Por

MARIANO MARTÍN

El Gobierno prepara un estímulo para sentar a la CGT en la mesa de diálogo tripartita con el sector empresario: la creación de un ente destinado a poner un límite a los fallos judiciales que les imponen a las obras sociales la cobertura de medicamentos o prestaciones por fuera de la oferta disponible para sus afiliados. En el Ministerio de Salud confirmaron que Mario Lugones tiene resuelto impulsar una iniciativa que, dijeron, interesa no sólo a los gremios que tienen prestadoras de salud sino también a prepagas, organismos provinciales y el resto de los actores del sistema sanitario. 

La denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (Agnet) es un proyecto que lleva años de discusión en gestiones de todo signo político y que apunta a conformar un estamento de expertos e integrantes de todos los subsistemas de salud (estatales, privados, de la seguridad social). Esa instancia se proyecta como revisora de la eventual inclusión de novedades en el menú prestacional, en general a raíz de sentencias de la Justicia. Esas inclusiones pueden ser desde drogas muy costosas o tratamientos experimentales hasta marcas puntuales de elementos utilizados en medicina con valores superiores a los previstos en la cartilla de cada efector. 

Ese compromiso asumido por Lugones en negociaciones discretas con la "mesa chica" de la CGT colaboró para predisponer mejor a la central obrera en su vínculo con la administración de Javier Milei y alejar el fantasma de una eventual medida de fuerza de alcance nacional. La propia conducción de la central confirmó el tenor de esa negociación y sus referentes dijeron que también se discute una redefinición del Programa Médico Obligatorio (PMO, el "piso" de servicios que debe ofrecer cualquier cobertura) tendiente, también, a abaratar costos. 

La Agnet había cobrado fuerza como iniciativa ya a comienzos de la gestión de Mauricio Macri como parte también de una negociación más amplia que incluía, al igual que ahora, la discusión sobre aspectos de una reforma laboral. Con la diferencia que aquella administración nunca llegó a cristalizar una flexibilización por la vía legislativa mientras que la gestión de Milei ya logró que el Congreso aprobara una modificación de la normativa laboral y sólo resta la reglamentación de aspectos clave como el artículo que pena los bloqueos a empresas con el despido directo. 

La conformación de esa agencia estuvo desde entonces al tope de las demandas de la CGT en todas sus negociaciones gubernamentales. Para atenuar el impacto en la opinión pública de un organismo pensado para limitar el acceso a prestaciones médicas, sus impulsores suelen aclarar que de constituirse, el carácter de sus dictámenes será consultivo y no obligatorio. Para los responsables financieros de obras sociales y prepagas, sin embargo, su mera conformación permitirá mitigar un costo de impacto impredecible por el avance tecnológico y la propensión, alegan, de los jueces a conceder amparos a pacientes del sistema de salud. 

Como anticipó esta semana El Destape, la CGT tiene previsto retomar sus actividades entre el martes y miércoles próximo con una reunión de su "mesa chica". Allí los dirigentes esperan atenuar la tensión existente entre el sector más levantisco del camionero Pablo Moyano y los espacios más dialoguistas, tanto los "gordos" de los grandes gremios de servicios, que tienen a Héctor Daer como referente, como los "independientes" de vínculo permanente con todos los gobiernos, como Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). 

Ese encuentro podrá ser la antesala de una convocatoria que volvió a tomar fuerza en el Gobierno con la participación de la central obrera y las cámaras patronales que integran el denominado Grupo de los Seis (industria, comercio, agro, banca, construcción y finanzas), que preparan con discreción el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, bajo el monitoreo del asesor plenipotenciario Santiago Caputo. 

La eventual "mesa tripartita" lucía inminente hace un mes y medio hasta que irrumpió en la agenda el paro de gremios del transporte que, tras idas y vueltas, terminó por concretarse el 30 de octubre. Los sectores más dialoguistas podrán llevar a la reunión de la "mesa chica" de la semana que viene el compromiso esbozado por Lugones como aliciente para sondear una tregua del sindicalismo tradicional con el Gobierno.