Golpeadas todavía por una crisis que no terminan de dejar atrás, pródiga en suspensiones, despidos y pérdidas de rentabilidad, varias automotrices fueron citadas la semana pasada a una reunión en el Ministerio de Economía. Las esperaba parte de latask force de Axel Kicillof. Mariana González, secretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad; Mariana Matranga, secretaria de Energía, y Débora Giorgi, ministra de Industria, entre otros, les comunicaron allí la inminencia de una medida a la que el Gobierno no termina de dar forma, pero que dice tener decidida: subir de 10 a 12%, durante un lapso de seis meses, la proporción de etanol en los combustibles.

La razón manifiesta del encuentro era ponerlos al tanto de una modificación que, como fabricantes de automotores, los incumbe. La razón latente corrió por cuenta de Débora Giorgi: se pretende, dijo, que la nueva normativa sirva como salvavidas para los ingenios del noroeste argentino, castigados por la caída en los precios internacionales y la sobreoferta de azúcar. "Los tucumanos están muy mal", explicó la ministra. No hay dudas de que se trata de una economía regional en problemas. Ledesma, por ejemplo, viene de tener su primer ejercicio de resultados negativos en muchos años.

La iniciativa apunta a mejorar la rentabilidad de esa industria. Como el etanol se hace con caña de azúcar, elevar la obligación del corte que hacen las destilerías beneficiaría entonces tanto a grandes como a pequeños productores: a los primeros, que son los que refinan biocombustibles, porque supone una mayor demanda en un producto que casi iguala al petróleo en el precio; a los pequeños, porque tomarán el mercado minorista que dejen las corporaciones en supermercados y almacenes.

Pero las automotrices no están de acuerdo. Eternos malpensados, atribuyen la nueva normativa a las exitosas gestiones de José Alperovich, gobernador de Tucumán, y la desaconsejan desde el punto de vista técnico. Algunos vienen incluso de encargar costosos estudios que arrojaron el resultado que todos imaginaban: deberán invertir en la adaptación de nuevos vehículos porque, de lo contrario, el mayor grado de etanol provocará empeoramiento de las emisiones de dióxido de carbono, aumento en el consumo de combustible y tal vez un mayor desgaste del motor.

Hay que entender estas contorsiones como los últimos ensayos del Gobierno por rescatar actividades que, por la inflación, el atraso cambiario y el cepo, no logran recuperarse. Un alto en el camino en el "proceso de reindustrialización nacional" que pregona Kicillof: según el Indec, la actividad fabril cae de manera ininterrumpida desde hace 22 meses.

Es el contexto estanflacionario que deberá asumir el próximo gobierno, sea cual fuere, y al que esta semana un fallo de la Organización Mundial del Comercio le agregó una novedad: desde enero, la Argentina deberá eliminar o adecuar las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI), la herramienta vedette del kirchnerismo en la administración del comercio.

La preocupación sobrevuela apenas en voz baja entre los empresarios, pero es probable que la UIA lo discuta internamente la semana próxima. Allí, las opiniones están divididas. Un reciente sondeo de la central fabril entre sus socios indica que, mientras 34% de los consultados dice que las DJAI son útiles "para preservar el mercado interno de la competencia desleal", otro 36% les atribuye haberles provocado algún problema en el proceso productivo. Divergencias que en la UIA se dan bajo la premisa generalizada de que nadie pretende un país completamente cerrado. También lo indica la encuesta: el 70% de las empresas tiene importaciones para desarrollar su actividad y, de ese universo, un 88% dice no poder reemplazar a esos proveedores por firmas locales debido a dos motivos: o porque el producto no se fabrica aquí (58%) o porque simplemente no tiene la calidad del importado (25%).

Si no repunta, parte de la industria, emblema del modelo productivo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social, podría terminar el ciclo kirchnerista como uno de los grandes sectores despechados. Tal vez ese peligro haya convencido a Daniel Scioli de volver a emitir anteanoche, en una comida recaudatoria en Costa Salguero, gestos hacia una porción fabril que lo respalda, representada allí por dirigentes como Osvaldo Rial, Juan Carlos Lascurain y Alberto Sellaro. Lo hizo con una frase que, entre líneas y contra los preceptos kicillofianos, ubicaba la gesta reindustrializadora más en el futuro que en el presente: "Se viene la etapa del desarrollo nacional -dijo-. Es lo que necesitamos después de una etapa en la que, gracias a Néstor y a Cristina, logramos el desendeudamiento y la inclusión".

Es el equilibrio retórico al que está condenado el candidato. Debe prometer sin criticar, fusionar lo que se va con lo que se viene. Por lo menos hasta octubre, el mandato es irreversible porque figura escrito en la propia fórmula con Carlos Zannini. El encuentro en Costa Salguero volvió a ser un ensayo en ese sentido. Antes de que el gobernador sobresaltara a la mesa de banqueros para reclamar "que la banca privada se incline hacia el crédito productivo y no hacia la especulación financiera" y propusiera que China y Rusia fueran "alianzas estratégicas", el viejo militante maoísta ya había recitado el manual del alumno bonaerense. "Ésta es una reunión en la que se nota la buena onda, la energía positiva -arrancó Zannini-. No podemos hacer una política dramática: tenemos que hacer una política con la alegría." Cada tanto, con todo, el secretario de Legal y Técnica parecía volver al decálogo kirchnerista. "Vamos a derribar las murallas de la desinformación", se exasperó al referirse a los medios, pero recuperó el candor del discurso con una despedida de corte espiritual: "Que Dios los bendiga".

Si el kirchnerismo se propone continuarse a sí mismo, es natural que trabaje asumiendo que heredará sus propios desajustes fabriles. Esta noción obliga en estos días a funcionarios del Palacio de Hacienda a una tarea infrecuente: comunicarse con compañías de sectores diversos y pedirles que les propongan medidas paraarancelarias capaces de reemplazar la protección que suponen las DJAI. Toda una novedad para militantes que se jactan de que, hasta Néstor Kirchner, eran las propias empresas las que caían al Palacio de Hacienda con los decretos ya redactados. ¿Nuevos vientos de ímpetu dialoguista? Por ahora, parece más bien una cuestión de necesidad mientras la economía apremia. En política, a veces, la ocasión hace al corporativista.