Osvaldo Aguirre

Las coincidencias de fondo entre ambos son más importantes que las diferencias en las formas pero todavía no alcanzan para una reunión personal. El presidente Javier Milei estará hoy en Rosario por los festejos del Día de la Bandera y abandonará la ciudad después de pronunciar un discurso, sin encontrarse a solas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde el debate entre los candidatos a la presidencia, cuando afirmó erróneamente que en Santa Fe no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico, Milei se ha referido a la provincia y en particular a Rosario a propósito de los problemas de seguridad. Se trata de la bandera de gestión del gobernador santafesino.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5 cada 100 mil habitantes), y en una alusión transparente puntualizó que “una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”. El 29 de marzo, después de la captura de un menor de 15 años por el crimen del playero Bruno Bussanich, el Presidente lanzó una consigna que ahora es el leitmotiv para la baja de la edad de punibilidad: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente

Con esos antecedentes es probable que la seguridad sea un tema del discurso presidencial de hoy. Después de una celebración prematura del éxito del Plan Bandera, en febrero, y de la crisis desatada por los crímenes de cuatro trabajadores, en marzo, Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich coincidieron la semana pasada en destacar los avances del dispositivo de seguridad en la provincia, refrendados por la baja en los homicidios dolosos.

La coincidencia en la mano dura contra las bandas criminales y los presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales no excluye diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial. El gobernador de Santa Fe exhibe un perfil propio como dirigente del radicalismo y también en la gestión de gobierno, como mostró en su encuentro con el gobernador Axel Kicillof y con la defensa que hizo en X de su ex correligionario y siempre amigo Leandro Santoro, cuando Milei lo descalificó en las redes sociales.

Pullaro no dejó de reconocer el aporte de logística y de recursos humanos que hizo la provincia de Buenos Aires a Santa Fe durante la crisis de marzo. Como extensión de ese acercamiento, el 17 de mayo firmó con Kicillof un convenio para trabajar en conjunto “en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y análisis de actividades criminales, con el objetivo de facilitar la investigación de las actividades ilícitas”. Ambas provincias se comprometieron “a cooperar en materia de investigación del delito complejo y el crimen organizado, mediante el intercambio de datos e información”.

Pullaro y Axel Kicillof durante la visita del gobernador bonaerense a Rosario Elciudadanoweb

El gobernador de Santa Fe parece disputar con el Gobierno nacional el protagonismo en la aplicación de la mano dura. La consigna de “poner orden”, que esgrime en sus discursos, no se restringe a los problemas de seguridad y aplica tanto para bandas criminales como para reclamos salariales de los gremios estatales, en particular los docentes de Amsafé, y justificar entre otras medidas el descuento de los días de paro y la reinstalación del presentismo de los tiempos de Carlos Reutemann como gobernador.

“Quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, a ellos les queremos decir: llévenselos a sus casas”, dijo Pullaro el 16 de mayo, en un acto en la ciudad de Santa Fe donde presentó nuevos patrulleros de la Policía. En el mismo acto fustigó “algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando” y dijo que “algunos nos critican en este momento, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y con las garantías”. Se refirió así a una denuncia por apaleamientos y torturas a presos en la cárcel de Piñero, después de una balacera contra un colectivo que transportaba agentes penitenciarios.

Una lejana reivindicación a Alfonsín

Los presos denunciaron la aplicación de picana y submarino seco, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia constataron lesiones. Pullaro suele reivindicar su formación como politólogo especializado en ciencias sociales y celebra periódicamente en X el legado de Raúl Alfonsín, en particular la creación de la Conadep. En su discurso actual dramatiza sin embargo un viejo tópico de la mano dura, el incremento del punitivismo entendido como aquello que la sociedad quiere: “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, proclamó ante la formación de policías en la capital provincial.

El cambio asumido por Pullaro se expresa en su política de seguridad. Una semana después de aquel discurso, al exponer ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior del Congreso, respaldó la Ley Anti Mafias aunque aclaró que encontraba “un exceso de garantismo” en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla un incremento exponencial de la población carcelaria. Si el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el Gobierno nacional estudia bajar la edad de punibilidad a los 13 años, el gobernador de Santa Fe va también más allá y sostiene que no debe haber edad mínima para imputar a alguien por un delito grave.

En la exposición en el Congreso se apreció otro giro significativo en el discurso de Pullaro. El gobernador autorizó su palabra en la experiencia de la historia reciente de Santa Fe, “con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos quince o dieciséis años”, es decir incluso en el período en que fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz; pero al mismo tiempo se presentó como exponente de otra situación en la cual “con algunas reformas importantes que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”. Santa Fe se encontraría entonces en la transición de haber sido ejemplo de un fracaso estrepitoso a convertirse en modelo de intervención política sobre la inseguridad, según Pullaro.

Pullaro, en la segunda fila a la derecha, durante un acto de Roberto Lavagna, candidato a presidente, en 2019, junto al entonces gobernador socialista Miguel Lifschitz. Noticias Argentinas

El gobernador tiene estadísticas para acreditar sus argumentos. Durante los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 92 víctimas de homicidios en la provincia. Se trata de la cifra más baja de la última década y contrasta en particular con el año anterior, cuando hubo 192 homicidios en el mismo período de 2023. Según el Ranking Interprovincial de Gobernadores, que elabora CB Consultora Opinión Pública, el funcionario con mejor imagen entre los habitantes de su provincia en junio es Pullaro, con un el 64,2 % de imagen positiva contra un 32,7% de percepción. 

El gobernador construye su imagen de gestión sobre las ruinas de la gestión anterior, mientras el peronismo no se recupera de su derrumbe electoral. El ex gobernador Omar Perotti, ahora diputado, consiente en silencio las afirmaciones de Pullaro sobre “el Estado bobo” y “el aval a las organizaciones narco del poder político” que él encarnó, quizá consciente de lo indefendible de su gestión. El que calla otorga, aunque aquello que Pullaro describe como reacción ante su política carcelaria –los crímenes y las balaceras contra escuelas– remite por lo menos a 2021.

La reducción de los homicidios dolosos y de los delitos contra la propiedad deja en segundo plano, por otra parte, problemas como la baja tasa de esclarecimiento de los casos –en los crímenes de trabajadores en marzo apenas se avanzó más allá de los autores materiales–, la corrupción policial y penitenciaria –reiterada en la circulación de celulares en las cárceles– y la invisibilización del circuito financiero asociado a las bandas.

En los primeros cien días de gobierno la Legislatura santafesina aprobó quince leyes del Ejecutivo prácticamente sin debate y sin más oposición que los votos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. Entre esas leyes, la de Inteligencia autoriza tareas de inteligencia sin control judicial y por otra parte las reformas al Código Procesal Penal devuelven a la policía la autonomía perdida frente a los fiscales, un viejo reclamo de la fuerza. “Hay actores de la política que, cuando tomás un café con ellos, te dicen que los proyectos son una barbaridad. Sin embargo van y votan la ley que encarna esa barbaridad por temor a la censura del público que visualizan como mayoritario”, señala un destacado especialista en temas de seguridad de Santa Fe.

Las reservas del gobernador de Santa Fe ante la Ley Anti Mafias conciernen en realidad a la definición de las zonas especiales de investigación, que habilitarían la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal y en consecuencia lo despojarían de la gestión directa de la seguridad. En ese punto podría abrirse una diferencia más importante entre el gobierno nacional y el provincial: si la situación en Rosario es la justificación reiterada por la ministra Bullrich para el proyecto de ley Anti Mafias y la ciudad podría ser el primer ámbito de aplicación, para Pullaro constituiría un tiempo pasado que llega a su fin con su gestión de gobierno.