necesidades y prioridades de sectores marginados, particularmente los pobres.

Estos objetivos se pueden cumplir, no obstante, siempre que a nivel institucional se adopten las medidas adecuadas, se inviertan mayores recursos y de forma más eficiente.

El informe analizó otros elementos necesarios para asegurar que estos proyectos se sostengan, como la participación de las comunidades en el diseño de las soluciones tecnológicas y en la gestión, operación y mantenimiento de los servicios.

En la ‘radiografía’ de la región que se muestra en el informe indicó que se estima que, en 2030, algunos países tendrán una población rural superior al 30 por ciento.

También mostró que hay países que tienen experiencias exitosas en este aspecto con un amplio componente de participación comunitaria como Ecuador, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Perú.