También se lo acusa de haber organizado una segunda maniobra, cuando esas tareas irregulares de inteligencia fueron detectadas, para darles apariencia de legalidad a través de una causa judicial que estaba vinculada con seguridad de la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la juventud. Ruiz fue un hombre de confianza de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y está imputado como quien daba las órdenes para todos esos operativos. Será indagado este lunes

La detención de Ruiz, que también había sido agente de la Policía porteña antes de trabajar con Bullrich, fue ordenada por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación. De concretarla se ocupó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El ex agente se convirtió así en el primer detenido vinculado a las múltiples maniobras de espionaje que están saliendo a la luz y que, todo indicaría que fueron un sello de la gestión de Gustavo Arribas al frente de ese organismo.

Esta causa en particular se abrió por una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que en su desembarco en la central de espías detectó documentación y material que daba cuenta que desde el organismo de Inteligencia habían existido tareas de espionaje ilegal que se habían intentado blanquear, con posterioridad, a través de una suerte de engaño al otro juez de Lomas de Zamora, Federico Villena –que en este caso se excusó— insertando datos falsos en una causa que él tramitaba, vinculada con los eventos internacionales de aquel año (G-20 y Juegos Olímpicos).

Ruiz se tenía que haber presentado el viernes último en la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia pero faltó, alegando que había tenido una intervención quirúrgica. No le creyeron mucho y le exigieron que presentara un certificado. Pero ese mismo día declararon ante los fiscales de Lomas de Zamora tres testigos de identidad reservada de la AFI, que confirmaron todos los hechos que ya se sospechaban en función de prueba documental acumulada y de declaraciones del testigo del Instituto Patria. Para Incardona y Eyherabide ya está probado que el área de Contrainteligencia de la AFI, que estaba a cargo de Ruiz, se dedicó a producir inteligencia de manera ilegal durante todo el mes previo al 7 de agosto de 2018 y a almacenar datos sobre CFK y el Instituto Patria pro el sólo hecho de su pertenencia partidaria. El artículo 4, inciso 2 de la Ley de Inteligencia prohíbe expresamente a los organismos e inteligencia “obtener información, producir inteligencia, o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenecía a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Según allegados a la causa, Ruiz les había ordenado a un grupo de agentes vigilar el edificio del Instituto Patria y aquel donde vivía la vicepresidenta en Recoleta para obtener información sobre sus movimientos y en particular determinar si salían o entraban de allí bolsos, mochilas o cajas que pudieran llevar documentación o dinero. Los vehículos utilizados para eso están identificados y fueron un Volkswagen Voyage patente NNV 682 y un Renault Megane patente FSE 103. Por lo general había dos agentes a bordo que a diario le pasaban sus reportes a Ruiz. En la cuadra de la vivienda de la ex presidenta se sospecha que se colocó una cámara y que habría existido un intento de colocar otra en el departamento, lo que al parecer no se logró.

La historia de la causa

La primera denuncia sobre este espionaje fue hecha cuando integrantes del Instituto Patria advirtieron, el 7 de agosto de 2018, que en la cuadra de la entidad había un auto sospechoso. Cuando la policía fue a pedirles identificación resultó que eran agentes de la AFI. Por entonces el actual diputado Oscar Parrilli hizo una presentación en Comodoro Py. El tema lo planteó en el Congreso también Anabel Fernández Sagasti, y fue entregada la versión taquigráfica. 

La causa quedó a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Lo que se descubrió ahora es que a raíz de toda esa situación, se intentó dar aspecto de legalidad al espionaje que se había hecho sin orden judicial y violando la ley insertando información trucha en un expediente que tramitaba Villena por la seguridad y posibles ataques terroristas en el contexto del G-20 y los Juegos Olímpicos. Era un expediente iniciado por la propia AI. Era absurdo lo que se planteaba sobre Cristina Fernández de Kirchner: que un agente había escuchado en una plaza en Avellaneda que militantes anarquistas podían llegar a atentar contra ella. Por ese alerta, Villena autorizó las tareas de inteligencia a partir de entonces. La hipótesis es que fue engañado en su buena fe y será testigo.

Martínez de Giorgi aceptó la documentación que presentó Arribas alegando que las acciones de inteligencia eran legales y que estaban amparadas por una orden de Villena. El juez de Comodoro Py se limitó a investigar lo sucedido los días 7 y 8 de agosto, pero no el período anterior, y terminó aceptando la validez de lo aportado por los ex jefes de la AFI, “el señor 5” y la “señora 8”, y los sobreseyó sin llamarlos a indagatoria. Los agentes declararon que Ruiz solía decir que las órdenes él las recibía de la conducción de la Agencia. Ahora Arribas vuelve a ser investigados por toda la maniobra detectada con anterioridad a esa fecha. Allegados a la causa aseguran que difícilmente la responsabilidad se corte en Ruiz.