Una millonaria indemnización deberá pagarle el Gobierno de Mendoza a los familiares de un joven que había sido detenido acusado por un robo y duró pocas horas en la cárcel. En el interior del complejo San Felipe fue golpeado por otros reclusos y falleció días después.

La esposa e hijos de Franco Martín Peña Oros (19) presentaron una demanda contra el Estado en busca de un resarcimiento por su muerte, que data el 28 de enero de 2009 a las 6.40 horas, en el Hospital Central.

Siete días antes, el joven era detenido por personal policial y quedó alojado en la Comisaría 36 de Las Heras, acusado como el autor de un robo. El 22 de enero fue imputado formalmente por el supuesto asalto y fue trasladado al Complejo San Felipe, quedando alojado en el pabellón de jóvenes adultos.

La situación de Peña Oros, quien se desempeñaba como jardinero, empeoró a las pocas horas de su estadía en ese establecimiento ubicado detrás del penal de Boulogne Sur Mer. El joven fue atacado por un grupo de reclusos en uno de los baños del pabellón. La golpiza fue tal que tuvo que ser trasladado al Hospital Laggomagiore y luego derivado al nosocomio de calle Alem, donde agonizó casi una semana y murió.

La víctima presentaba traumatismos graves, lesiones encefálicas, hemorragias internas, quemaduras de cigarrillos, contusiones, cortes y escoriaciones múltiples, según determinó la necropsia del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Su esposa, María José Ruartes, y sus dos hijos, de 2 años y 3 meses al momento de su fallecimiento, demandaron al Estado entendiendo que “Franco se encontró en un estado de abandono por parte de aquellas personas que debían velar por su guarda, vigilancia, custodia, seguridad personal y no lo hicieron”.

El expediente fue resuelto por el Juzgado Civil 24, donde la jueza María Ibaceta entendió que “el Gobierno de la Provincia de Mendoza no cumplió con la obligación de resultado a su cargo: preservar la vida de una persona alojada en dicho establecimiento”.

“Del asesinato del joven Franco Martín Peña Oros se desprende que ha existido una omisión antijurídica, ya que era dable esperar que el Estado a través de sus funcionarios y agentes hubiera actuado diligentemente, tomando las medidas  necesarias  para que aquel no pudiera ser atacado por otras personas que le produjeron lesiones tan graves que le ocasionaron la muerte”, alegó la magistrada.

La Justicia Civil condenó al Gobierno a pagarle 300 mil pesos a cada uno de los hijos de Peña y 200 mil a su esposa. En caso de quedar firme la sentencia, el Estado deberá abonar esta suma que superará el millón de pesos una vez calculados los intereses y costas del veredicto.