Por Brenda Struminger

Javier Milei apuró el lanzamiento de un sistema para empezar a pagarles deudas de la Nación a las provincias “en especias”. Un plan que aún estaba en ciernes y se aceleró como parte de la estrategia de contención de los gobernadores frente a las batallas que se vienen en el Congreso. Después de sus reuniones políticas con los jefes provinciales, el Presidente activó un mecanismo para responder las exigencias de los distritos sin gastar fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, en las provincias aún no se expidieron. Quieren ver los detalles, y advierten que los plazos que fijó el Gobierno para que puedan adherir son excesivamente acotados.

El Régimen de Reparación Federal que anunció ayer por la tarde el Gobierno, sin previo aviso, se viene discutiendo desde hace semanas -y, en algunos casos, meses-, con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Los alfiles de Milei lo pusieron sobre la mesa cuando aún no tenía un nombre firme, durante charlas informales de funcionarios con rango de secretarios de la Jefatura de Gabinete y Economía con algunos gobernadores.

Detrás del diseño de la medida, como en todas las iniciativas de peso de Milei, estuvo el asesor del Presidente, Santiago Caputo, que monitoreó desde las sombras el desarrollo del plan. En la práctica, lo ejecutaron entre el ala política que lidera Guillermo Francos (con Lisandro Catalán en las negociaciones y el vicejefe de Gabinete, “Cochi” Rolandi, en el armado técnica del decreto); y los titulares de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, encargados de trabajar los aspectos presupuestarios y financieros.

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En el diseño del proyecto intervino, también, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE), que lidera el economista Nicolás Pakgojz, el encargado de administrar los edificios, oficinas, predios y terrenos del Estado nacional, que tiene la potestad de venderlos o concesionarlos.

A partir de esas conversaciones incipientes, algunos distritos que fueron notificados extraoficialmente quedaron en analizar el tema y dar una respuesta, como Santa Fe, donde gobierna el radical Maximiliano Pullaro. Otros, como la Ciudad, de Jorge Macri (PRO), se mostraron más proclives a aceptar, aunque aún evalúan si les convendría aceptar el pago de la coparticipación con terrenos fiscales.

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Ayer, un ministro del alcalde porteño aseguró que distintos funcionarios nacionales les habían planteado el tema prácticamente desde el inicio del año: “A nosotros nos vendría bien, a ellos también”, dijo horas antes de que se conociera que el Presidente avanzaría a toda velocidad con un decreto para poner en marcha el régimen.

Los gobernadores en Casa Rosada (NA)

Cada provincia tendrá 30 días hábiles para adherirse, y luego otros 30 para presentar la documentación requerida para iniciar las negociaciones, y en los distritos guardan reserva sobre la viabilidad de esos tiempos para ordenar los papeles y ponerse de acuerdo internamente sobre la conveniencia de aceptar la metodología de pagos que propone el Gobierno. Por lo pronto, los libertarios advirtieron que no están obligados, pero pidieron colaboración y “creatividad” para encontrar una solución al tema de las deudas sin dañar el déficit fiscal.

En la conferencia de prensa donde anunció la medida, ayer por la tarde, Catalán dijo que el régimen busca “facilitar el saneamiento de las cuentas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Pero, más allá del intento de contener a los gobernadores de cara a la etapa final del debate legislativo por el Presupuesto, también hubo un cálculo económico a favor del Gobierno. “Las cosas que les vamos a transferir son cosas que también nos queremos sacar de encima. Cada uno va a tener su beneficio”, deslizó un alto funcionario nacional.

En Balcarce 50, donde reina el pensamiento economicista, tradujeron la iniciativa en términos del ámbito financiero o bancario: “Es como un clearing, o un settlement”, sostuvo un asesor presidencial. La primera refiere al proceso de compensación y liquidación de operaciones, donde se asegura que las transacciones se realicen correctamente y que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Mientas que las instituciones de clearing actúan como intermediarios, minimizando el riesgo de incumplimiento al garantizar que los pagos y activos se entreguen de manera segura y puntual.

“En otras palabras, les vamos a pagar con especias”, dijeron sobre la entrega como parte de pago de inmuebles, rutas, o empresas nacionales. “En lugar de que venga la plata al Tesoro, les damos directamente las propiedades o las empresas o los terrenos. Y nosotros logramos deshacernos de pasivos que generan gastos innecesarios para todos los argentinos”, agregaron.

Con esta fórmula, la Nación cree podría apuntar a dejar de emitir deuda pública, entregando activos que no le generan flujos o incluso crean gastos de mantenimiento. En el caso de la Ciudad, por ejemplo, pagarle impuestos por esos activos en buena parte inutilizados a las arcas porteñas.

Más allá del grado de adhesión que vayan a obtener de parte de los distritos, con el régimen anunciado ayer en el Gobierno proyectan una estrategia política. A partir de ahora, cada vez que los gobernadores le reclamen a la Nación por las deudas, sea de las cajas jubilatorias, de la coparticipación o en otros conceptos, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de responderles que Milei ya planteó una salida al problema. “El que no quiera adherir estará en su derecho, y se atendrá a las consecuencias”, advirtieron cerca del primer mandatario. En un primer sondeo, las voluntades en el interior eran un misterio y la mayoría se atajaba: primero quieren ver la letra chica.