Cuando la tarea de juntar los 16 votos propios para sacar adelante el pliego para licitar la limpieza de la ciudad de Córdoba se le había complicado más de la cuenta a Juntos por Córdoba (JPC) en el Concejo, el bloque opositor Frente Federal de Acción Solidaria (FFAS) le permitió sacar ese barco a flote la semana pasada. Resultó 17 a 13 a favor del oficialismo.

Y no se trató de la primera ni la única vez que el dúo Marcelo Pascual-Eugenia Terre (de ellos se trata) le da una mano decisiva a la gestión de Ramón Mestre.

Su participación fue relevante también para destrabar la recordada votación de fines de marzo de 2016, cuando el Ejecutivo necesitaba el apoyo de una mayoría agravada (21 votos) para aprobar la toma de un crédito internacional por 150 millones de dólares.

En aquel momento, se plegaron al oficialismo cuatro de los cinco ediles de Unión por Córdoba (UPC), ya que Esteban Dómina se mantuvo al margen.

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Esa movida de parte del peronismo se leyó como un eslabón de una sintonía fina entre municipio y Provincia, que también se tradujo, a la recíproca, en acompañamientos de JPC al Gobierno en la Unicameral.

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Pero lo de Pascual y Terre sorprendió más, a tal punto que precipitó su casi inmediata ruptura con el bloque de ADN, por el cual ambos habían llegado a la banca.

En noviembre pasado, Pascual registró otro paso que conjugó interés propio y –también– necesidades de coyuntura del oficialismo. Fue cuando promovió la derogación de la ordenanza del Banco de Inmuebles, que Mestre había heredado de la gestión de Daniel Giacomino. Pascual y el oficialismo coincidieron en que la misma era inaplicable y que debía reformularse por completo, como después efectivamente se hizo.

Y el tercer gesto prooficialista del bloque del FFAS se consumó –como quedó dicho– el pasado viernes 7, cuando esas dos voluntades le permitieron a JPC compensar la ausencia de un edil propio y pasar el piso de 16 votos requeridos para aprobar el pliego de la basura.

Ese día, Pascual explicó su apoyo –en primera lectura, había votado en contra– por la incorporación de un marco regulatorio, la fijación de una política tendiente a la reducción de la basura y la fijación de la obligación de tener un pliego listo para licitar 18 meses antes de que termine la próxima concesión.

La posibilidad de sumar a Pascual-Terre le da al oficialismo municipal una válvula de escape para sortear las crecientes complicaciones internas que existen en su bloque, donde muchos pretenden tener algo de juego propio, y no siempre a tono con las urgencias del Ejecutivo. Con distinta intensidad, las dudas internas abarcaron a seis ediles.

Laura Sesma. En octubre pasado, se abrió de JPC y generó su propio bloque. Practica un oficialismo crítico. Forzó la inclusión de un marco regulatorio.

Juan Negri (UCR-Morena), Abelardo Losano (PRO). Plantearon una decena de modificaciones. Como fueron atendidas, terminaron votando a favor. Tienen aspiraciones para 2019.

Javier Lafuente, Analía Romero y Cristina Marchisio (UCR-Fuerza Renovadora). Responden al legislador Miguel Nicolás. Su indefinición –sobre todo la de Romero– puso en riesgo la sesión especial del pasado viernes. A último momento acompañaron con su voto al oficialismo.