El ministro del Interior, Guillermo Francos, arribará a Salta para reunirse con un grupo de gobernadores. Podría ser el primer paso para que se produzca un avance hacia la racionalidad en los vínculos entre las partes.
Por: Francisco Sotelo.
La reunión del ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores, convocada para el martes por el gobernador Gustavo Sáenz, podría ser el primer paso para que se produzca un avance hacia la racionalidad en los vínculos entre el poder central y las provincias.
Hay una dificultad inmediata: los diez gobernadores de Juntos por el Cambio condicionan el restablecimiento del diálogo a que los reciba el presidente Javier Milei.
Detrás de la verborrea agraviante de Milei contra cualquiera que le sirva de chivo expiatorio como culpable de la decadencia del país, incluidas las personas de la cultura, se observa una estrategia clásica del populismo para inventar un enemigo. Al tratarse del primer mandatario de la Nación esto no puede quedar como si fuera palabrerío de panelistas de farándula.
El presidente debe recapacitar y asumir personalmente el diálogo. La población del interior del país no es un mero dato en las planillas Excel. Le toca gobernar un Estado federal, aunque reniegue del concepto de "Estado" y aunque no le interese mantener diálogos estratégicos con los gobernadores y legisladores elegidos por las provincias. La "casta" es parte de la invención estratégica.
Los gobernadores y los legisladores no pueden ser objeto de represalias por el fracaso de una ley ómnibus que, por su misma extensión e imprecisión estaba destinada a un rápido final. Los fideicomisos, el gran problema que precipitó la caída de ese proyecto, son una forma de financiamiento, probablemente con déficit en los controles del gasto, como ocurre en todos los estamentos del Estado.
¿Son la caja negra de la política? Lamentablemente, la política clientelar es una construcción generalizada en todos los ámbitos (nacional, provincial y municipal) desde hace mucho tiempo. No hay una "caja negra"; hay miles de rajaduras por las que se filtra el dinero del Estado para financiar la política. El país está lleno de "Chocolates". Y los organismos de control, cooptados por los gobiernos a los que deben controlar, son los que permiten ese drenaje.
Ese es un problema para resolver, pero no será por arte de magia ni con un presidente que exhibe cierta tendencia al despotismo. Y no es gratuito: el otro motivo de su indignación fue que no prosperó su proyecto para que se le otorgaran facultades delegadas (superpoderes) para gobernar sin el "estorbo" del Congreso durante cuatro años.
El país atraviesa una crisis de magnitud y las simplificaciones impiden conocer y resolver los grandes problemas. Milei ataca con la misma furia que la Biblia atribuye a Moisés cuando el pueblo adora a otros dioses. Pero para ser profeta, primero hay que demostrar autoridad y transparencia. Acusando sin ton ni son y cerrando las puertas a los acuerdos no se llega a ningún lado.
Es fácil estallar en ira, O fingirla. Más difícil es gobernar bien. Pero la ira puede más que la responsabilidad que impone el cargo. El desplazamiento de la secretaria de Energía, Flavia Royón, y al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, por los votos de dos diputadas, la salteña Pamela Calletti y la cordobesa Alejandra Torres, esposa de Giordano, ratifica la tradición de nombramientos y despidos a dedo, sin tomar en cuenta la idoneidad y por caprichos políticos.
Concretamente, si un fideicomiso es fuente de corrupción, antes de denunciarlo por redes, primero hay que verificarlo, luego corregirlo y, en todo caso, hacer la correspondiente denuncia ante la Justicia Federal. El 2% del PBI que el Estado invierte en fideicomisos es ineludible. Si los elimina y prestan un servicio esencial, habrá que seguir gastando en ellos. En realidad, invirtiendo.
No se puede sacar todos los muebles a la vereda para cambiarlos, si uno antes no tiene asegurado que va a tener plata para pagarlos. Todo debe ser acordado y consensuado. Incluso, la depuración de la administración pública.
El presidente no puede pelearse con los gobernadores, porque este es un país federal, y las decisiones deben ser compartidas, le guste o no. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas pone seriamente en riesgo el orden institucional del país.
No hay plata
El ajuste, sintetizado en el lema "no hay plata", explicaría que se hayan suspendido los giros de ATN, que son fondos de las provincias y no del Estado nacional, lo mismo ocurre con el Incentivo docente y todos los demás recursos escatimados a las provincias, especialmente, la paralización de las obras públicas que, también, son derechos adquiridos por los habitantes las localidades del interior.
El ajuste se ve favorecido por la inflación, que fue del 20,6% en enero y acumuló 254,2% en los últimos 12 meses. El "no hay plata" funcionó para jubilados, pensionados y muchos asalariados e hizo posible un anuncio que sonó triunfal para el ministro Caputo, aunque nadie se conmovió, fuera del círculo íntimo del poder. En enero, también, el superávit primario llegó a 2 billones de pesos por primera vez en 12 años. Los ingresos crecieron por varias fuentes, pero la inflación también aumenta la recaudación tributaria.
Pero con este triunfo transitorio, la bomba social sigue latente.
Quienes mejor saben lo que significa "no hay plata" son los sectores de menores ingresos. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la inflación y la devaluación llevaron el índice de pobreza por ingresos al 57% en enero último. Casi 27 millones de personas son pobres y 7 millones indigentes.
Un informe de la Fundación Capital advierte que el ingreso real de los trabajadores formales en diciembre de 2023 quedó al nivel de 2002.
La reunión del martes es crucial. El país no solo necesita ajuste, que es imprescindible, pero de por sí no soluciona nada. El problema nacional, fundamentalmente, es político y se lo resuelve actuando con grandeza y comenzar a generar indicios de seguridad jurídica y estabilidad.
Están por delante las grandes reformas: previsional, laboral y tributaria. Y con esta última, la coparticipación. Por ese camino, únicamente, será posible comenzar a diseñar un proyecto de desarrollo productivo en términos del siglo XXI y pensado para todas las regiones. Esto no se lograrán con "las fuerzas del Cielo" son con la participación activa de las provincias y el Congreso.
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