Mauricio Caminos

El Gobierno abrió el paraguas por la tormenta que se le avecinaba. La intención explícita de posponer el Pacto de Mayo para después del próximo 25 –hasta el presidente Javier Milei lo deslizó ayer– buscó estratégicamente bajar la presión interna que había para que el Congreso sancionara de manera exprés la ley Bases y el paquete fiscal. Ante el escollo que le está significando la negociación de sus proyectos con los bloques aliados en el Senado, la Casa Rosada salió del laberinto por arriba.

Por eso el lunes fue a la Cámara alta el número 2 de Nicolás Posse, José Rolandi, y ayer fue su coequiper, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Jefatura de Gabinete. Rolandi e Ibarzabal volvieron a ocupar en las últimas horas el rol de negociadores y escribas de una nueva versión de la ley Bases, como ya hicieron en Diputados en la previa a su media sanción. 

La presencia de las espadas de Posse en la Cámara alta fue sigilosa, a la par que por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General pasaron en las últimas 48 horas muchos expositores que dieron su opinión sobre los proyectos de ley. En su mayoría fueron invitados por la oposición, y sobre todo por el ala dura de Unión por la Patria: La Libertad Avanza no aportó ni siquiera una voz para hacer olas a sus iniciativas.

El rol de los funcionarios del Ejecutivo fue recolectar en los bloques amigables su pliego de cambios a los textos para ver cómo incorporarlos en un nuevo dictamen, supo elDiarioAR. En los hechos significa que el Gobierno ya está redactando una nueva versión de la ley Bases y del paquete fiscal. Con esos cambios los proyectos deberán volver a Diputados para su sanción definitiva. Sin el deadline del 25 de mayo, ayer ya se estimaba que los dictámenes podrían firmarse incluso la semana próxima, en vez de mañana, como era el plan B cuando al oficialismo se le cayó la posibilidad de tener despachos el jueves de la semana pasada y sancionar en estos días.

Rolandi e Ibarzabal visitaron a las voces más críticas de los bloques del PRO, la UCR y las fuerzas federales y provinciales. De allí el Gobierno tiene que rascar sus apoyos porque apenas tiene 7 senadores propios de los 72 que hay en el hemiciclo (sólo el kirchnerismo tiene 33, cuatro menos que el quórum). Entre los contactos estuvieron la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien la semana pasada cuestionó en muy duros términos el blanqueo y el RIGI. Fueron los mismos puntos que remarcó en contra el radical Martín Lousteau. 

Uno de los despachos visitados por el Ejecutivo ayer fue el del entrerriano Edgardo Kueider, jefe del bloque Unidad Federal, donde también militan el correntino Camau Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Otros apoyos codiciados por el Gobierno son los de los senadores patagónicos, que reclaman contra la imposición del impuesto a las Ganancias. Allí son clave la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell, más los legisladores que ostenta el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Además necesita del salteño Juan Carlos Romero, que suele hacerle guiños al oficialismo.

La posibilidad de que el dictamen se conozca recién la semana próxima es una posibilidad que se pondera en la oposición. Es el panorama que ve la senadora Tagliaferri, supo elDiarioAR. “Difícil que el jueves pueda estar redactado el dictamen con modificaciones, pero eso no supone en absoluto que la ley esté en peligro”, señalaron en su despacho. Los “peros” que puso la legisladora son llamativos porque rompió el alineamiento irrestricto que tuvo el PRO con LLA en Diputados. Sin embargo su voto es clave porque el bloque amarillos apenas tiene 6 senadores y está conducido por un extrapartidario: el cordobés Luis Juez.

El radicalismo también está inmerso en una discusión interna para alinear su posicionamiento hacia las leyes del Gobierno. El ruido que generó Lousteau obligaron al ministro Guillermo Francos y a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, a acercarse el viernes pasado al Senado. A su vez se generó una tensión puertas adentro con el jefe del bloque Eduardo Vischi. Por eso ayer la UCR tuvo una reunión de bloque para limar asperezas y darle un feedback concreto a la Rosada. “Se está trabajando sobre algunos puntos para llegar a una posición unificada como bloque”, comentaron desde la bancada radical a este medio.

“Está todo muy verde. A ninguno de los tres les gusta cómo vinieron las leyes”, se recogió en el bloque de Unidad Federal. “Ibarzabal se llevó nuestros reclamos pero hasta ahora no nos trajeron respuestas”, completaron en ese espacio. 

Antes que abroquelar los apoyos para la votación en el recinto, el oficialismo necesita generar los apoyos para el dictamen, porque allí también tiene muy poco volumen político. Apenas tres firmas de casi 30. “Siguen las negociaciones y avanzan con la redacción de dictamen con modificaciones solicitadas”, aseguró a elDiarioAR una fuente libertaria muy al tanto de las conversaciones con la oposición cercana. La tarea de recolectar las firmas llamativamente no tiene como protagonista a la Victoria Villarruel, en otro episodio que genera ruido entre la vice y la Casa Rosada. Sí están involucrados el presidente provisional Bartolomé Abdala y el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche.  

Al desanudar Milei discursivamente la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal del Pacto de Mayo, entre los libertarios respiraron con alivio: “No vamos a apurar el dictamen. Apenas estén las firmas, sale el dictamen. Estamos cerca”, se confió el operador consultado. Y explicitó el ánimo interno: “Si no es el jueves (por mañana), será la semana que viene. Total ya se sacaron la presión del Pacto de Mayo”.