El letrado platense Martín De Vargas ratificará su denuncia contra la exgobernadora bo­naerense, María Eugenia Vidal, el intendente local, Julio Garro, y contra otros funcionarios por el presunto delito de asociación ilícita tras conocerse el video descubierto por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el cual se ve a 15 personas planeando el armado de causas para perseguir a sindicalistas.

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, durante la filmación de las cuatro cámaras colocadas por agentes de la AFI. El mismo agregó que el entonces funcionario a esas palabras “las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en una sede del Banco Provincia”.

El profesional tomó esa declaración, y otras que se escuchan en el video, para afirmar que durante la gestión de la gobernadora hubo un “modus operandi” destinado a armar causas, de manera ilegal, con testimonios falsos y con la colaboración de fiscales y jueces.

Modus operandi

“El mecanismo que Cambiemos tenía acordado con los empresarios y con el Poder Judicial para atacar a los sindicatos y quitarles derechos a los trabajadores estaba planificado al detalle. En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras”, había indicado De Vargas en el escrito.

La denuncia no solo será ratificada en todos sus términos, sino que será ampliada señalando hacia “más arriba” de la exmandataria provincial, según confió el letrado a diario Hoy. Para este, el armado de causas a sindicalistas consistía en “una doble estrategia: primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas -tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada- y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras clave que los funcionarios les decían que incorporen, como extorsión y amenaza”.

“Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano, en avenida 7, las recibe Diego Visilio, les indicaba el exministro de Trabajo. Una vez que la causa se abría, el juez pedía al ministro pruebas y él aportaba todas las notas. Esas operaciones estaban acordadas previamente con la pata judicial”, añadió el abogado.

Villegas aclaró: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar. Hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador del Gobierno nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”.

Persecución

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue apresado. “En esa ocasión las cámaras empresarias salieron públicamente a festejar lo sucedido. También lo celebró la exgobernadora y el expresidente Mauricio Macri. En sus declaraciones, utilizaron la misma terminología que la que se mencionó en el encuentro: Lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley, había dicho Macri”, recordó De Vargas.

Por otra parte, en las últimas horas se supo que la secretaria de la Dirección del Banco Provincia, cuando estaba a cargo de Juan Curuchet, le envió dos mails al jefe operativo a cargo del Salón de Usos Múltiples para que pusiera a su disposición la sala para los días 14, 15 y 16 de junio de 2017, por pedido del gobierno bonaerense. Es decir que la administración de Vidal pidió zona liberada para que los técnicos de AFI pusieran las cámaras y micrófonos, lo que contradice la versión de la exmandataria provincial respecto a que la grabación se realizó de manera ilegal.