Por Luciana Bertoia.

El gobierno anunció que cerrará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que se creó un año después del brutal atentado contra la AMIA –que dejó 85 muertos y una estela de impunidad que perdura tres décadas después. La versión oficial de la administración de La Libertad Avanza (LLA) es que se inscribe en la reducción del Estado. Pero, desde las redes sociales –el territorio que mejor maneja, Javier Milei dejó correr mensajes que indican que la clausura significa el fin de la “policía del pensamiento”. Un comunicado del Ministerio de Justicia no aclaró el panorama libertario: dio a entender que la eliminación sería a tiro de ley –y el Congreso es un terreno todavía árido para Milei y sus funcionarios. Distintos colectivos y organizaciones sociales denunciaron que la arremetida contra el INADI implica una nueva pasada de la motosierra sobre los organismos que garantizan el goce y la protección de los derechos humanos.

La confirmación de que el INADI iba a ser eliminado llegó antes del mediodía, tan pronto como Manuel Adorni se acercó al atril para dar su conferencia de prensa habitual. “No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen los favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido”, soltó Adorni, que –con ligereza– agregó que el instituto “no sirve para nada”.

Lo de Adorni no es pensamiento original. Ya en 2022, cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, Milei había destilado su furia contra el organismo. “Es absolutamente inútil. No logra nada”, había dicho en una entrevista en la señal TN. “Mi propuesta es eliminarlo porque se ha convertido en un instrumento de persecución ideológica”.

Desde el gobierno, no hubo mesura. Se procuró exacerbar los ánimos. En Instagram, el Presidente buscó ser gráfico. Colocó la imagen de un león enfurecido –con la banda presidencial– destruyendo a cachiporrazos una pared en la que se lee INADI. “Viva la libertad carajo”, escribió.

Después del anuncio de su vocero, Milei empezó a retuitear mensajes celebratorios sobre el cierre. Entre otros, el de la diputada de la LLA Lilia Lemoine que decía que el INADI “es un ente que se utilizó de cueva y además para perseguir a la disidencia”. La vicepresidenta Victoria Villarruel dejó de lado cualquier discrepancia con el Presidente para mostrar que la cruzada antiderechos los hermana. “Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados”, escribió en la plataforma X.

Con su malograda Ley Ómnibus, Milei había intentado derogar la ley 24.515, que creó el INADI. Sin embargo, después de decidir que el proyecto volviera a comisión, todo quedó en la nada. En el organismo habían empezado a respirar más tranquilos, incluso porque el miércoles designaron a una interventora para hacerse cargo, María Ángeles Quiroga. A quienes conversaron con ella les quedó la impresión de que la interventora se anotició también con la conferencia de Adorni.

La versión oficial

El INADI está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que dirige Mariano Cúneo Libarona, que ya –en distintas entrevistas– lo había puesto como un supuesto ejemplo de despilfarro de recursos. A través de un comunicado, esa cartera afirmó que el INADI –pronto a cumplir sus 29 años– no cumplía con las misiones y funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fue creado. “Contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, agregó.

Según la comunicación, las funciones del INADI serán absorbidas por el Ministerio de Justicia y el “personal idóneo” será transferido a la misma cartera. Cúneo expuso unos números que, para los entendidos, parecen inflados. De acuerdo con su estadística, el organismo ya redujo su personal de 430 a 355 y también se pidió que los delegados del INADI en el interior pongan sus renuncias a disposición. Uno de los temas que más agobian al ministro son los alquileres. Sin el INADI, estima que se ahorrará más de 8 millones pesos.

La principal controversia es cómo el gobierno de Milei cerrará un organismo que fue creado por ley. “Su supresión se hará de manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, informó el Ministerio.

“No quiere decir que no vayan a intentar hacerlo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”, dice, con desconfianza, un legislador de la oposición. Página/12 intentó confirmar con el ministro y sus voceros si el gobierno planea enviar un proyecto de ley para desarmar el INADI, pero no obtuvo respuesta.

Una política de demonización

El INADI, a diferencia de lo que plantea Milei, no es la policía del pensamiento. Se creó en julio de 1995 –cuando estaba por cumplirse el primer aniversario del atentado a la AMIA. Tenía, entre sus funciones, la aplicación de la ley 23.592, la normativa antidiscriminatoria promovida por el gobierno de Raúl Alfonsín. Inicialmente, el instituto quedó ubicado dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Por entonces, el Ministerio de Justicia estaba en manos de Rodolfo Barra, el actual procurador del Tesoro de la Nación. Barra debió dejar su cargo después de que este diario publicara que, en sus años mozos, había atentado contra una sinagoga.

El INADI tiene 44 oficinas a lo largo y ancho del país como parte de una estrategia federal que apunta a la recepción de denuncias, al mapeo y a la formulación de políticas públicas que respondan a las problemáticas de cada zona específica. Impulsa, además, capacitaciones en instituciones públicas y privadas. En el último mapa nacional de discriminación, el INADI relevó datos que deberían ser preocupantes para cualquier gobierno: el 72 por ciento de las personas encuestadas decían haber experimentado discriminación. 

“El anuncio de Adorni fue un baldazo de agua fría porque 24 horas antes había salido la designación de la interventora”, dice Nadia Fadic, trabajadora del INADI y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “Hay una demonización de los trabajadores estatales y una mirada restrictiva de los derechos humanos, que se ve con la eliminación del Ministerio de Mujeres y ahora del INADI. Apuntan hacia todos los organismos que promuevan derechos. Al INADI lo atacan porque toma denuncias, investiga y sensibiliza”, apunta Fadic.

El lunes, pararán los estatales. Ese mismo día, los trabajadores y las trabajadoras harán un abrazo a la sede central del organismo para visibilizar lo que el gobierno de LLA intenta hacer. 

Reacciones

Quienes trabajan en el INADI no fueron los únicos sorprendidos por el anuncio oficial. Después de la llegada de la nueva interventora, la DAIA fue convocada para trabajar, pero a las pocas horas llegó la noticia de que el organismo será eliminado. “El INADI no puede cerrar”, dijo su dirigente Jorge Knoblovits a Clarín. “La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, completó la organización en X.

Hubo repudios también de la Federación Argentina LGBT, del Frente Orgullo y Lucha y Dale Más Afro, entre otros. Destacaron, por ejemplo, el rol que tuvo el INADI en la sanción de leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género, la reproducción humana asistida, el cupo laboral travesti trans y la respuesta integral al VIH.

Amnistía Internacional resaltó que Argentina fue el primer país en el mundo en tener un organismo que atiende denuncias por discriminación. En 2022, INADI atendió 12 mil consultas y tomó 2558 denuncias. “Es un deber del Estado que todas las personas podamos vivir libres de violencia, discriminación y miedo”, remarcó el capítulo local de Amnesty International.

Quien no parece coincidir con las apreciaciones es la canciller Diana Mondino, que en su red X festejó: “Brillante decisión de cerrar el INADI, baja el gasto y aumenta la libertad de expresión”. Posiblemente la jefa de la diplomacia argentina no recuerde que el INADI es el órgano de aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Probablemente su cierre, si se concreta, le traiga algunos problemas a la ministra.