El diputado Juan Pablo Millán (FCS), acompañado por el abogado Miguel Leiva, se presentó ayer ante la Fiscalía general y pidió que se inicie una investigación penal para averiguar sobre los presuntos ilícitos ocurridos en el marco de la contratación directa para la ejecución de la línea eléctrica de 33 Kv Santa Cruz- Las Antenas (Cerro Ancasti) para el sistema de televisión digital abierta. La presentación toma en cuenta todas las irregularidades que fueron denunciadas ante la Justicia por Eduardo Aroca y que fueron informadas por El Ancasti.

La denuncia se realizó en contra de los ex ministros Julio César Molina y Luis Romero. También contra el director de Estudios, Proyectos y Obras del Ministerio de Servicios Públicos, Oscar Alfredo Pastorelli, contra la propietaria de la empresa Gabiola, Ana Gabriela Correa Peralta, y contra el actual ministro de Servicios Públicos, Gustavo Aparicio, ex representante técnico de la empresa Gabiola.

El legislador manifiesta que de los hechos y los actos que rodean al tendido eléctrico en El Portezuelo se desprenden acciones típicas que podrían encuadrar en las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa en perjuicio de la administración.

La presentación retoma todos los elementos que fueron presentados en la acción de amparo que había sido iniciada por Aroca. Por esa presentación fue suspendida la construcción de la línea eléctrica por vía judicial y por vía administrativa.

Millán recuerda que el 30 de diciembre de 2011 se sancionó la ley 5353, por la que se declaró la emergencia de los servicios públicos. Señala que la ley no fijó la contratación de obras de comunicaciones o transporte público como prioridad, "toda vez que estos servicios fueron deliberadamente excluidos de la declaración de emergencia correspondiente”. Como consecuencia, la obra no podría haberse incluido bajo el paraguas de la emergencia de los servicios.

Al relatar los hechos, manifiesta que el 25 de julio de 2012, el ex ministro Molina adjudicó la obra a la firma Gabiola de Ana Gabriela Correa Peralta y el 2 de agosto de ese año firmó el contrato de obra pública. La línea eléctrica de 33 kv tenía contemplada una longitud de 7000 metros y arrancaba en la localidad de Santa Cruz (Valle Viejo) en estructuras de madera existente. Se preveía que la línea eléctrica vendría a reemplazar a otra que ya había.

Una vez rubricado el contrato y antes de comenzar la ejecución de la obra, la contratista Gabiola, a través de su representante técnico, el actual ministro Gustavo Aparicio, solicitó mediante nota de pedido Nº 1, la aprobación de un cambio de traza de la obra, alegando supuestas ventajas técnicas. "Este cambio en la traza implicaba en los hechos una obra distinta de la contratada, ya que se modificaba por completo el recorrido de la línea, reemplazando el tendido sobre la Cuesta del Portezuelo, con una disminución sustancial en la longitud del trazado”, manifiesta la presentación.

El pedido de la empresa Gabiola fue cursado por el inspector de obra, Ernesto Sandoval, a la Dirección de Estudios Proyectos y Obras de la Subsecretaría de Energía, a cargo de Pastorelli, quien mediante una nota aprobó la traza propuesta por la empresa. "Fue así que la empresa comenzó la ejecución de la obra, con una traza distinta de la prevista en la memoria descriptiva y pliegos que formaban parte del contrato sin que exista un acto administrativo emanado de autoridad competente”.

Más adelante recuerda que el inspector de la obra, Ernesto Sandoval, advirtió que la modificación sustancial de la obra ameritaba la adecuación a las nuevas condiciones porque el costo de la nueva traza implicaba una variación que superaba al 20% estipulado en la ley de Obras Públicas. Según el cálculo que realizó, había una diferencia de $ 600 mil entre la traza que había sido contratada y la que finalmente realizó la empresa.

IRREGULARIDADES

 La denuncia indica también que la obra se ejecutó sin autorización de Vialidad Provincial para la instalación de tendido en zona de camino. Tampoco intervinieron el municipio de Valle Viejo, la Secretaría de Ambiente, ni la Secretaría de Turismo.

 Advierte que se transgredió la ley provincial 5281 por la que se declaró a la Cuesta del Portezuelo patrimonio cultural de la Provincia.

 Señala que no se cumplió con la disposición 74/2012 de Ambiente, que establecía la obligatoriedad del procedimiento de evaluación del impacto ambiental con carácter previo a todo proyecto, obra, acción o actividad que se pretenda desarrollar en el territorio.

 El diputado Juan Pablo Millán opinó ayer que el Estado provincial ya debería haber retirado el tendido eléctrico que afecta a la Cuesta del Portezuelo y realizar la obra por la traza original. Además, pidió que Fiscalía de Estado se interiorice de la causa y se constituya en querellante particular, tal como lo hizo en otras situaciones.