La denuncia de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no pasó desapercibida en el organismo y fue motivo de análisis durante la última semana.

La ex presidenta denunció el lunes ante la Justicia y el organismo a un supuesto “grupo de tareas” que le inició una inspección irregular en la regional de Comodoro Rivadavia durante la gestión de Mauricio Macri. Además de rechazar una supuesta deuda por impuesto a las ganancias, la defensa de CFK detectó irregularidades en la tramitación del reclamo, ya que se habría ordenado que fuera una inspección secreta, algo prohibido en el organismo. Los inspeccionados deben ser notificados para poder defenderse.

A pedido de la vicepresidenta, la titular del fisco, Mercedes Marcó del Pont, ordenó una investigación interna.

En el organismo especulan con que la ex presidenta avance contra otros altos cargos. 

En la AFIP, los sectores que avanzaron contra miembros del kirchnerismo y empresarios afines especulan con que la denuncia de la ex mandataria sea un primer paso para avanzar en contra de otros miembros relevantes del organismo durante la gestión de Macri. Así lo reflejaron esta semana miembros y ex funcionarios de la AFIP de distintos sectores políticos.

Justicia. El organismo es clave en varias causas judiciales contra la vicepresidenta y otros actores del kirchnerismo. Sus abogados deben sostener las acusaciones contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y del ex titular de la propia AFIP Ricardo Echegaray en el juicio de Oil Combustibles.

Además, sostiene la acusación contra Lázaro Báez y el resto de los imputados en el juicio oral y público por la “ruta del dinero K”. El miércoles, el abogado del fisco solicitó penas para todos los acusados.

Para la AFIP el caso de Báez tiene un peso menor en la interna del organismo. Si bien la gestión macrista instruyó que el fisco sea querellante en el juicio, se considera un actor más. En cambio, el caso de Cristóbal López se basa en una denuncia de la AFIP y durante la gestión de Alberto Abad la causa fue una cuestión de Estado.

En 2018, el entonces jefe de la DGI, Horacio Castagnola, había formado un reducido grupo de investigación con funcionarios de su confianza que se dedicó a asistir al juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública. Ninguno de los integrantes pudo sostener su cargo en la nueva gestión, confirmaron muy cerca de ellos.

En el organismo sostienen que se trataba de un grupo “informal” y que nadie dio orden de “desarmarlo”. Lo cierto es que la nueva Directora General Impositiva es en el organismo una figura directamente relacionada con la vicepresidenta. Virginia García es la ex cuñada de Máximo Kirchner y fue una senadora muy cercana a CFK.

En el caso de los cuadernos, el grupo de Castagnola tiene una carta a su favor. También investigó a Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Macri. En 2018, una presentación de la DGI ayudó a acusar al empresario en el caso del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento por presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas en el marco del caso Odebrecht, una acusación que Calcaterra niega. Castagnola dejó su cargo tras la presentación judicial.

El futuro del juicio Oil depende de los funcionarios de carrera que ahora quedaron afuera

Los responsables de llevar adelante la denuncia contra Oil Combustibles también quedaron desplazados en su mayoría por Virginia García. “Hicieron las cosas mal”, sostienen en la nueva conducción.

El futuro del juicio contra Cristóbal pesa sobre las espaldas de estos funcionarios de carrera. Deben declarar como testigos en los tribunales para sostener y explicar el eje central de la acusación contra el empresario vinculado al kirchnerismo.

Estos testigos claves aún no tienen fecha asignada, confirmaron en el tribunal, pero se los espera con ansias: serán centrales en el futuro del caso. Toda la denuncia se sostiene en información de la AFIP. También el futuro de las empresas de López.

“¿Cuánto le costará a la AFIP si pierden el juicio y Cristóbal reclama daños y perjuicios?”, se preguntan en el organismo. Por ahora, en el entorno de López van “paso a paso” y solo piensan en lograr su absolución.

Un gran gabinete paralelo

La AFIP es una especie de gran gabinete con unos 22 mil empleados y empleadas, de acuerdo a la información oficial. Tiene una jefa, Marcó del Pont, que responde al presidente Alberto Fernández y supo tener buen diálogo con Cristina Kirchner.

A su vez, la AFIP está dividida en tres grandes “ministerios” con vida propia, en los que los Fernández dividieron el poder, de acuerdo a los “históricos” del organismo.

El organismo no solo es el responsable de la recaudación de impuestos. También maneja la base de datos personales y empresariales más grande del país.

En la Dirección General de Seguridad Social (DGSS) se nombró a Carlos Castagneto, ex diputado kirchnerista; en la sensible Dirección General de Aduanas (DGA) asumió Silvia Traverso, quien viene de trabajar con Marcó del Pont; y en la Dirección General Impositiva (DGI), el corazón de la AFIP, asumió Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.

García es identificada con el “kirchnerismo duro”. Marcó del Pont y García “se están conociendo”, explicaron en el Ejecutivo, dejando entrever la distancia que las separa.