La próxima semana los gremios estatales pedirán un 20 por ciento de aumento para 2010. El gobierno de Hermes Binner adelantó que no está en condiciones de dar ni siquiera un incremento del 0,1%, porque el PJ le bochó la reforma tributaria.
Estas posiciones bien definidas pronostican un inicio de año cargado de conflictos. Amsafé, el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes, adelantó que si la gestión de Binner no otorga un incremento salarial las clases no comenzarán el 1º de marzo, como está previsto por el Ministerio de Educación. Y los sindicatos de ATE y UPCN adelantaron que tomarán una postura parecida.
Para cumplir con la demanda de los gremios de un 20 por ciento de aumento para 2010 el Estado provincial necesitará 1.661 millones. Esa cifra –que corresponde a lo que se asignaría por año– se desprende del mismo presupuesto aprobado en la Legislatura provincial el 30 de diciembre pasado, cuya masa salarial en 2010 está fijada en 7.355 millones de pesos. Un incremento del 20 por ciento (1.471 millones) llevaría esa suma a 8.826, a la que se deben agregar 190 millones de transferencias a escuelas privadas. Por lo tanto, el total de erogaciones para pagar salarios alcanzaría los 9.016 millones de pesos. En 2009 los estatales obtuvieron un incremento de sueldo del 15 por ciento que representaron 1.065 millones de pesos.
En busca de fondos. Aunque la mayoría de los funcionarios provinciales y legisladores está de vacaciones, los que se quedaron a enfrentar el tórrido verano ya comenzaron a delinear algunos caminos alternativos que le garanticen al gobierno provincial contar con un mínimo de margen para sentarse frente a los gremios a discutir el ajuste salarial de 2010, con las limitaciones que impuso el presupuesto formateado por el peronismo, que dejó al Ejecutivo provincial con más de 600 millones de pesos menos de lo que se había previsto en el anexo denominado "armonización tributaria".
Cuando la Legislatura se vuelva a reunir el 18 de febrero tendrá que tratar el veto a los 12 artículos que dispuso el gobernador. Pero en el medio se abrió una grieta para imponer ingresos brutos a la industria, con una alícuota del 0,5 (actualmente este sector está exento) y a la construcción con un 1 por ciento. En el primer round de la reforma impositiva el Frente para la Victoria (FPV) –la única llave del oficialismo para avanzar en la Legislatura– había respaldado ese incremento, aunque los diputados K mantenían diferencias con el ministro de Economía, Ángel Sciara, sobre el piso de facturación para cobrar ese tributo. El gobierno pretendía que fuera para firmas que tuvieran un registro de actividad económica de más de 4 millones de pesos anuales, mientras que los kirchneristas consideraban que ese monto había que elevarlo a 60 millones.
El radicalismo fue el que reflotó la idea de eliminar las exenciones a ingresos brutos a la industria a la construcción, y planteó la necesidad de abrir una negociación con el Frente para la Victoria.
La UCR está en una posición incómoda, porque uno de los 12 vetos que decretó Binner al presupuesto sancionado en la Legislatura es el artículo que establece el reparto de un 50 y 50 por ciento del Fondo sojero entre municipios y provincia. El gobernador vetó ese punto y dejó la repartija como está vigente actualmente: 70 por ciento para el Estado provincial y 30 para los gobiernos locales. El diputado radical Darío Boscarol es uno de los impulsores de esta nueva instancia de negociación, en la que buscan canalizar las conversaciones con los legisladores K y dejar a un lado a los reutemistas liderados por Juan Carlos Mercier y Ricardo Spinozzi. En la UCR había causado cierto fastidio que los excluyeran de las tratativas por la reforma, que desde un principio encarnó el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti. "Hay que iniciar el diálogo antes de que nos sentemos en la Legislatura. No sirve confeccionar un proyecto y después mandarlo a la Cámara. Antes hay que negociar", afirmó el legislador radical.
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