1. La historia podría comenzar con “había una vez un investigador de la UNT devoto de la Geología, que descubrió casi por casualidad un yacimiento rico en manganeso, oro y plata”. Abel Peirano fue quien dirigió las primeras exploraciones de la zona minera de Agua de Dionisio en 1948. Años más tarde decidió transferir todos los beneficios de su descubrimiento a la Universidad Nacional de Tucumán.

2. También podría comenzar a partir de la creación de la empresa interestadual Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (YMAD) en 1959, a través de la Ley 14.771, cuyo directorio está integrado por cuatro vocales, dos por Catamarca y dos por la UNT, y un presidente que es designado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Esta ley establece (artículo 18) la distribución de las utilidades: 60% para Catamarca y el 40% destinado a la UNT, “para la construcción de la Ciudad Universitaria, conforme los planos ya aprobados”. 

3. O diciendo que hasta 2006 YMAD no repartió utilidades. Recién ese año la UNT comienza recibir dinero de la minera. El manejo de esos fondos, que hasta 2009 suman unos $353 millones, son objeto de investigación en la Justicia Federal. 

4. O con el dato que para muchos universitarios constituyó la punta del iceberg: el convenio firmado por el ex rector, Alberto Cerisola, con YMAD el 2 de enero de 2008, mediante el cual da por concluida la obra de la Ciudad Universitaria. Por este convenio la UNT dejó de recibir automáticamente el 40% de las utilidades para recibir sólo el 20%, del cual podía disponer libremente. 

En estos días

El 22 de marzo está prevista la primera reunión de 2016 del Consejo Superior de la UNT. Es casi seguro que uno de los temas a tratar sea el vencimiento del plazo que el Consejo Superior le dio a la rectora, Alicia Bardón, para tomar una medida al respecto. “Contarán con 120 días para producir un informe, tras lo cual el Consejo Superior decidirá las acciones que correspondan, a fin de proteger el patrimonio de la UNT”, dice el artículo 3° de la resolución del Consejo del 22 de septiembre del año pasado. También aclara que si las gestiones “ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ante YMAD resultan negativas, la decisión del Superior no podrá ser otra que ir a la Justicia”. Este último punto fue resistido por un grupo de consejeros, además de la misma Bardón. 

En ese mismo dictamen avalado por 25 de los 31 miembros, en el artículo 1° dice: “el acto adoptado por Cerisola es irregular por haber sido tomado excediendo su competencia estatutaria y por estar basado en hechos inexistentes, como la conclusión de la ciudad universitaria o la suficiencia de los fondos reservados para ella; por tanto, lesivo a los intereses de la UNT”. 

Paralelamente, en estos días el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, deberá resolver si indaga a los seis funcionarios implicados en las causas Eudal y Sigen. El pedido de indagatoria lo hizo el fiscal federal, Carlos Brito, en agosto del año pasado. La lista está encabezada por Cerisola, el ex rector; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas; Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; y Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias. Todos fueron funcionarios entre 2006 y 2010.

Los delitos que se le imputan a Cerisola son: incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y malversación de fondos. Los otros tres imputados comparten uno o dos de esos mismos delitos. 

“Realmente, la estafa a la administración pública significó para la UNT un daño patrimonial que alcanza ribetes de escándalo, mucho más porque se trata de una institución que forma líderes políticos y empresarios. No son pobres robando por necesidad, sino que delinquen por ambición”, sintetizó el abogado Oscar López, quien actúa como patrocinante de Ramón Eudal y a su vez, querellante porque denunció penalmente al ex rector. 

Además de la acusación por manejo irregular de los fondos que la UNT recibió de YMAD entre 2006 y 2009 y la creación de un “Régimen especial de contrataciones”, el fiscal Brito explicó en el pedido de indagatoria que el rector puso bajo su órbita a la Dirección de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien “convocó a licitación sin respetar la Ley Nacional de Obras Públicas, autorizó el pago de sobreprecios tanto en obras nuevas como en refacciones”. En algunos casos los montos extras fueron del 194%. 

También está en la mira la colocación de fondos que recibió de YMAD en entidades bancarias que, en algunos casos, son de tercera y cuarta línea. Esta inversión financiera -según consta en los expedientes- habría dejado unos $56 millones en concepto de intereses, cuyo destino no ha sido informado con claridad, según la denuncia 

Sobre este punto, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) señala: “los fondos recibidos de YMAD por el Rectorado fueron administrados en inversiones decididas sin un criterio lógico explícito. Se desprende de su análisis que la conducta seguida fue de elevada exposición al riesgo (…) caracterizándose por inversiones elevadas a plazos largos, en instituciones financieras de menor nivel y a tasas similares a las obtenidas para inversiones de menor cuantía a plazos cortos en entidades bancarias de primer nivel”. 

Este informe también especifica que los montos “recibidos desde mayo de 2008 ($ 99,6 millones) fueron considerados por la UNT como de libre disponibilidad y habrían destinado a fines diversos”.