Por Luciana Bertoia

El gobierno de Javier Milei está preso en su propio laberinto. Después de liberar los precios de las prepagas con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, recurrió la semana pasada al Poder Judicial para que ordene frenar los aumentos y disponga que se reintegre a los afiliados las sumas exorbitantes que fueron cobradas en los últimos cuatro meses. Las empresas, ni lerdas ni perezosas, se presentaron en los tribunales para plantear el absurdo de que la propia administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende que una jueza falle contra sus disposiciones.

El 20 de diciembre pasado, Milei hizo una cadena nacional para anunciar el megaDNU que se publicaría al día siguiente en el Boletín Oficial. Allí, dispuso derogar el artículo de la ley 26882 que establecía que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) debía autorizar los incrementos en las cuotas. Las consecuencias fueron evidentes –incluso para el gobierno de Milei. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a decir que a las empresas se les había ido la mano.

El miércoles pasado, el titular de la SSS, Gabriel Gonzalo Oriolo –exejecutivo de OSDE– se presentó ante la justicia civil y comercial para pedir que les ponga límites a las prepagas. Pidió textualmente que cesen con su “actitud abusiva frente a los usuarios, dejando sin efecto en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas de prestaciones de salud que tuvieron lugar con posterioridad al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y solo se permita un eventual incremento de aquellas conforme al o a los índices que Vuestra Señoría estime más conveniente, atendiendo a la naturaleza de la materia en cuestión”.

En otras palabras, como el Poder Ejecutivo se ató las manos con el megaDNU le pide a la justicia que fije los índices para los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Además, Oriolo solicitó que se dicte una cautelar para que se abstengan de continuar aumentando, para que retrotraigan sus valores al 1 de diciembre –cuando Milei no había asumido– y que reintegre lo que cobró de más.

Esta semana, la SSS hizo una nueva presentación ante la jueza del caso –Mercedes Maquieira– en la que decía que hay 23 entidades de medicina prepaga que componen el 94,66 por ciento del padrón de afiliados del sistema y que éstas habían aumentado, en promedio, un 145,72 por ciento desde finales de diciembre. Las empresas señaladas como que tuvieron mayores incrementos fueron Osmecon, Galeno, Omint y Swiss Medical –la entidad cuyo titular es Claudio Belocopitt, blanco de las críticas feroces y soeces de la administración Milei. El Presidente no dudó en compartir tuits en los que se calificaba al empresario de “garca y sorete”.

De acuerdo con lo que puede verse en el expediente, tres firmas se presentaron para pedir que se les corra vista del planteo del gobierno antes de analizar la cautelar: Sancor Salud, Swiss Medical y Medicus. Los argumentos más incisivos fueron los de Sancor y la firma de Belocopitt.

Sancor sostuvo que el gobierno fue a la justicia sin tener un caso. Es decir, no puede probar que la administración se vea afectada por los aumentos incesantes que reciben los usuarios del sistema privado de salud. “Lo que está intentando obtener de la justicia no es una decisión que involucre un conflicto entre partes adversas –caso judicial– sino la derogación judicial de lo dispuesto por el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024”, afirmó el abogado de Sancor. Además, esta entidad insistió con que la SSS no tiene legitimación activa porque el DNU la excluyó de toda injerencia en la determinación de las cuotas de los planes de salud.

Swiss Medical fue en la misma línea: planteó que el DNU eliminó el requisito de autorización previa para establecer aumentos como lo establecía la ley 26682, aprobada en 2011. La empresa de Belocopitt –a quien el gobierno asocia directamente con Sergio Massa– aprovechó para recriminarle al gobierno del Frente de Todos que había un desfasaje previo de los precios relativos de los bienes y los servicios “como consecuencia de políticas económicas restrictivas”.

En su presentación, Swiss Medical le informó a la jueza que sus ejecutivos habían recurrido a la SSS ante los amparos que sus afiliados presentaban en los tribunales para impedir que se les apliquen los aumentos siderales. Como respuesta a esas presentaciones, la SSS le había contestado que “carece de competencia para expedirse en relación a la ponderación y eventual autorización de un aumento sobre el valor de las cuotas de los planes de salud”.

Lo que marcan las prepagas es que el gobierno de Milei está enredado en su propio absurdo: le sacó competencias a la SSS y ahora pretende que sea ésta la que accione contra los aumentos que la propia administración dejó ser hasta que las encuestas empezaron a mostrar que corroen la imagen de Milei –que esta semana recibió un sacudón con la histórica marcha en defensa de la universidad pública.

“En un giro dramático del argumento, la Superintendencia que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos (aún a pedido de esta parte) y en su propia sede, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las EMP (empresas de medicina prepaga) que se encuentran sujetas a su propia fiscalización y las cuales, al menos en lo que concierne a mi mandante, había solicitado previamente su intervención, la cual había sido negada”, resaltó Andrés Aznar, abogado de Swiss Medical.

El miércoles, la jueza Maquieira le corrió vista al fiscal para que opine si la jurisdicción es competente para intervenir y que se pronuncie sobre los procesos colectivos en materia de salud que están en trámite.

Hay jueces que dicen que la situación que generó el DNU con los aumentos en las cuotas de las prepagas es similar a la de los tiempos del corralito: no dan abasto con los pedidos de cautelares de los asociados que no pueden afrontar los incrementos. Frente a los planteos, hubo distintas respuestas de los tribunales. En enero, la jueza de San Martín Martina Forns aceptó una presentación de Marta Cristina Brauchli, una jubilada de 78 años que dijo que no podía pagar la cuota del Hospital Italiano. La magistrada le concedió una cautelar que frenó el aumento y anotó el litigio dentro del registro de procesos colectivos de la Corte Suprema. En Concepción del Uruguay, otra jueza, María Isabel Caccioppoli, inscribió otro proceso colectivo contra OSDE.

En paralelo con las presentaciones judiciales, la Secretaría de Industria y Comercio dictó una medida de tutela anticipada que obliga a las prepagas a ajustar sus cuotas a los valores de diciembre ajustados al Índice de Precios al Consumo (IPC). “La resolución de Secretaría de Comercio vino a convalidar dos extremos –dice la abogada Valeria Carreras, que presentó varios amparos por las subas de las prepagas–. El primero e insoslayable, ratifica la necesidad de un contralor estatal en el tema de la salud. El segundo aspecto es que, de algún modo, volverá a castigar a los afiliados porque ajustar el valor de cuotas con el IPC es convalidar los aumentos de las prepagas”.

El DNU goza, por el momento, de buena salud. Debería ser rechazado por la Cámara de Diputados para que pierda vigencia. La Corte Suprema rechazó tres planteos en las últimas dos semanas.