Existen tres tipos de pensiones: Pensiones a la vejez, por invalidez y a madres de 7 o más hijos, pensiones graciables y las Pensiones por Leyes Especiales.

Según el INDEC con datos tomados del mes diciembre de 2011, la provincia de Formosa recibió para pensiones no contributivas la cantidad de $459.684.000 y para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas $19.368.000.

Otros datos que aportan los números del Censo 2010 realizado por el INDEC es que por ejemplo de una población censada en Formosa de 527.023 habitantes, aproximadamente el 16% percibe jubilaciones o pensiones sin discriminar estos rubros.

Esta cantidad comprende a 81.851 habitantes, de los cuales 31.730 son varones y 50.121 mujeres.

Del mismo informe se puede inferir que de los censados en un rango de edades de entre 20 a 44 años perciben jubilación o pensión de algún tipo, comprendiendo un 3% de la población total o sea un total de 16.903 personas.

Luego también, en un rango de edad que se denomina población económicamente activa (PEA) que es la parte de la población total que participa, o en este caso que podría de manera potencial, participar en la producción económica, aunque no se incluye a los jubilados y pensiones, si se podría contabilizar a todas las personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen Empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno.

Esto resulta de analizar que en el segmento de edades que va de 15 años hasta 64, lo que se podría considerar la PEA, hay, sobre un total de 527.023 habitantes, un 8.5% aproximadamente que tiene el beneficio de una jubilación o una pensión, lo cual nos da 45.315 personas.

Primero los municipios, luego ¿serán los estatales?

En el municipio de la ciudad capital se detectaron 59 casos de personas que cobran pensiones nacionales y sueldos municipales, por lo que se les inicio sumario a efectos de deslindar responsabilidades.

En tanto que desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas se viene exigiendo hace más de un mes a los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento que presenten ante la AFIP la declaración de la cantidad de empleados que tienen a su cargo.

Esta iniciativa tiene como finalidad entrecruzar datos de los empleados municipales para detectar –entre otras cosas- si el empleado posee algún tipo de beneficio social de la nación o la provincia y proceder a intimarlos a optar entre el haber municipal o la ayuda que llega desde Nación.

En los últimos días, esta decisión de la provincia que avanza hacia el objetivo de “descomprimir” erogación evitable del dinero público hacia personas que ya están cubiertas por alguna instancia institucional se profundizó y los mandatarios municipales fueron convocados de a uno a Casa de Gobierno.

En las distintas reuniones de la cual ya participó más del 60% del total de mandatarios, desde el ministerio que comanda Jorge Ibáñez le detallaron la cantidad de empleados que cada uno tiene bajo su responsabilidad. “De ahora en más está en ustedes resolver la situación porque ya los ponemos al tanto de los casos con que cuentan. Si aparecen denuncias desde organismos nacionales, van a ser responsables de lo que pueda pasar”, fue la advertencia generalizada que recibieron los intendentes mientras miraban una y otra vez la lista con la situación de cada uno de sus empleados.

La duda que surge a partir de este nuevo “blanqueo” de haberes es si después de los municipales, la “sintonía fina” seguirá por los estatales de la provincia.