La diputada nacional del FPV Verónica Mercado fue la única legisladora catamarqueña que votó en contra la derogación de la Ley Cerrojo y Pago Soberano. Durante su alocución ante el parlamento, justificó su voto en su preocupación “por la presión que hacen a las provincias” para votar a favor de los fondos buitre “bajo amenazas de recesión, desfinanciamiento y paralización de obras”.

En casi 10 minutos que duró su exposición, la legisladora aseguró “no desconocer” las “necesidades de Catamarca, de los municipios”. “Pero no ignoro la dramática presión que se ha ejercido sobre ellas en general y seré firme al señalar que mi mayor acción de coherencia en la defensa de sus intereses es oponiéndome precisamente a la entrega de la soberanía del país en manos de usureros”, afirmó.

Y en ese sentido, defendió el modelo kirchnerista, mediante el cual “luchamos y defenderemos categóricamente sus expectativas y posibilidades de crecer y desarrollarse con sus recursos, con su coparticipación, que no es una dádiva generosa, sino sus derechos”, denunció. Y agregó que lo van hacer sin claudicaciones y sin sometimiento “al chantaje” de mayor ajuste y de hiperinflación.

Mercado también se preguntó cuál es la urgencia de negociar “en las condiciones en las que estamos negociando” y por qué motivo se corre el riesgo de que el 93 por ciento de los tenedores, con los cuales ya se cerró un acuerdo de cancelación, pueda exigir al país las mismas condiciones que “hoy concediendo a quienes no tuvieron en ninguna de las dos reestructuraciones anteriores la voluntad de acordar con nuestro país”.

La legisladora pidió que se brinde al país las garantías de que el resto de los bonistas, con quienes ya se reestructuró la deuda, no tengan motivos para presentarse ante cualquier tribunal del mundo para reclamar más deudas.

“Estas garantías no están dadas hoy por el gobierno nacional. Esto se refleja en las declaraciones hechas en el debate de comisiones, en el que ante la presencia del ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, respondió que le costaba imaginar que podían proceder con éxito al reclamo de otros bonistas. No queremos garantías en el plano de la imaginación de ningún ministro, sino garantías reales, concretas, de que no existe riesgo”, sentenció.