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EUGENIA RODRÍGUEZ

Esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del gobierno de “suspender la operatoria” de un conjunto de cooperativas creadas desde el 2020 en adelante, asegurando que “se van a inspeccionar 4.355 y a reiterar la autorización de operar a 11.853 suspendidas en 2019”. Calificadas por el oficialismo como “otra caja que desaparece” se trata en realidad de un sector clave para la economía argentina en tanto genera el 10% del PBI llegando a abarcar a unas 20.000 empresas y unidades productivas con impacto directo en más de 350 mil fuentes de trabajo y un rol central en el desarrollo local a partir de su presencia en diferentes sectores de la industria, los servicios y el agro. Además, se estima que unos 2 millones de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad podrían encontrar su forma organizativa en el cooperativismo.

De hecho, el mundo cooperativo al que apunta la gestión libertaria tiene sus orígenes allá por el 1900, misma época a la que el propio presidente Milei describe como “el siglo donde el país arrancó como el más rico del mundo”, con la llegada de los primeros inmigrantes europeos que dieron vida a incipientes cooperativas nacionales junto con mutuales, sociedades de fomento y sindicatos. Así, la primera ley argentina de cooperativas se promulgó en diciembre de 1926 -Ley General Nº11.388- comenzado el sector a cobrar cada vez más fuerza en el entramado productivo nacional y en la formalización de puestos de trabajo, sobre todo tras las consecuencias de las políticas neoliberales de los ’90, también reivindicadas por el actual gobierno nacional, que duplicaron el desempleo y llevaron a la exclusión a millones de trabajadores. 

En el presente, las cooperativas y mutuales participan en diferentes sectores como educación, consumo, crédito, medios, salud, seguros, servicios públicos y turismo, entre otros y tienen un impacto tal en las localidades del país que se estima que hay más de siete millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas, casi dos millones de personas se atienden en cooperativas de salud, y aquellas que se desempeñan en el rubro de telecomunicaciones llegan a estar en 20 provincias del país ofreciendo servicios de internet y televisión a la población, sumado a la creciente presencia en el comercio exterior que permitió que en 2023 exportaran unos 120 productos al mundo, alcanzando los 965 millones de dólares y mejorando la participación en el total de ventas al exterior, que se ubicó en torno al 3%.

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Frente al anuncio oficial que no incluyó, al momento, información precisa sobre cuáles serían los presuntos incumplimientos y a qué sectores abarcaría, un conjunto de cooperativas se declaración en estado de alerta y anticiparon una movilización frente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) organismo encargado de la promoción y control del sector, todo ello en una coyuntura que plantea serias dificultades para el sector por la apertura indiscriminada de importaciones, el deterioro de la actividad y el consumo doméstico y el recorte del acompañamiento estatal. Sobre esto último, en diálogo con El Destape, Alexandre Roig, ex presidente del INAES, analizó que "es una declaración pública que busca asustar y amedrentar, pero que después la disposición legal es un procedimiento normal, burocrático" vinculado al control que tiene a su cargo el organismo, en tanto se anticipó que la suspensión del funcionamiento “atenta contra la propia ley de cooperativas y el marco legal vigente”.

Un dato no menor tiene que ver con que la expansión del cooperativismo a nivel global fue en ascenso en estos años al punto de que, según precisó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un volumen de facturación que las posiciona como la sexta economía del globo además de que proporcionan empleo al 10% de la población ocupada. Asimismo, una declaración reciente de las Naciones Unidas dio cuenta de la importancia del cooperativismo para el desarrollo económico de los países y la OIT, por primera vez en 110 años, destacó el rol de cooperativas y mutuales para organizar gran parte del sector productivo de los países. 

El rol en la economía nacional

En Argentina funcionan unas 20.000 cooperativas y 5.000 mutuales, que generan más de 350 mil puestos de trabajo en tanto que al menos 27 millones de personas están vinculadas, directa e indirectamente, a estas formas de organización del trabajo, de prestación de servicios, de ayuda social y económica cuya producción explica cerca del 10% del PBI del país, según datos oficiales y sectoriales.

En detalle, de acuerdo con la última información disponible presentada por el área de Estadística del INAES en 2023, existen 19.076 cooperativas distribuidas en todo el territorio nacional que “contribuyen a originar puestos de trabajo y a fomentar una economía sostenible”. En relación hay más de 316.000 trabajadores y trabajadoras vinculadas al sector, que se ubican principalmente en la provincia de Buenos Aires (28%) seguida por CABA (17%) y Santa Fe (10%), entre las principales. Asimismo, las mutuales abarcan a más de 34.00 trabajadores en relación de dependencia, siendo Santa Fe y CABA las que concentran el 55% del total. Del conjunto de cooperativas, un 57% se ubicó en la Región Centro (Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe), en tanto que en la región Noroeste (NOA) se destacó la presencia de Jujuy (representa 5% del país y un 26% del total de la región), en la región Noreste (NEA) cobró relevancia Chaco (5% del total y el 41% de la región) mientras que en la Patagonia se destacó Chubut (2,6% del país y un 30% de la región) y en Cuyo, encabezó Mendoza (2% del país y 52% de la región). 

En cuanto a los sectores de la economía en los que se desempeñan, sobresale el rol de las cooperativas de trabajo (79% del total), seguidas por aquellas que prestan servicios públicos (6%), las de vivienda y construcción (4,4%) y las agropecuarias (4,2%). A su vez tienen fuerte presencia en rubros como construcción (23,5%), en industria manufacturera (10,1%), en comercio (4,7%), y suministro de agua, cloacas y gestión de residuos (4,5%), y en los últimos años creció la presencia de la economía popular a partir de la formalización de sectores del trabajo no registrado (hay cerca de 11 millones de personas en ese sector, unos 4 millones están registrados en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) y se estima que al menos 2 millones podrían encontrar su forma organizativa en el cooperativismo), de la economía del cuidado de personas, y cooperativas de tecnología. Se agrega también la tendencia al alza en materia de ventas al exterior que se traduce en ingreso de divisas para el país. Según los últimos datos relevados por el Monitor de Exportaciones del Cooperativismo, entre 2018 y 2023 las exportaciones del sector crecieron un 32,5% con envíos a 88 destinos globales, entre los que se destacan China, Vietnam, India, Malasia y Perú, marcando una mayor injerencia anual sobre el total de las ventas argentinas al mundo. 

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De acuerdo con una encuesta realizada en 2023 a 21 empresas del sector por parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) se destacó que, del total consultado, el 52% manifestó haber realizado exportaciones, en tanto que la participación de las ventas al exterior en la facturación total se ubicó, en el mayor número de empresas, aún por debajo del 50%. Los principales destinos fueron Estados Unidos (8 cooperativas), Uruguay (5 cooperativas) y España (2 cooperativas). Respecto de los servicios exportados, sobresale el caso del software, a lo que se suman otros servicios profesionales como “asesorías y proyectos llave en mano, servicios de ciencia de datos, comunicación, finanzas y sistemas de información geográfica”.

"Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo a instituciones que no tenían, ni siquiera, la más mínima certificación de legalidad”, expresó el vocero del gobierno al anunciar la suspensión de cooperativas del país, no obstante en un comunicado de un conjunto de cooperativas titulado "Frente a la persecución al cooperativismo en Argentina" se alertó que “las cooperativas generamos nuestros ingresos, el INAES, organismo de control, no financia a las cooperativas que fueron creadas en este periodo”. Según expresaron, “resulta sorprendente que el Sr. Vocero desconozca que las cooperativas somos entidades de ayuda mutua y que nos autofinanciamos con el trabajo autogestionado de nuestros asociados y asociadas”. 

En esa línea, vale recordar que en mayo de 1973 se promulgó la actual Ley Argentina de Cooperativas Nº20.337, que estableció como Órgano de Aplicación al Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) que desde la sanción de la ley ha transitado distintas estructuraciones y en 2000 se transformó en el conocido INAES, que tiene por función “la promoción, registro y fiscalización de las cooperativas y mutuales del país”. En 2020, el organismo dejó de funcionar en la órbita de Desarrollo Social y pasó a formar parte de la cartera de Desarrollo Productivo para “contribuir a la producción y la generación de puestos de trabajo", según la decisión oficializada por entonces. Las tareas concretas del organismo consisten en el acompañamiento y asesoramiento sobre trámites administrativos que hacen a la conformación de estas entidades, el control del funcionamiento del sector, la puesta en marcha de misiones para fomentar exportaciones, participación en ferias internacionales, y contactos con actores globales para lograr la apertura de circuitos comerciales, y el financiamiento a partir de créditos a tasas subsidiadas según las demandas de todo sector productivo, con destino a mejoras en la productividad, en su mayoría inversión en equipamiento y tecnología.

Cómo impactan las medidas

El cooperativismo tiene un rol muy arraigado en las comunidades del país debido a su aporte en el desarrollo local, tanto por la creación de empresas productivas y generación de empleo como por la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, de avanzar con las medidas anunciadas el gobierno no solo podría afectar a las más de 300 mil fuentes de trabajo y a las otras tantas que están vinculadas, directa e indirectamente, con las 20 mil empresas del sector, sino que también podría perjudicar a las localidades que tienen suministro de electricidad gracias a estas empresas, así como a aquellas en donde garantizan accesibilidad a internet, cable por TV y telefonía celular más allá de la rentabilidad obtenida, además de que construyen viviendas y barrios completos, impulsan el acceso a créditos, administran escuelas, radios, canales de televisión, cuentan con experiencia en producción de software, brindan servicios de salud y trabajan con pymes de todo el país.

Se suma también que muchas se ven afectadas por la reciente apertura importadora de alimentos y medicamentos, lo que atenta contra la actividad de empresas argentinas. “Somos generadores de empleo por naturaleza, por eso un sistema conservador abierto a las importaciones atentaría contra la industria nacional y la producción local. Las cooperativas de trabajo vendemos el 90% de lo que producimos dentro del país”, señalaron en esta nota con el medio desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra). 

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Desde el sector vienen planteando, en el marco del proceso de aceleración inflacionaria que atraviesa el país, sobre todo en materia de alimentos de la canasta familiar, la necesidad de desarrollar “una red de actores territoriales para desplegar un plan cooperativo enfocado en la producción y comercialización de alimentos, también en la promoción del cooperativismo de consumo como política de organización de los consumidores en la defensa del ingreso familiar, a favor del consumo social y ambientalmente responsable, y con un programa nacional para el financiamiento proyectos cooperativos de vivienda”. 

Contra la ley vigente

Las cooperativas cumplen requisitos legales según la normativa nacional vigente y son controladas por el INAES desde el inicio de su funcionamiento. “Claramente, los controles del Estado son necesarios para evitar los abusos. Entre el 2021 y el 2023 se implementó un sistema que proporciona al INAES datos sistematizados, fortaleciendo su capacidad de control sobre las entidades cooperativas, colaborando con el Ministerio de Trabajo, Sintys y AFIP, compartiendo información para una supervisión integra”, respondió públicamente el ex titular del INAES en la gestión anterior, Alexandre Roig y agregó que “gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada, un hito sin precedentes. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible”.

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En ese sentido, al ser consultado por este portal indicó que "es una declaración pública que busca asustar y amedrentar, pero denota simplemente un proceso burocrático normal". No obstante, resaltó "dos aspectos clave, uno vinculado al terrorismo comunicacional del gobierno y otro que tiene que ver con la forma en la cual todos los días tergiversan los procesos legales, y la verdad es que el respeto de los debidos procesos tiene que ver justamente con la garantía de Estado de Derecho. Entonces, estar manipulando todo el día los procesos como lo hacen, porque después corrigen, modifican, atenta contra la buena estructura jurídica del país, por lo que tanto desde el punto de vista discursivo como desde el punto de vista jurídico, es sumamente problemático".

Según dijo, los anuncios del oficialismo, "contravienen la ley de cooperativas y el marco legal vigente” en tanto que de avanzar en esta medida se estaría sentando un precedente grave para el desarrollo del sector ya que “nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún sin seguir el debido proceso legal”.