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DIEGO GENOUD

Durante la audiencia pública en la que se defendió a sí mismo y respondió a medias preguntas de los senadores sobre los temas más diversos, Ariel Lijo estuvo acompañado por su hijo y por su madre. Habló de gran parte de su familia, pero se cuidó de no nombrar a su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, su mano derecha en el teatro de operaciones de la justicia federal.

El pliego del magistrado emblema de Comodoro Py como ministro de la Corte Suprema de Justicia desató una confrontación sorprendente entre facciones del poder y sirve para ilustrar sobre el funcionamiento de la democracia. En un país empobrecido, con sobrevivientes que hacen malabares para afrontar su día a día, Lijo es un desconocido para la enorme mayoría de la población. Así funciona el poder permanente, de espaldas a una sociedad que desconoce sus reglas pero sospecha de sus privilegios. La opacidad es la regla. Las encuestas que hablan de un rechazo mayoritario a Lijo deben haber sido confeccionadas en los pasillos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, donde Victoria Villarruel juega de local, o en algún canal de televisión donde Lijo genera trastornos desmedidos.

Si Javier Milei y sus socios logran su objetivo de nombrar a un juez que carga con infinidad de cuestionamientos y denuncias penales, será la consagración del dominio que los tribunales federales tienen sobre la vida política en Argentina desde que Carlos Menem los creó, hace más de tres décadas. Venerado por Milei y gran parte de la dirigencia política, el ex presidente le dio status de casta a los jueces federales y les concedió un edificio para reescribir las leyes a su antojo.

Menem tuvo una mayoría automática para darle entidad legal a su transformación estructural a favor del poder económico, pero también creó un monstruo que esperó a su propio declive político para exigirle que rindiera cuentas. Lijo es heredero de esa familia. Llega de la mano de Ricardo Lorenzetti, que fue jefe del partido judicial durante 11 años y todavía quiere volver a serlo, para vengarse de la mayoría que conforman en su contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Y con el histórico compromiso republicano de Daniel Hadad e Infobae, leal vocero de Lorenzetti.

En su impugnación a Lijo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) lo describió como el más ineficaz de Comodoro Py, el juez con más demoras y peor desempeño en causas que involucran al poder. Además, hizo una lista con las denuncias en su contra por delitos económicos, asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho. Todo eso, dice la impugnación, lo vuelve incompatible como juez del máximo tribunal. 

Si los senadores del peronismo, el PRO, el radicalismo de Martín Lousteau-Yacobitti y los bloques provinciales le entregan los dos tercios al juez de la doctrina Irurzun, la interminable causa Correo y la argentinización trucha de YPF, no harán más que confesar en público quién gobierna a quién. En la Argentina de la crisis múltiple, la autoridad política es una circunstancia que se pone a prueba cada dos años y la lógica del poder permanente es inapelable. Así lo dice uno de los promotores que Lijo tiene en la oposición: “¿Qué político se va a querer pelear con un juez que va a ser ministro de la Corte?” Más allá de la suerte que corra su aventura de gobierno, Milei vino a poner de manifiesto la ley del más fuerte con una brutalidad inédita y en todos los planos. 

En una relación siempre asimétrica, el axioma no dicho de Comodoro Py apunta directo al corazón de la dirigencia política y no apareció en la audiencia del Senado. Es un mensaje que está lejos de los postulados que recitan los guardianes de la república: tiene un aire a cosa nostra, que puede ser resumido con una pregunta: “¿Cuánto vale tu libertad?”. Hay que tener espalda y fondos para responderla. De lo contrario, se apela al intercambio de favores de dudosa duración.

Nadie sabe si Milei tiene clara la experiencia reciente pero es evidente que el presidente apuesta a tener una garantía póstuma para él y su grupo. Como si tuviera su futuro asegurado en el poder, La Libertad Avanza promete a la oposición inaugurar un cambio de época donde Comodoro Py deje de jugar el papel de la extorsión. Pero los que están en el corazón del poder judicial piensan que los asesores de Milei se equivocan y se están comprando un problema. “Si lo hacen juez, va a ser un gran problema para Milei. Elegís a una persona que no conocés y después te arrepentís”, dicen. Macri y Cristina podrían abundar sobre esa clase de sentimientos. “Además, Ariel no maneja Comodoro Py. No es el jefe de Sebastián Casanello ni de Sebastián Ramos ni de María Eugenia Capuchetti”, agrega un hombre ligado al gobierno de Macri. Ese rol de liderazgo es el que aspira a recuperar Lorenzetti con Lijo como socio.

Como Menem en el origen, los inquilinos de Olivos tienen la pretensión de incidir en los tribunales de Retiro a través de operadores que conectan con el mundo del espionaje y las grandes empresas de comunicación. Lo particular en Lijo es que su modus operandi le generó aliados y enemigos en todos los frentes. Hoy lo rechazan una larga lista de aliados naturales de Milei. Primero, Villarruel y el Colegio de Abogados de la Ciudad que defendió durante años a los genocidas y elaboró en su última versión los artículos de la Ley Bases de Milei. También Macri, Julio César Saguier y Elisa Carrió. El silencio de la Asociación Empresaria Argentina, que cae pésimo en la cúpula de La Nación, tal vez se deba al predicamento que Gabriel Cavallo -ex cuñado y padrino de Lijo- conserva al oído de Jorge Rendo y Héctor Magnetto. El bloque de fuerzas que enfrentó al kirchnerismo en su apogeo lleva seis años partido en la esfera judicial.

Impregnado en el llano de un aire de pureza que no tuvo en el poder, Macri enfrenta la operación múltiple de uno de sus socios históricos en todas las canchas, Daniel Angelici, el gran proveedor de favores y palcos que Lijo supo usufructuar durante años. También los argumentos de Guillermo Montenegro, el ex fiscal que se probó con éxito en el terreno electoral. 

Bajo el macrismo, Comodoro Py adquirió una ferocidad inédita y su capacidad de daño sobrevuela todavía sobre el sistema de partidos. La lógica puede resumirse en una frase que repiten segundas líneas de la política que se educaron con Carlos Corach, uno de los beneficiados por Lijo en la causa Siemens por pago de sobornos. “En Argentina, el delito no es robar. El delito es perder”. Perder el poder o quedar expuesto ante una ley escrita por el enemigo. Aunque en el Senado se haya presentado como un "empleado judicial", amable y dispuesto al diálogo, Lijo conoce de memoria todos los procedimientos del caso. 

La castización de Milei vía Lijo tiene sus defensores. Son los que opinan que las distintas caras del poder económico que rechazan al candidato no se horrorizan por la infinidad de denuncias en su contra sino porque nunca pudieron controlarlo. Más proclives a cumplir con el establishment que con la política, los miembros del Partido Judicial pueden tener algún desliz.   

Si el kirchnerismo eligiera dar su decisivo apoyo para convertir en supremo a un juez emblema del lawfare que la ex presidenta se cansó de denunciar en mensajes y clases magistrales, sería porque decidió finalmente asumir en público su debilidad ante la justicia federal. A la condena de parte de sus seguidores, se sumaría una serie de preguntas tardías: ¿por qué haber desafiado a un poder al que no tenía forma de doblegar? ¿por qué no haber acordado en ese cuarto de hora de fortaleza relativa?. De momento, el mensaje de Cristina en privado es el que repite José Mayans: no hay por ahora ningún acuerdo, aunque podría haberlo si se amplía el número de jueces. Falta poco para saberlo.