Por: Marcelo Di Bari.

En un intento de preservar la relación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno inició el proceso para abonar a ese organismo unos U$S 1400 millones destinados a saldar el crédito stand by pactado por el macrismo en 2018. Los pagos corresponden a una cuota de capital por U$S 690 millones, que se giró el viernes, y a un monto similar correspondiente a los intereses trimestrales generados tanto por aquel programa como por el de facilidades extendidas que se negoció el año pasado.

Esas cancelaciones se realizan con los DEG (derechos especiales de giro) que el mismo Fondo envió para cancelar el préstamo inicial. No afectan las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, aunque impactan en la contabilidad de este último: según el informe del último viernes, las reservas brutas cayeron a U$S 35.296 millones, el monto más bajo desde octubre de 2016 a la fecha, y volverán a caer en los próximos días, cuando se abonen los intereses.

En un marco como el actual, con una corrida cambiaria que elevó 18,7% la cotización del dólar paralelo en el último mes (el viernes terminó a 469 pesos) y con las reservas netas del Central agotándose a ritmo acelerado, la decisión de cumplir el cronograma de pagos vigente es toda una señal política del Palacio de Hacienda, que apuesta a mantener el vínculo con el FMI aunque con un «rebalanceo» del programa que incluya una reformulación integral de sus condiciones.

El objetivo de máxima del equipo económico es que el Fondo acepte acelerar los desembolsos previstos para el corriente año, que suman unos U$S 10.800 millones. En principio, el programa vigente establecía que esos montos fueran enviados en tres tramos: U$S 4000 millones en junio, U$S 3400 en septiembre y otro tanto en diciembre. Antes de girar cada una de esas partidas, los auditores del organismo deben verificar previamente el cumplimiento de las metas previstas en materia de déficit fiscal, acumulación de reservas y asistencia monetaria por parte del BCRA.

Por estas horas, la propuesta de Economía es anualizar las metas, de manera que los fondos se envíen ahora y que la auditoría se realice recién en los primeros meses de 2024. Eso daría aire a la gestión local para atravesar los meses previos a la elección, disminuir el efecto de la incertidumbre política y de paso ganar tiempo para encontrar maneras alternativas de paliar la escasez de divisas generada por la sequía.

Hay un antecedente concreto sobre los márgenes de maniobra que tendría la entidad para aceptar modificar los términos originales: en septiembre de 2018, apenas tres meses después de suscribir el programa original, el FMI entonces dirigido por Christine Lagarde aceptó ampliar el respaldo a la administración de Mauricio Macri de los U$S 50.000 millones originales a U$S 57.000 millones. Y además consintió en que los montos que originalmente iban a quedar a disposición de manera precautoria (el gobierno sólo iba a retirar en principio U$S 15.000 millones) fueran girados de manera efectiva.

Foto: Fernando Gens / Télam

Todo en discusión

En el gobierno insisten en que la renegociación del acuerdo será integral. «Está todo en discusión», dijeron voceros oficiales después de la reunión que tuvieron hace dos semanas el ministro de Economía, Sergio Massa, con la subdirectora del FMI, Gita Gopinath. Desde entonces hubo reuniones virtuales casi permanentes entre el equipo económico y los negociadores del organismo, Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. Del lado argentino, el protagonismo pasó por el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur. Se preveía que ambos iban a viajar a Washington en los últimos días, pero finalmente dejaron esa misión en manos de equipos técnicos del Ministerio que pulirán los números antes de que llegue el momento de tomar una decisión política.

«Viajó parte del equipo técnico de Gabriel y de Leo, como siempre. El objetivo es lograr un rebalanceo del programa a partir de lo que ocurrió con la sequía», dijeron voceros de Massa a este diario.

Lo que queda del programa de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022, hace apenas 13 meses, es poco más que una cáscara sin contenido. Ni siquiera sus principales negociadores se mantienen en sus puestos: Martín Guzmán dejó de ser ministro en julio del año pasado y Julie Kozack fue degradada de economista jefe especializada en casos difíciles a vocera de prensa de la entidad.

El acuerdo no preveía los efectos que la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya había estallado, tendrían sobre el comercio internacional y el precio de la energía que Argentina necesitaba importar. En los últimos meses hubo nuevas cuestiones que alteraron su sentido, como la sequía que rebanó en unos U$S 20.000 millones los ingresos por exportaciones agrícolas para este año. La posterior modificación de la meta de reservas no cubrió el agujero que las menores retenciones por cobrar provocarían en el frente fiscal. Mientras la meta de déficit primario se mantuvo en 1,9% del PBI para todo el año, Economía ya incumplió el objetivo para el primer trimestre del año: se pasó en 56% de los $ 441.500 millones proyectados.

Foto: FMI

Calmar la tormenta

Mientras tanto, con la tormenta cambiaria desatada y con el dólar paralelo acercándose velozmente a los 500 pesos, Massa tomó dos decisiones. Una fue salir a frenar las cotizaciones bursátiles (CCL y MEP), para lo que ordenó al Banco Central que vendiera bonos en su poder y ayudara a deprimir esos precios. Eso fue exactamente lo contrario a la exigencia de Gopinath de «evitar las intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa». En los pasillos del Ministerio de Economía aseguran que informaron a Washington antes de desobedecer esa recomendación.

La otra fue la segunda suba en una semana de las tasas de interés, que pasaron a ser de 91% nominal anual. El Fondo también había insistido en ese punto «en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o se intensifiquen las presiones cambiarias». El directorio del BCRA demoró en tomar esa decisión, quizás consciente del perjuicio que causa en el déficit cuasifiscal de la entidad ($ 90.000 millones adicionales por mes para remunerar las Leliq y pases en poder de los bancos), pero terminó rindiéndose ante la necesidad de frenar la corrida.

Mientras se resuelve el frente con el FMI, en los últimos días Massa retomó con su peregrinaje por diferentes ventanillas para tratar de conseguir dólares. En esa línea, anunció que se activará otro tramo del swap con China para que importaciones de ese país por un equivalente a U$S 1800 millones se paguen directamente en yuanes, con el consiguiente ahorro de divisas estadounidenses.

Además, el ministro negoció con el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF) un crédito de U$S 690 millones para infraestructura universitaria. Los fondos ingresarán en dólares y como las obras se realizarán en pesos, las divisas quedarán momentáneamente en el Banco Central, lo que ayudará a apuntalar la escasa

cantidad de reservas netas. «

Magros resultados del dólar soja

La reedición del Programa de Incremento Exportador, más conocido como dólar soja (aunque esta vez ampliado a otras economías regionales), está dejando por ahora resultados más magros de lo esperado. Si el gobierno esperaba obtener por esta vía unos U$S 5000 millones en dos meses, al llegar a la mitad del período se liquidaron sólo U$S 1605 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El incentivo de pagar 300 pesos por dólar, casi un 40% más que en el mercado oficial, no fue suficiente para doblegar la mala cosecha por culpa de la sequía. En la provincia de Santa Fe, por caso, «sólo computando los resultados en soja, trigo y maíz, el productor ha perdido a la fecha dos tercios de la cosecha. De 22,6 millones de toneladas que esperaban levantarse al momento de la siembra, hoy se proyectan levantar apenas 7,7 millones», explicó la BCR.

Con ese panorama, el mes de abril, que suele tener fuerte liquidación de divisas, apenas dejó un saldo positivo de U$S 33 millones para el Banco Central en sus operaciones en el mercado.

Dólares: 59 empresas castigadas

La Dirección General de Aduanas suspendió de forma preventiva a 59 empresas exportadoras tras detectar que no liquidaban las divisas en el mercado de cambios luego de vender sus mercaderías al exterior.

En un comunicado, Aduana indicó que a partir de una serie de análisis y cruces sistémicos de las operaciones de exportación encontró «inconsistencias e irregularidades» en las operaciones de estas empresas, que no identificó, aunque consignó que operaban en el comercio exterior de aceites, grasas, granos, ajo, carne, cebollas, cereales, frutas, hortalizas, harina de trigo, lanas, cueros, pescado, porotos, tabaco y uvas. Todas materias primas.

El organismo de contralor recordó que los plazos máximos para liquidar divisas desde el permiso de embarque van de los 15 días para la soja hasta los 180 días para las economías regionales, con casos de hasta 365 días.

La Aduana detectó que, para aprovechar la brecha cambiaria, «muchos exportadores no liquidaban las divisas ante el Banco Central y las dejaban en el exterior», o, en su defecto, «las convertían al tipo de cambio de contado con liquidación».

A principios de abril, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que un grupo de empresas, que no identificó ni cuantificó, no liquidaron U$S 3700 millones de exportaciones cuyos plazos ya habían vencido. En esa oportunidad, Massa aseguró que esas firmas tenían un plazo de 30 días para realizar los cambios de moneda. A la luz de la decisión de Aduana, 59 no cumplieron.