En el marco de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n°3 de La Plata a los integrantes de la llamada "mesa antisindical bonaerense", este lunes debía presentarse a indagatoria el senador Juan Pablo Allan.

Sin embargo, hace una semana el Senado bonaerense postergó la sesión en la que debía tratar el desafuero del legislador, tras el pedido del juez.

El senador de Juntos por el Cambio está acusado de integrar una asociación ilícita encargada de armar causas, de manera ilegal, a sindicalistas. Entre los acusados, además, están: el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi; el intendente local, Julio Garro, etc. 

A mediados de febrero, el magistrado llamó a declaración indagatoria a todos los participantes de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de la AFI macrista hablaban del armado de causas. En esa resolución, el juez pidió al Senado bonaerense que disponga el desafuero del senador Allan para que pueda declarar.

El Frente de Todos en el Senado bonaerense podría avanzar, esta semana, con un intento para aprobar el desafuero de Allan.

Según trascendió, hay un acuerdo en la Cámara Alta para bajar el proyecto al recinto. El bloque Juntos aceptaría dar el quórum para sesionar, el Frente de Todos pondrá en votación el proyecto, aunque no contaría con los votos necesarios para quitarle los fueros.

Qué son los fueros?

Se trata de una protección garantizada en el artículo 69 de la Constitución Nacional. Allí se establece que los senadores y diputados no pueden ser arrestados desde el momento en el que son electos hasta el final de su mandato. Este fragmento de la Carta Magna fue reglamentado en la llamada Ley de Fueros (n° 25.320), que fue aproba­da en septiembre de 2000 tras el escándalo por el presunto pago de sobornos en el Senado durante el debate por la Reforma Laboral. La norma establece, además, que a los funcionarios con fueros no se les puede allanar el domicilio ni interceptar su correspondencia o conversaciones telefónicas.

Sin embargo, la investigación penal sigue su curso. Los jueces pueden ordenar medidas de prueba, citar a indagatoria, procesar y hasta condenar a un legislador con fueros. Lo que no se puede es ordenar una medida privativa de la libertad, allanamientos o interceptar correos y teléfonos. Para esto, es necesario el desafuero, lo cual debe votar el Congreso.

El artículo 70 de la Constitución establece que “cada Cámara, con dos tercios de los votos”, podrá “suspender en funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

No obstante, la ley n° 25.320 pone en igualdad de condiciones a los legisladores con fueros y los funcionarios susceptibles de juicio político, como son el presidente, el vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros. Es por eso que el presidente de la Nación también tiene inmunidad de arresto, y por eso no puede ser detenido.

La norma impone que el pedido debe ser remitido inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que corresponda (en este caso el Senado de la provincia de Buenos Aires), la cual debe emitir un dictamen en un plazo de 60 días. Sin importar el tiempo que demore la comisión, el pleno de la Cámara tiene un plazo de 180 días para expedirse sobre el caso.

En la provincia de Buenos Aires

Según la normativa provincial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los legisladores provinciales gozan de inmunidad de arresto mientras dure su mandato, al igual que ocurre con los diputados y senadores nacionales.

Las inmunidades del gobernador y el vicegobernador están reguladas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En su artículo 143 establece que, “una vez aceptado el cargo, el gobernador y vicegobernador electos gozarán de las mismas inmunidades personales de los senadores y diputados”.

La misma Constitución establece, con respecto a senadores y diputados provinciales, que “gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen”.

Esto equipara la legislación provincial respecto de la nacional. Sin embargo, a diferencia de la Constitución provincial, la máxima norma a nivel nacional no establece la inmunidad de arresto para el presidente. Solo lo establece para los legisladores.

Historia de expulsiones y desafueros en el Congreso de la Nación

Desde el siglo XIX se registran casos de diputados desplazados de su banca acusados de cometer delitos. Aunque uno de los pocos casos en que se hizo a pedido de un juez fue el del senador radical Eduardo Angeloz, que nunca fue detenido y volvió a su banca tras quedar sobreseído.

Al legislador y exgobernador cordobés le quitaron los fueros en 1996 para ser juzgado en la causa conocida como la del Banco Social, pero al no encontrarlo la Justicia responsable de lo que se lo acusaba, volvió a representar a su provincia desde la banca al año siguiente.

En el año 2000, el Congreso sanciona la Ley de Fueros, como consecuencia del escándalo de las presuntas coimas por la llamada “Ley Banelco” en el Senado. Para que el juez pudiera investigar a los 11 senadores involucrados sin tener que proceder al desafuero, la norma interpretó que los legisladores gozan de “inmunidad de arresto”, pero no de “proceso”. Desde entonces se los puede juzgar con la única limitación del allanamiento de domicilio y de la detención, para lo que debe procederse a solicitar autorización a la Cámara respectiva.

Bajo la nueva norma, la diputada del peronismo mendocino Norma Godoy estuvo a punto de quedar desaforada en 2002 por amenazas de muerte contra un productor televisivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, al mando de Juan Manuel Urtubey –ahora gobernador de Salta–, aprobó el dictamen por amplia mayoría. Pero la legisladora renunció antes de que se aprobara en el recinto.

Un caso singular es el del exsubcomisario Luis Patti. En 2005 fue electo diputado por el partido que había creado, pero tras un arduo debate los integrantes de la Cámara le impidieron asumir por las acusaciones de delitos de lesa humanidad que pesaban sobre su actuación en la última dictadura militar. Sin embargo, tres años más tarde se votó su de­safuero, a pedido del juez Alfredo Suárez Araujo, quien entendía que no podía proceder al arresto del acusado de esos graves cargos porque mantenía la inmunidad aun sin haber asumido nunca.

Clave en la mesa antisindical bonaerense

Juan Pablo Allan no solamente fue uno de los participantes de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, sino que también registra varios encuentros con el extitular de la cartera laboral de PBA, Marcelo Villegas, según supo diario Hoy.

En lo que se vincula a estos cónclaves con el exfuncionario bonaerense, según la información a la que accedió este multimedio, Allan se encuentra con Villegas el día anterior a la reunión en el Bapro. Mientras que en la semana siguiente figura agendada otra reunión entre ambos; y en julio volvió a ocurrir lo mismo.

Entre octubre y noviembre del 2017, el senador provincial y el exministro se habrían vuelto a ver las caras en cuatro ocasiones, de las que participaron también otras personas.

Además, según le precisaron a este diario fuentes con acceso al expediente, Allan registra llamadas con el intendente Julio Garro, el exviceministro de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; y Villegas.

Asimismo, cuando se presentó el requerimiento para que se llame al senador provincial a indagatoria, se especificó: “Aparece en una imagen fotográfica, que aportamos en su momento, con el empresario Gustavo Tejada Ibañez, tomada en el marco de la campaña legislativa”, señalaron que “tiene múltiples llamadas entrantes y salientes con Grassi, Villegas y Garro”, y consideraron: “Es evidentemente parte esencial de la coordinación del plan”.

“Antes y después de la reunión, estuvo en casi todos los encuentros del ministro Villegas sobre Uocra La Plata”, se afirmó en el requerimiento presentado por César Albarracín en representación de Juan Pablo “Pata” Medina.

Por otro lado, según registros, el 4 de mayo de 2017, Julio Conte Grand llamó a Vidal. Aquel día, Villegas se reunió con Mauricio Macri y el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, en Casa Rosada. Esa misma jornada, el procurador bonaerense llamó de vuelta a la entonces gobernadora.

El día siguiente se realizó un encuentro entre los entonces ministros de PBA a fin de abordar el tema “Uocra La Plata” y uno de los participantes de ese evento fue el senador Allan. Una semana después, el 12 de mayo, se presentó la primera denuncia anónima contra Medina en la Justicia provincial.

En tanto, en el marco de las indagatorias, la semana pasada, Grassi se presentó en los Juzgados Federales de La Plata y allí se negó a responder preguntas. Sin embargo, en un escrito que entregó, admitió los llamados que hizo con Allan.