La renegociación de la deuda externa ingresa en su recta final. Entre la próxima semana y la siguiente, el Gobierno lanzará la oferta formal de canje para los bonistas, cuya estructura termina de calibrar por estas horas. Con enviados del FMI y algunos de los principales fondos de inversión en el país, la gran incógnita es si el ministro de Economía, Martín Guzmán, logrará abrochar un rápido acuerdo de reestructuración sin caer en default, tal como prevé su hoja de ruta. En paralelo, el Ejecutivo avanza en un plan para ampliar la captación de recursos desde bancos multilaterales.

En Economía insisten en que la misión del FMI encabezada por Julie Kozack, subdirectora para la región, y Luis Cubeddu, encargado del caso argentino, que permanecerá hasta el viernes, es de carácter netamente técnico. Aunque sobre la mesa de conversación con distintos funcionarios está el posible esquema de un nuevo acuerdo que contemple el pedido del Gobierno de posponer al menos tres años el plazo de repago de los USD44.000 millones del stand by. Voceros del Fondo confirmaron que esta vez no habrá comunicado.

Aún resta confirmarse la fecha de llegada de una próxima misión de revisión de las cuentas fiscales, monetarias y externas en el marco de la consulta del artículo IV del convenio constitutivo del Fondo, que será el paso previo a cualquier votación de un nuevo programa en el directorio del organismo.

Más premura hay en cerrar la reestructuración con los acreedores privados de títulos argentinos emitidos bajo ley extranjera por unos USD70.000 millones. El cronograma oficial prevé que el proceso termine el 31 de marzo pero en el mercado creen que se extenderá.

Este martes Economía anunció la designación de Morrow Sodali como agente de información y les dio tiempo hasta el 16 de marzo a los tenedores de los bonos para informar sus identidades y tenencias, con la intención de contactarlos para acercarles la propuesta. Se trata de un paso fundamental, previo a la presentación de la oferta de canje.

Con respaldo del FMI, que declaró insostenible la deuda y pidió una contribución apreciable de los bonistas, Guzmán busca conseguir un período de gracia de más de dos años y una fuerte quita de capital e intereses, con el objetivo de ganar margen para que la economía salga de la recesión y recuperar la sustentabilidad para acceder de nuevo al mercado cuando se retomen los vencimientos.

El lunes llegaron al país enviados de grandes fondos como Blackrock, Templeton, Pimco, Greylock y Fidelity, en busca de presionar para evitar una quita de capital. Aún no hay confirmada una reunión con Guzmán.

En paralelo, y con la variante del default no descartada por nadie, el Gobierno busca apuntalar su posición en frente a los bancos multilaterales como vía alternativa para financiar obras públicas que ayuden a salir de la recesión. La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial son los apuntados.

Alberto Fernández firmó antenoche un préstamos por USD700 millones de la CAF para proyectos en educación, vivienda, sanidad, transporte y energía. Pero la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le dijo a Télam que el Ejecutivo irá por más y buscará ampliar el financiamiento de esta entidad a USD4.000 millones en los próximos cuatro años.

También forma parte de esta estrategia el impulso argentino de la candidatura del actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, a la presidencia del BID, que tiene una cartera de USD3.874 millones ya adjudicados al país pero cuyos desembolsos se freezaron en medio de la crisis.

Además, el Ejecutivo ya nombró como representante en el Banco Mundial a la economista Cecilia Nahón, con el objetivo de destrabar giros pendientes por unos USD3.000 millones.